Veda abierta en el New Mónaco

Un grupo de agentes de la Policía Nacional entra en el club New Mónaco, de Orihuela, armados con varios arietes con los que van derrumbando puertas a su paso. En la pista de suelo de ajedrez está la barra, donde un agente revuelve entre botellas de Ballantines y Bacardi al lado de una caja registradora con dos pegatinas del Barça. Hay una cajetilla de tabaco rubio y un mechero encima, un gorrito de cumpleaños feliz sobre una botella, un rollo de papel higiénico y un par de enchufes. También un neceser en el que los agentes encuentran droga. Un perro recorre cuartuchos llenos de enseres personales y de aseo buscando más sustancias ilegales. En la parte trasera del club, un hombre gordo en pantalón corto, camiseta rosa y chanclas levanta los brazos, dejando media barriga al descubierto, mientras es cacheado por un agente. Es la madrugada del 19 de noviembre; imágenes parecidas se han visto en el club El Álamo y club Mediterráneo de Murcia, en el Copas y el Chévere de Almería, en El Ciervo de Valencia, club en el que hay dibujado un ciervo en la fachada con el cartel: “Se abre la veda”. En los registros los agentes se incautan de 90.000 euros, cinco coches de lujo, tres escopetas, dos pistolas simuladas, 300 gramos de cocaína y marihuana. La operación se llama Monoikos, nombre griego de Mónaco, el club más grande de los seis. En el club Mediterráneo los agentes se encuentran al cabecilla de la banda (los seis clubes están regentados por propietarios con lazos familiares) y a una mujer en minifalda sentada en una silla, con las piernas cruzadas, aterrorizada. De ella es la historia.

Antes

Lo que ocurrió esa madrugada no empezó un año antes, en octubre de 2019, cuando la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) comenzó a seguir a los sospechosos y acumular pruebas para llevar a cabo la macrooperación que terminó con la detención de 20 personas de entre 22 y 62 años. Fue mucho antes, cuando varias mujeres (en este caso, 14) fueron captadas por las redes de trata y explotación sexual. ¿Cómo? Hay ocasiones en las que organizaciones criminales buscan en países extranjeros a mujeres vulnerables y necesitadas para ser prostituidas con unas determinadas condiciones (el llamado consentimiento viciado a causa de la precariedad) que, al llegar a España, desembocan en esclavismo sexual; en otras, el engaño es completo desde el principio. La activista Bebi Fernández, escritora de novelas como Memorias de una salvaje (Planeta) y criminóloga experta en trata de mujeres, recibió hace unos días el mensaje de una seguidora suya que le contaba que, tras ver una oferta laboral en la que se reclamaba una camarera, el número de teléfono puesto en Google llevaba también a páginas y foros de reclamo de prostitutas.

“Fue un error de la organización”, dice Bebi Fernández, seudónimo de una mujer amenazada por sus denuncias sobre trata y explotación. “Utilizan un número para ofertar puestos de trabajo, otro para ofertar los servicios de prostituta. En este caso utilizaron el mismo y, al buscarlo en Google, se descubría el engaño. Pero esos errores no suelen producirse”. La chica del club Mediterráneo, o cualquiera de sus 13 compañeras, o de las muchas engañadas cada año para ser prostituidas, pudo acabar encerrada en un club de carretera mediante muchos métodos de captación (uno de ellos, el de lover boy, explicado en el libro Pornoxplotation de Mabel Lozano y Pablo J. Conellie). También por el procedimiento habitual que esa seguidora de Fernández —”y otras más”, matiza— denunció a través de un mensaje privado en Instagram. “Los anuncios que colocan las redes ofrecen trabajos para los que normalmente se presentan chicas muy jóvenes, camarera, recepcionista, azafata… La entrevista personal la hace siempre una mujer de trato cercano, dando confianza, pero con preguntas demasiado incisivas, demasiado privadas. Se trata de saber si tienes a mucha gente cerca, si estás muy sola en la ciudad, si eres en definitiva vulnerable, y dónde trabajan o viven tus padres, en qué país, en qué ciudad. Todo se dirige a saber hasta qué punto la pueden echar de menos, y cuántos, y hasta dónde y cómo pueden amenazarla. Y si las condiciones para ellos se dan, una vez que la meten en el club, no sale”.

Después

Lo que ocurrió la madrugada del día 29 no terminó con la puesta a disposición judicial de 20 personas (nueve de ellas han entrado en la cárcel), acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las 14 mujeres liberadas el pasado 29 de noviembre relataron a la asociación integral de las víctimas de trata, APRAMP, las condiciones en las que vivían en los clubes. Tenían que hacer jornadas continuas de 12 horas, siete días a la semana. Si pretendían dormir, debían pagar una multa de entre 60 y 200 euros. Si querían ducharse entre cliente y cliente, debían pagar una multa de entre 60 y 200 euros. Si enfermaban y por ello no trabajaban, eran multadas con una cantidad de entre 300 y 400 euros. Algunas de las mujeres (todas entre 21 y 31 años, muchas llevaban años explotadas) acumulaban una deuda superior a los 4.000 euros. Además, eran obligadas a consumir drogas con sus clientes. Todo ello, y a pesar de la crisis sanitaria, sin medidas de protección contra la covid-19.

“Había mujeres que no conocían el alcance de la crisis fuera, el punto en el que se encuentra la pandemia. Si había confinamiento o no, si la hostelería estaba cerrada o no, si había vacuna o no. Nada. Porque están aisladas hasta ese punto”, dice Rocío Mora, directora de APRAMP. “Nuestro primer trabajo al atender a víctimas de trata y de explotación sexual es convencerlas de que son víctimas. Ni más ni menos, porque ellas se sienten culpables. Han salido de sus países convencidas por alguien muy cercano, por un nexo que tenía con ellas una confianza muy grande para embarcarlas en el viaje; se sienten culpables por haber sido engañadas, culpables por dejar de mandar dinero a sus casas, culpables por la posibilidad de que tengan que regresar a su país”. Las 14 mujeres se encuentran en un lugar protegido por la asociación que dirige Mora, un colectivo que, entre sus objetivos, prioriza la recuperación de la vida de las víctimas fuera del control y abuso de los explotadores. “Cuando salen no tienen ni siquiera identidad, ni pasaporte ni nombre real”. A pesar de que los clubes están en teoría cerrados (el New Monaco tenía un cartel anunciando su cierre con mensaje de “esto lo paramos entre todos #yomequedoencasa), las mujeres contaron el procedimiento por el cual seguían siendo explotadas: puertas traseras y escondidas para que entrase gente, o servicios a domicilio apalabrados telefónicamente con el club. “En lugares en los que estaba restringida la movilidad y el putero no quería arriesgarse, se movían ellas”, cuenta Mora.