Granujas sin frontera: vacunas y listos

De norte a sur y de este a oeste. La organización con ánimo de lucro que aglutina a la legión de jetas que han decidido inocularse la vacuna anti covid, obviando fases y protocolos sanitarios, se extiende por todo el Reino de España. Estos granujas sin fronteras, amparados bajo las siglas de casi todo el arco político patrio, ejercen responsabilidades públicas en la Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Ceuta… Son alcaldes, concejales y consejeros autonómicos del PSOE, PP, PNV, JxCat. No son los únicos que, en una muestra insuperable de insolidaridad, egoísmo y, sobre todo, estulticia, se han comportado como las ratas que abandonan la nave cuando su instinto les alerta del inminente naufragio. Familiares de los susodichos, funcionarios de distinto pelaje, profesionales de variadas procedencias, personal sanitario jubilado y, ¡vete a saber cuántos más y con qué filiación!, han pensado que su vida es más valiosa y sienten ser acreedores de proteger su salud más que el resto de los españoles, incluidos los médicos y enfermeras que les atenderán si caen enfermos o que aquellos de sus compatriotas más vulnerables por edad, por padecer patologías crónicas o por estar sometidos a tratamientos activos que degradan sus sistemas inmunológicos. En la Comunidad Valenciana, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, se estima que son casi doscientos los políticos y asimilados a los que se ha inoculado la primera dosis de la vacuna sin acreditar ni cumplir con los requisitos exigidos en estas primeras fases de la campaña de vacunación nacional.

Haber vivido casi un siglo de vida y sufrido las consecuencias de una guerra civil, una guerra mundial, una dictadura y varias crisis económicas, autoriza a mi padre a decir, con pesar y escepticismo, que así, con paisanaje de esta catadura moral, “España no va a ningún lado”. Suscribo su diagnóstico, repetido por él hasta la saciedad estos meses, al ritmo que mi progenitor se informa sobre la aparición de nuevos brotes, las cifras de positivos y fallecidos, y el incumplimiento de las más básicas recomendaciones para evitar el contagio.

Lo peor, con todo, no es que vayan de pillos, de listos por la vida, aquellos que debieran dar ejemplo cívico en el más crítico instante de nuestra historia reciente. Lo más execrable son las autojustificaciones tras la pillada. El no admitir el error, disculparse y hacer mutis por el foro con la cara roja y las orejas gachas. Lo inaudito y estomagante es ese reivindicarse en el puesto y no plantearse, como en el chiste , que “dimitir” no es un nombre ruso.

En uno de los muchos perfiles escritos sobre la nueva vicepresidenta de EE.UU, Kamala Harris, se relataba que siendo esta senadora por California asistió a la comparecencia ante la Cámara Alta del juez conservador Brett Kavanaugh, aspirante patrocinado por Donald Trump para ocupar una plaza vitalicia en el Tribunal Supremo. El magistrado había recibido una denuncia pública por agresión sexual presentada por una profesora universitaria. La entonces senadora se dirigió al juez aspirante y le dijo: “Usted sabe muy bien lo que ha hecho y estamos esperando a que nos lo diga”.

La existencia de un registro obligatorio donde se debe anotar cada dosis suministrada ha permitido que afloren los primeros casos; no serán los únicos. Como Harris, ellos saben lo que han hecho y quedamos a la espera de que lo admitan.

La respuesta de las direcciones de los partidos políticos no puede ser tibia ni ambigua con aquellos de sus representantes cuyo comportamiento en mitad de una pandemia les inhabilita para seguir ejerciendo ninguna responsabilidad pública.

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha dado la orden de que los vacunados irregularmente no puedan acceder a la segunda dosis del procedimiento inmunológico que, al fin y al cabo, es la que garantiza un elevado grado de inmunidad frente al coronavirus. La respuesta ante esta decisión no ha sido unánime; se han alzado voces cuestionando la legalidad de la misma y advirtiendo del derroche: no inocular la segunda dosis anula la eficacia de la primera, por lo que deberán ser vacunados de nuevo cuando les llegue, entonces sí, “su” momento.

La suspensión de militancia de los alcaldes y concejales decidida por el PSPV-PSOE se nos antoja un acierto -no pueden ser cesados en el cargo sino dimiten a voluntad- mucho más contundente para combatir la alarma y el cabreo social generados que la actuación del resto de partidos que se han visto afectados por similares conductas de sus cargos públicos. Esperemos que en futuras convocatorias electorales sus nombres no figuren en ninguna candidatura.

En cuanto a las llamadas “dosis sobrantes” que están en el origen de los comportamientos inadmisibles destacados, solo decir que se trata de una terrible negligencia por parte de los gestores sanitarios responsables de velar por el éxito del plan de vacunación en todos sus aspectos; incluida la adquisición de las jeringuillas adecuadas para aprovechar las seis dosis por vial de las vacunas de Pfizer y evitar los culillos excedentes. Hablar de dosis sobrantes con casi cien muertos al día, miles de positivos semanales y los servicios sanitarios asistenciales desbordados es un sacrilegio. El sacrilegio de no haber entendido que la vacuna es la única herramienta que nos salvará de la hecatombe.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Buscador de restricciones: ¿Qué puedo hacer en mi municipio?

- Así evoluciona la curva del coronavirus en el mundo

- Descárguese la aplicación de rastreo para España

- Guía de actuación ante la enfermedad