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Ciudadanos se alinea con el PSOE para proteger el Mar Menor por ley

Los socios de Gobierno del PP han apoyado el decreto ley de de protección del Mar Menor y, al mismo tiempo, la petición socialista para que se tramite como proyecto de ley

Mar Menor
Manifestación en Cartagena en defensa del Mar Menor.

La Asamblea Regional de Murcia ha convalidado este viernes el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor que el Gobierno murciano, formado por PP y Ciudadanos, aprobó el pasado 26 de diciembre. Ambos partidos, junto con Vox, han votado a favor del texto, lo que significa que entrará en vigor tal cual fue presentado por el Consejo de Gobierno. Pero su contenido no es definitivo: el propio Parlamento podrá modificarlo, porque se tramitará como proyecto de ley, tal y como habían pedido el PSOE y Podemos, ya que el partido naranja ha sumado sus votos a esa propuesta. El decreto ley persigue regular los usos socioeconómicos que conviven en el mar Menor para reducir las presiones tanto agrícolas como urbanísticas que han llevado a la laguna al colapso.

Para el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, convalidar el decreto del PP y pedir a la vez su conversión en proyecto de ley no son posturas contradictorias. El texto que aprobó el Gobierno, del que su partido forma parte, es “ambicioso”, “restrictivo”, “bueno” y “potente”, pero también es “mejorable”. El trámite en la Asamblea Regional permitirá a los partidos políticos presentar enmiendas que modifiquen el texto. El PSOE ya había anunciado su intención de pedir que se amplíe la franja de exclusión de uso de fertilizantes, establecida por el decreto aprobado en 500 metros desde la línea de costas, algo que la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, de Ciudadanos, dice que su partido está también estudiando. Esta medida concitó las críticas de varios sectores que la consideran inútil debido a los pocos cultivos que existen en ese perímetro. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) calcula que en él solo hay 136 hectáreas de regadío de un total de 60.000 en la cuenca.

Mientras en Cartagena, donde se ubica el Parlamento, se debatía aún sobre la convalidación o no del decreto, en Murcia Franco negaba en una rueda de prensa una “crisis” en el seno del Ejecutivo. Cuando el 26 de diciembre los consejeros naranjas aprobaron el decreto, lo hicieron por “lealtad” a sus socios del PP y ahora piden que se convierta en ley también por lealtad, pero con la sociedad, porque el debate de la norma solo podrá “enriquecerla”, ha dicho.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, del PP, no se ha pronunciado sobre este tema después de que Ciudadanos anunciará que apoyaría la postura del PSOE este jueves por la noche. Horas antes se había limitado a recordar a sus socios que el decreto también lleva su firma. Este viernes se ha cancelado su participación en un acto público al que tenía previsto asistir en Murcia.

En la Asamblea Regional, el portavoz de los populares, Joaquín Segado, les repetía a sus socios que ellos mismos participaron en la elaboración del decreto y les acusaba de “haber caído en la trampa” tendida por el PSOE, porque el trámite parlamentario para sacar adelante un proyecto de ley se prolonga durante meses. De hecho, no comenzará hasta febrero, cuando volverá a haber periodo de sesiones, puesto que el mes de enero es inhábil en la Cámara (el decreto no ha sido convalidado por el pleno, sino por la Diputación Permanente, compuesta por 19 de los 45 diputados). Una vez que comience de nuevo el periodo de sesiones, el trámite parlamentario incluye un pleno para debatir las posibles enmiendas a la totalidad y, si no salen adelante, la creación de una comisión en la que se delibera sobre los artículos de la ley y los grupos pueden presentar enmiendas. Al terminar esa comisión, que puede prolongarse durante semanas, sus miembros elaboran un informe que vuelve a ir al pleno, donde se pueden debatir de nuevo las enmiendas que no habían sido aprobadas antes. El paso final es la votación de la ley, también en el pleno.

El portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, que ha votado con el PP en contra de convertir el decreto en ley, no ha perdido la oportunidad de remarcar las desavenencias entre los socios del Ejecutivo: “Jamás un Gobierno se había hecho oposición a sí mismo”, apuntaba, asegurando que está “asombrado” por la “deserción” de Ciudadanos, al que pedía que obligue a dimitir a la vicepresidenta.

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