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Sanidad planteará a las autonomías el cierre de la hostelería a las 22.00 en los lugares con más incidencia

Todas las comunidades tienen niveles medios de riesgo extremo o alto excepto Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia

Un camarero trabaja en una terraza en una calle de Santiago de Compostela, donde se ha impuesto un máximo de cinco personas en las reuniones.
Un camarero trabaja en una terraza en una calle de Santiago de Compostela, donde se ha impuesto un máximo de cinco personas en las reuniones.Lavandeira jr (EFE)

El Ministerio de Sanidad llevará este jueves al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un documento que establece umbrales numéricos y medidas que tomar para contener la epidemia del coronavirus. Evalúa el riesgo en función de ocho indicadores principales y 20 secundarios que colocan a los municipios mayores de 10.000 habitantes en cuatro niveles de riesgo, en función de la incidencia del virus y la capacidad asistencial. Si se aplican estos umbrales a las comunidades autónomas, con los últimos datos publicados por Sanidad, todas estarían en riesgo extremo o alto, excepto Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. En estos escalones máximos se propone valorar el cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 22.00 y eliminar o restringir al máximo el aforo en interiores de locales de hostelería.

Este borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sustituye a otro que este periódico publicó la semana pasada. Mantiene los principales criterios para valorar el riesgo en los municipios, pero cambia algunas medidas, tras la negociación con las autonomías para flexibilizar restricciones. Las principales novedades que aporta el documento es que no obliga al cierre de los interiores en cuando el riesgo está en los mayores niveles, sino que se limita a recomendar una valoración, posibilitando también una evaluación de aforos. Pero incluye también contemplar el cierre de los establecimientos a las 22.00, algo que no hacía el borrador anterior. Deja así más margen para que los Gobiernos regionales actúen en estas medidas tan drásticas y no se vean obligados a hacerlo por los indicadores. Esto ha sido fruto de la negociación que ha mantenido el ministerio con las comunidades que les solicitaban más margen para decidir las restricciones. Sus técnicos tendrán que repasar los criterios el jueves por la mañana, y la intención de Sanidad es que se pulan los flecos para que salga aprobado en el consejo interterritorial que se celebra por la tarde.

Entre los criterios para establecer el riesgo de cada municipio se valoran dos bloques. El primero trata de medir el nivel de transmisión del virus a través de seis estadísticas: la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días y en siete; ambas medidas, pero referidas a la población mayor de 65 años; el porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas y el porcentaje de casos con trazabilidad. En el segundo bloque se mide la capacidad asistencial a través de la ocupación de camas en planta y en UCI.

A cada una de estas métricas se le asigna un valor. Por ejemplo, el umbral de riesgo extremo está por encima de 250 casos a 14 días; 125 a una semana (cifras que bajan a 150 y 75 en caso de los mayores de 65 años); más de un 15% de positividad en las pruebas y menos de un 10% de trazabilidad, es decir que solo se conozca el contacto de 10 de cada 100 positivos, o menos. En el bloque de la asistencia, el máximo riesgo se alcanza cuando se supera el 20% de camas ocupadas por enfermos de covid en planta y el 25% en cuidados intensivos. Cuando un territorio tiene dos o más indicadores del primer bloque por encima de estos niveles y al menos uno del segundo, se considera que está en riesgo extremo.

Estos criterios se aplicarán a municipios de más de 10.000 habitantes. En los de menos hay que tener en cuenta otros factores, ya que un brote muy concreto puede alterar por completo las tasas. Sanidad no publica a diario los datos de las localidades, pero si se aplican los umbrales al promedio de las comunidades autónomas, según las últimas estadísticas, habría seis comunidades en el nivel de riesgo cuatro o extremo (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja), cinco en riesgo tres o alto (Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco); cinco en riesgo medio (Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura), y tan solo Galicia estaría en el mínimo nivel (uno o riesgo bajo).

Sea cual sea el nivel, las medidas suponen el cierre del ocio nocturno. Para el riesgo extremo no hay medidas concretas: el documento recomienda que se apliquen todas las del nivel tres y se estudien otras adicionales que, en caso de ser necesario, tendrían que ejecutarse mediante la aplicación del estado de alarma. En el tercer nivel se recomienda a las personas no salir de sus domicilios salvo para medidas necesarias, se puede valorar el confinamiento perimetral, se aconseja teletrabajar siempre que sea posible, la limitación de las reuniones sociales a un máximo de seis personas. En la hostelería, además de valorar cierres a las 22.00 y cierre en interiores, se impone una limitación del aforo en exteriores del 75% y un límite para la admisión de clientes a las 22.00, con cierre a las 23.00. Las medidas se van relajando según se rebaja el nivel de riesgo. En el dos ya se permiten reuniones de 10 personas y apertura de aforos interiores en hostelería del 50%.

En total, hay un casi un centenar de medidas en cada uno de los tres niveles que afectan a toda vida social, actividades deportivas, recreativas y religiosas.

Además, aunque no está en la agenda, se espera que varias comunidades pongan sobre la mesa el debate de la aplicación un toque de queda. La consejera de Sanidad Castilla y León, Verónica Casado, sugirió la semana pasada que sería una buena solución para acotar los movimientos, una medida que apoyan la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El País Vasco, Cataluña, Galicia e incluso Andalucía también, si se aplica a toda España. La gran incógnita es la posición que mantendrá la Comunidad de Madrid.

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