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La Iglesia francesa reconoce su “ceguera y sordera” ante la pederastia y anuncia ayudas para las víctimas

La Conferencia Episcopal acepta su “responsabilidad pasada, presente y futura” y anuncia medidas, como la creación de un tribunal penal canónico. Se calcula que puede haber más de 10.000 casos

El presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric de Moulins-Beaufort (derecha), y los vicepresidentes, Dominique Blanchet (izquierda) y Olivier Leborgne.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric de Moulins-Beaufort (derecha), y los vicepresidentes, Dominique Blanchet (izquierda) y Olivier Leborgne.GEORGES GOBET (AFP)
Silvia Ayuso

La Conferencia Episcopal de Francia (CEF) ha lamentado este viernes la “ceguera y sordera” colectivas ante la pederastia en su seno y ha reconocido públicamente su “responsabilidad pasada, presente y futura” por los abusos de menores en el seno de la Iglesia católica nacional, que según una comisión independiente podría haber causado más de 10.000 víctimas. Los máximos responsables religiosos galos han prometido enmendarse con una serie de medidas que incluyen ayudas financieras para el “acompañamiento” de las víctimas y un día nacional en su memoria, así como la creación de un tribunal penal canónico nacional.

La Iglesia “quiere asumir su responsabilidad ante la sociedad y pedir perdón por esos crímenes y por esos fallos”, aseguraron los máximos responsables de la Conferencia Episcopal Francesa al término de una asamblea plenaria en Lourdes. La pederastia ocupó buena parte de la reunión primaveral de los obispos, conscientes de que el informe que la comisión independiente creada hace dos años presentará a finales del verano amenaza con provocar un terremoto en una sociedad cada vez más intransigente con los abusos sexuales contra menores.

Las conclusiones de los obispos son demoledoras. “Las autoridades eclesiásticas no supieron ver ni escuchar y a veces no quisieron ver ni escuchar (…). Reconocemos esta ceguera y sordera de los obispos y de otros responsables eclesiásticos”, señala la primera y principal de las 11 resoluciones adoptadas, que gira en torno a la responsabilidad de la Iglesia.

“Reconocemos que omitieron denunciar, que evadieron la justicia, ante hechos de los que tuvieron conocimiento y que faltó rigor en la gestión de archivos por parte de algunos responsables. Por ejemplo, en el nombramiento de curas, subestimaron el peligro de reincidencia y hubo una falta grave de vigilancia”, resume el texto, que destaca el “deber moral de reconocer la situación y usar todos los medios posibles para que se conozca la verdad”.

Para ello, los obispos han presentado este viernes una serie de medidas, que implementarán progresivamente hasta 2022.

De cara a las víctimas, la Iglesia francesa les propondrá una “ayuda financiera” basada en las necesidades de cada una de ellas para contribuir a que superen los abusos. El fondo será dotado inicialmente con cinco millones de euros y será una comisión independiente la que los adjudique a partir del año que viene. Ante críticas pasadas y presentes sobre el intento de la Iglesia de guardarse las espaldas ante posibles demandas, el presidente de la CEF, Éric Moulins-Beaufort, subrayó que “no se trata ni de una indemnización ni de una reparación”.

También crearán un “equipo nacional de escucha” de víctimas. De forma más simbólica, han decidido “consagrar un día de memoria y oración por las víctimas”, que ha sido fijado el tercer viernes de cuaresma —el año que viene será el 12 de marzo— y se creará un “memorial” que sirva tanto para “guardar viva la memoria de los hechos y la manera en que las personas agredidas vivieron esa prueba”, como también un “lugar pedagógico para formar a las generaciones futuras en la vigilancia sobre posibles derivas del poder espiritual”. La idea inicial es erigir este memorial en Lourdes.

Mejorar la formación

En materia de prevención y respuesta ante los abusos, la Iglesia también se compromete a mejorar la formación interna, tanto para detectar y escuchar a posibles víctimas como para evitar nuevos abusos, así como para actuar contra los religiosos pederastas. En este sentido, los obispos han decidido crear un “tribunal penal canónico interdiocesano”. El objetivo es “disponer de los medios necesarios para actuar con la diligencia que ha faltado a menudo en estos casos”, explicó el vicepresidente del órgano, Olivier Leborgne.

Finalmente, los obispos se disponen a enviar una carta a los católicos de Francia en la que reconocen las faltas y errores cometidos y llaman “a la vigilancia, a la ayuda financiera a las víctimas y a la oración”.

“Hemos descubierto que nuestra Iglesia transportaba el mal en lo que podía parecer su actividad más positiva, su obra educativa, su servicio a favor del crecimiento espiritual de niños y jóvenes”, dijo Moulins-Beaufort al cerrar la reunión. Los testimonios públicos de las víctimas, agregó, “nos han hecho darnos cuenta de que esos dramas no eran casos aislados que puedan atribuirse a fatalidades de la historia, si es que eso fuera un razonamiento cristianamente sostenible, sino que eran mucho más destructivos de lo que creíamos o quisimos creer”.

A finales de 2018, y acosada por los casos de religiosos a punto de ser juzgados por pederastia y por no haber denunciado abusos de los que tenían conocimiento —como el otrora todopoderoso arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin—, la Conferencia Episcopal Francesa acordó crear un organismo independiente que investigara posibles casos de pederastia desde 1950 y “las razones que favorecieron la manera en que fueron tratados esos asuntos”, para que no se vuelvan a repetir. El resultado fue la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE), un organismo compuesto por dos decenas de expertos —teólogos, juristas, sociólogos y psicólogos— que durante algo más de un año han recopilado testimonios de víctimas. Según adelantó su presidente, Jean-Marc Sauvé, a comienzos de mes, se han confirmado 3.000 víctimas, pero “es muy posible que lleguen a ser al menos 10.000”.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

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