El sueño de recuperar la gran laguna desecada de Cádiz

La inmensidad que debió tener la laguna gaditana de La Janda solo se puede comprender desde lo alto de un pequeño cerro central que hace las veces de isla figurada. A la derecha, Vejer de la Frontera se asoma a un risco; 17 kilómetros a la izquierda, Benalup-Casas Viejas hace lo propio desde su ladera. En medio, un mar de cultivos extensivos de girasoles, trigales y arrozales ocupa las más de 9.000 hectáreas que, hace más de un siglo, estaban consideradas el humedal más grande de España. Desecado en el franquismo para acoger grandes explotaciones agrícolas privadas, pero deslindado en una sentencia del Supremo de 1967 aparentemente nunca ejecutada.

El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado ahora su intención de recuperar La Janda en un intrincado proceso en el que tendrá que definir dónde están los límites de lo público y lo privado.

En el caso de la pugna por este inmenso lago que se desparramaba por los términos municipales de Vejer, Medina Sidonia, Benalup y Tarifa no existen medias tintas. Para José Manuel López Vázquez, presidente de la Asociación Amigos de la laguna La Janda, es “la ocupación alegal de terrenos públicos más grande de España”. Pero Fernando Mora-Figueroa, director de Desarrollo Corporativo de Las Lomas, la empresa agroalimentaria familiar que más propiedades tiene en los terrenos desecados, no tiene dudas de justo lo contrario: “Esto es privado, nunca fue público. Entendemos que pueda llevar a confusión por cómo se hizo y entendemos que sea importante [la restauración], pero vamos a hacerlo bien para mejorar ambientalmente la zona”.

La posición de estos lagos —en realidad son cinco: la propia Janda, además de Jandilla, Espartinas, Rehuelga y Tapatanilla— en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar confería a la zona un alto valor geoestratégico en las rutas migratorias de las aves entre Europa y África. “Llegó a ser la zona húmeda más importante del continente por su biodiversidad. Pese a lo transformado que está hoy, sigue siendo la tercera zona andaluza para invernada y reproducción”, apunta López. Nutrida por el río Barbate, en cuyo cauce se enclava, la laguna es una depresión tectónica que se inundaba de forma variable, en función del caudal y de las lluvias. Más allá de la fauna y la flora que favorecía el entorno, la zona servía para “laminar avenidas de agua, recargar acuíferos y reducir la temperatura”, como apunta el presidente de la asociación.

Todos esos beneficios, hoy valorados por la Unión Europea y sus políticas de recuperación de humedales, eran más bien perjuicios en el siglo XIX, cuando se perseguía con ahínco la desecación de todo encharcamiento, ya que “se consideraban terrenos improductivos que producían enfermedades”, añade López. De hecho, el conflicto que envuelve a La Janda está lejos de ser reciente. El primer intento de convertir esos terrenos en cultivos data de 1825, cuando José Moret se hizo con la concesión de la laguna en virtud de la conocida como ley Cambó, que permitía explotar humedales por 99 años si se conseguía secar el terreno.

Pero las dimensiones y el volumen de agua de La Janda eran tal que el proyecto se abandonó apenas 18 años después y no se retomó hasta el segundo tercio del siglo XX. Tras una primera concesión a Colonias Agrícolas S.A. —un conglomerado de terratenientes del momento entre los que ya se encontraba la familia Mora-Figueroa— en 1929, las tierras se transfieren a una nueva empresa, Lagunas de Barbate S.A. Una y otra realizan obras de drenaje de la zona, pero tampoco fueron suficientes. Por eso, en 1964 el Estado franquista finalmente sale al auxilio de los propietarios con un plan de obras para desecar la laguna en el que también se marca un deslinde de zonas inundables de la laguna de 9.036 hectáreas, marcada por una inundación ocurrida en 1955.

Pero el caso, enredado ya entre los propietarios y los costes con los que estos tenían que contribuir, llegó a la justicia en 1967. Es entonces cuando el Tribunal Supremo da la razón al Gobierno en su labor de delimitar como propiedad pública “los álveos o cauces naturales de los ríos en la extensión que cubren las aguas en las mayores crecidas ordinarias y los lagos y lugares formados por la naturaleza”, según la documentación de la época. Ese fallo, rescatado por el doctor en Derecho Administrativo Pedro Brufau en su artículo La titularidad pública de los humedales, es el que López ve prioritario para considerar que los actuales cultivos extensivos no son privados y están ocupados.

Pero Mora-Figueroa, tercera generación familiar en Las Lomas y gestora de 2.000 hectáreas en la laguna, lo ve de otra forma: “Hacen una interpretación muy sesgada de la sentencia. Lo que se hace es un deslinde de dominio público instrumental para la ejecución de la obra [de drenaje]. También dice el Supremo que se respeta la propiedad privada”. El director argumenta que el carácter particular de sus tierras en el humedal también está refrendado por el catastro, el Registro de la Propiedad o el Mercantil.

Ese entuerto de titularidades es justo en el que ya trabajan los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda desde hace más de un año, como ya informó la propia titular del primero, Teresa Ribera, a la asociación. La Dirección General de Patrimonio del Estado aún sigue enfrascada en averiguar qué “terrenos son los que deben entenderse formaban parte de la laguna”, según apuntan fuentes de Transición Ecológica. También están estudiando “las posibles indemnizaciones” que puedan proceder tras el deslinde de mediados del siglo XX. Y el ministerio va más allá y asegura que, tan pronto concluyan sus pesquisas, procederá “a ejecutar las labores de rehabilitación necesarias”.

Si hay algo que las dos partes contrapuestas de esta historia coinciden es que restaurar la laguna hoy no sería nada fácil. “Tendría que ser objeto de una planificación”, razona López. Mora-Figueroa lo ve aún más difícil por “la pérdida de trabajos que se produciría”. Tras más de un siglo de lucha, el entorno es ahora el escenario de un cauce totalmente domesticado con tres pantanos —el Barbate, el Celemín y el Almodóvar—, un gran túnel de drenaje bajo la carretera N-340 y unos canales colectores que riegan unas inmensas tierras de cultivo, quizás públicas, quizás privadas. Lo único claro es que la agricultura al final consiguió doblegar a La Janda. Solo en los días más lluviosos y por unas pocas horas, algunas zonas recuerdan que aquello fue el humedal más grande de España.