Otro juez de Santiago autoriza la vacunación contra la covid-19 de dos usuarios de residencia
La vacuna “evita el riesgo de contraer la enfermedad e incluso de morir” y “una vez alcanzada su inmunidad” los ancianos podrán verse más con sus familias, argumenta Roberto Soto después del auto dictado por un compañero hace una semana
El juez de Primera Instancia número 6 de Santiago de Compostela, Roberto Soto, especializado en Familia, acuerda en dos autos difundidos esta tarde por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizar la vacunación contra la Covid-19 de sendos usuarios de una residencia de Santiago. Se trata de una mujer cuya tutora se negaba y de un hombre incapacitado y tutelado por la Funga (Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas) que rechazó recibir las dosis que está administrando el Sergas en las residencias.
En el primero de los casos, en el que era la tutora legal de la anciana quien no autorizaba la vacunación, el juez resuelve que debe recibir las inyecciones “en el exclusivo interés de la paciente”, tal y como había solicitado la fiscalía. Soto señala que la vacuna “evita el riesgo de contraer la enfermedad e incluso de morir”. Y entre las ventajas también tiene en cuenta que “una vez alcanzada su inmunidad”, la residente podrá “disfrutar de un mayor régimen de estancias” y “comunicación con sus familiares y allegados”. Así, concluye el magistrado de primera instancia, se paliará “la grave y continuada separación del entorno más inmediato que padecen nuestros mayores residentes desde marzo de 2020″. Algo que, a su juicio, trae como consecuencia un “presumible menoscabo de su bienestar emocional”.
En el segundo de los casos resueltos por el mismo juez, era el propio residente, tutelado por la institución pública gallega, el que se negaba a ser vacunado. El magistrado considera que el consentimiento informado por sustitución prestado por la Funga debe ser atendido a pesar de las reticencias del paciente porque el hombre “carece de capacidad natural actual para comprender el alcance de la intervención médica pautada”. De la exploración judicial del interno en la residencia, destaca el auto, se constata “la total ausencia de capacidad de decisión, en particular en relación a la necesidad/conveniencia de que le sea administrada la vacuna”.
Estos dos casos de ancianos que serán vacunados frente al coronavirus contra sus deseos o los de sus tutores legales se suman al de la residente de Domus Vi San Lázaro, en Compostela, el primero que se resolvió por vía judicial en España, hace una semana. El juez Javier Fraga, que asumió el asunto en funciones de guardia, obligó a vacunar a una anciana incapacitada a pesar de la oposición de su hija.
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