El Congreso aprueba una ley pionera que protege a la infancia frente a la violencia
La norma, que ha salido adelante con los únicos votos en contra de Vox y el PNV, amplía el plazo de prescripción de la pederastia e incorpora un amplio conjunto de medidas de prevención
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Es un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los derechos de los niños y que ha salido adelante rebasando, por mucho, la mayoría absoluta que necesitaba. No es habitual en estos tiempos que corren un apoyo tan importante, pero los grupos han echado a un lado los colores políticos y la norma ha cosechado 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. Solo Vox y el PNV, este último por motivos competenciales, mostraron su rechazo. Las abstenciones son de EH-Bildu, JuntsxCat, PDeCAT y Navarra Suma. Queda ahora su paso por el Senado, donde probablemente se presentarán nuevas enmiendas, pero como el trámite es de urgencia, la ley puede estar publicada en el Boletín Oficial del Estado ya en junio.
La violencia contra la infancia es una realidad silenciada. El sistema de recogida de datos es muy deficiente. En 2019, se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad, según datos del Ministerio del Interior que tomó como base denuncias y actuaciones policiales. Cerca de la mitad del total de los delitos cometidos contra la libertad sexual tuvieron como víctimas a un niño o un adolescente. Pero estos son solo la punta del iceberg. Muchos casos ni siquiera llegan a denunciarse.
La norma pretende ser un cambio de paradigma, como en su día lo fue la ley de violencia de género. Tiene como fin garantizar los derechos de los niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, que el texto aborda de forma exhaustiva (desde el castigo físico a la violencia sexual o el ciberacoso), y recoge medidas para la sensibilización, detección, protección y reparación de las víctimas. Tiene el objetivo de acabar con la impunidad de los delitos graves contra menores, entre ellos la pederastia, al ampliar los plazos de prescripción: el tiempo del que dispondrá la víctima para denunciar comenzará a contarse cuando cumpla 35 años, frente a los 18 actuales. Esto quiere decir que los delitos no caducarán hasta que tenga al menos 40 años, y los casos más graves podrán denunciarse hasta los 55. Esta enmienda fue añadida este mismo miércoles in extremis y es la única que ha salido este jueves adelante en el pleno de todas las que se han votado.
Además, se instauran medidas para evitar la victimización secundaria, que se produce cuando, durante el proceso judicial, la víctima recibe una atención deficiente que le hace revivir su trauma; se refuerza el derecho de los niños a ser informados y escuchados; se da un mandato al Gobierno para que cree juzgados especializados, y pone el foco en la prevención, con un despliegue de iniciativas, desde formación a profesionales que trabajen con niños al establecimiento de protocolos en los colegios, centros deportivos y de menores.
No es común que todos los grupos que suban a la tribuna, con el punto discrepante de Vox, elogien el espíritu de una norma. Se presentaron 576 enmiendas, de las cuales más de 200 fueron incorporadas, y más de 70 fueron transaccionadas entre los distintos grupos. Es una ley que marca un antes y un después, señalaron los dos partidos del Gobierno. “Podemos convertirnos en referencia mundial”, ha afirmado la ponente de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. “Queremos que crezcáis sin violencia y viváis sin miedo”, ha dicho la portavoz socialista de derechos sociales, Sonia Guerra.
Pese al gran consenso en torno a la norma, han salido a relucir diferencias en el seno del Ejecutivo de coalición. La formación morada ha reclamado al PSOE su voto a favor de la prohibición de la entrada de menores a espectáculos taurinos y a una enmienda en la que se propone aumentar las garantías de los menores ante desahucios, al obligar a que el juez realice un juicio de proporcionalidad antes de autorizar la expulsión de la vivienda. Las dos han sido rechazadas. Fuentes parlamentarias socialistas argumentan, respecto al primer punto, que las competencias son autonómicas, y respecto al segundo, que es un asunto que ya se está negociando en la futura ley de vivienda.
“Nada de lo que os ha pasado es culpa vuestra”
Las organizaciones de infancia llevan años reclamando esta ley. El Comité de Derechos del Niño recomendó a España en 2010 que aprobara una norma que protegiera de forma integral a la infancia, y en 2017 todos los partidos votaron una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a legislar de forma urgente. Esa urgencia ha tardado cuatro años en hacerse realidad. En palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos), la norma “ha tenido un altísimo consenso, pero una baja intensidad”. Ha puesto ejemplos de casos reales de menores víctimas de violencia y su desprotección, y ha criticado que “la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces” al encubrir violencia sexual contra los niños, algo que “tiene que terminar”. Belarra también se ha dirigido directamente a los niños: “Si alguien trata de haceros sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis atentamente mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”.
Durante su intervención, la ministra ha agradecido su labor al pianista James Rhodes, quien sufrió abusos en la infancia y ha sido una de las caras más visibles en la campaña de las organizaciones de infancia por la aprobación de esta norma que también se conoce por su nombre, Ley Rhodes. Belarra lo ha definido como una “pieza clave, un motor fundamental para que España esté aprobando esta ley”. “Gracias James por tu valentía, por tu testimonio, por haber convertido tu dolor en cambios que van a proteger a otros niños y niñas de lo que tú viviste”, le ha dicho.
Los trabajos de preparación de esta ley comenzaron con el Gobierno del PP, la exministra socialista María Luisa Carcedo dejó el texto muy avanzado y fue la primera iniciativa legislativa que Pablo Iglesias llevó a Consejo de Ministros cuando era el titular de la cartera de Derechos Sociales, el pasado junio. Durante el trámite parlamentario, según han reconocido la mayoría de los grupos, la norma ha absorbido mejoras sustanciales, como el refuerzo de la protección de los menores que viven situaciones de violencia de género o la prohibición del síndrome de alienación parental, que carece de aval científico, pero se ha utilizado por peritos, abogados y trabajadores sociales para describir la manipulación de un progenitor, normalmente la madre, sobre sus hijos para que rechacen al otro progenitor.
Alicia García, portavoz de derechos sociales del Grupo Popular, ha reconocido que la ley “llega tarde” y que echa en falta un “enfoque de discapacidad” y “más receptividad por parte del Gobierno”. Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, ha recalcado el consenso en torno a esta norma. “El trabajo parlamentario exige voluntad de acuerdo y llegar a mejoras”, ha dicho, “no se nos debe olvidar para qué nos pagan, para qué estamos aquí”. Ha exigido recursos para poder desplegar la ley.
Invasión de competencias
El principal punto de fricción ha llegado por el asunto competencial. En palabras de Iñigo Barandiaran, del PNV, la norma contempla “una invasión competencial que no tiene justificación”, lo que ha llevado a su grupo a votar en contra; Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) ha dicho que su grupo se ha abstenido con un “sentimiento amargo”. El PDeCAT también se ha abstenido por este motivo. Aizpurua ha considerado que la ley debe incluir el reconocimiento de la “violencia institucional”, y debe suprimirse la condición de agente de autoridad que se otorga a los funcionarios de servicios sociales, algo que según ha explicado puede aumentar la situación de poder de la Administración ante las familias en procesos de retiradas de tutela. ERC, que ha votado a favor, coincide en ambos aspectos. Pero todos ellos han respaldado los parámetros que defiende la ley.
La voz discordante la ha dado Vox. “Mujer, nieta, hija, hermana, amiga, periodista, compañera, diputada. Principalmente soy madre”, ha empezado diciendo Teresa López. “Quieren limpiar sus conciencias”, ha acusado la diputada del partido ultraderechista. Y ha deslizado: “Paradojas progresistas. Proteger a la infancia no es promover el aborto. Eso es violencia”. López considera que las familias no necesitan acompañamiento: “¿Es parentalidad positiva que los padres no puedan elegir que sus hijos puedan recibir, a cualquier edad, en cualquier escuela, educación afectivo sexual?”, se ha preguntado. “Es una ley creada para educaros a imagen de lo que ustedes representan, la destrucción de la familia, de la vida y de España”, ha concluido su intervención.
Recursos para desarrollar "una ley necesaria"
Las organizaciones y expertos en infancia celebran que la meta marcada hace más de una década esté ya tan cerca. “Es una ley necesaria y pionera a nivel europeo y mundial, por su aspecto integral. En Noruega pusieron en marcha una estrategia, con varios ministerios implicados, pero no hay legislación de estas características. Es multidisciplinar y tiene un carácter especialmente preventivo, para evitar que se produzca la violencia, y no tanto punitivo”, valora Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que aglutina a 73 entidades. Considera no obstante que aún hay cambios de mejora en su recorrido en el Senado, como también ha opinado Save the Children, en ámbitos como los centros de protección a menores o la extensión de la prueba preconstituida, no solo para menores de 14 años. Noemí Pereda, profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona, añade: “Está muy bien como punto de partida. Pero lo que necesitamos ahora es que haya dotación presupuestaria para poner en marcha todo lo que la ley dicta como lo que sería ideal. Y un plan plurianual para desarrollar las medidas necesarias: hay que ver cuándo, cómo y sobre todo con qué recursos se van a llevar a cabo”.
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