La cruzada antiaborto de Brasil en la ONU afecta la resolución contra la mutilación genital femenina

Es una intervención ideológica sin precedentes en la diplomacia brasileña. El Gobierno de Jair Bolsonaro, que ya se había aliado antes con países ultraconservadores como Arabia Saudí para vetar la inclusión del término “educación sexual” en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la discriminación de mujeres y niñas, ahora se opone a la expresión “salud sexual y reproductiva” en un texto propuesto por países africanos para prohibir la mutilación genital femenina. Aunque el Gobierno brasileño defiende que hay que luchar contra esta práctica que afecta a unas tres millones de niñas al año, el Ministerio de Relaciones Exteriores pide que se excluya cualquier referencia al acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. La nueva representación ultraconservadora de Brasil teme que, en el futuro, la expresión se utilice para justificar el aborto. Los autores de los textos niegan que tenga relación con la interrupción del embarazo y señalan que, en el caso de la mutilación, dicho acceso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de estas mujeres.

El episodio que nubla el debate sobre la resolución contra la mutilación genital, que tiene previsto votarse la semana que viene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es nuevo. La visión ultraconservadora del Gobierno brasileño se ha expuesto en varias reuniones de Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores traduce en su política la idea de que solo existe el sexo biológico y de que no habría consenso sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva. También ha cuestionado términos como “género” e “identidad”.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a los demás países es que, en este caso, todos los estudios señalan la importancia de la salud sexual y reproductiva en la lucha contra la mutilación genital, que es el corte o extirpación deliberada de parte de los genitales femeninos externos, normalmente los labios vaginales y el clítoris.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 200 millones de niñas y mujeres viven en países que practican la mutilación y violan sus derechos humanos. El organismo también calcula que tres millones de niñas –la mayoría de las víctimas tiene entre cero y 15 años– sufren la ablación cada año. La OMS explica que, para muchos de estos países, la mutilación genital femenina busca “garantizar la virginidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial” de las mujeres. “En muchas comunidades se cree que la mutilación reduce la libido de una mujer y, por lo tanto, ayuda a resistir los actos sexuales extramatrimoniales”, continúa.

Para el organismo y para los especialistas, el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva —a lo que Brasil se opone— es un instrumento importante para garantizar el derecho de estas niñas. En un estudio realizado en 2017, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool indicó que “solo se podrá mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres afectadas por la mutilación si quienes toman las decisiones deciden priorizar el tema”. Entidades como la Federación Internacional de Planificación Familiar defienden que se garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres que están sujetas a dicha práctica.

La postura del Gobierno brasileño ha generado incomprensión entre los diplomáticos extranjeros y ha sido recibida con sorpresa por las otras delegaciones. En Brasilia, las pautas dadas por la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores también han causado indignación entre los propios funcionarios. La conducta aísla a Brasil, considerado ahora un país retrógrado por los africanos y bárbaro por los europeos.

Contra la educación sexual

La indignación por el cambio de la diplomacia brasileña ya se había hecho presente en los últimos días. En una resolución que propone luchar contra la discriminación de las mujeres, el Ministerio de Relaciones Exteriores también se opuso a que se mantuviera un fragmento que cita la garantía del acceso universal a la educación sexual. El veto brasileño, en este caso, lo apoyaron Gobiernos ultraconservadores y acusados de violar los derechos de las mujeres: Arabia Saudí, Catar, Baréin, Irán, Pakistán e Irak. Todos los países occidentales, sin embargo, apoyaron la propuesta hecha por México, que presentó un plan para que se garantice el derecho a la salud sexual para estas niñas sometidas a la ablación genital. Como en otros casos, el Gobierno de Bolsonaro no explicó el motivo de su postura.

El proyecto aborda temas como la necesidad de “eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas” y su objetivo es reforzar la lucha por la igualdad de género como una de las metas para 2030. El texto también se votará la próxima semana.

Pero este no es el único cambio que Brasil ha solicitado en el proyecto. Otro fragmento que el Gobierno quiere que se excluya por completo reconocería que “la gama completa de información y servicios de salud sexual y reproductiva incluye planificación familiar, métodos seguros y efectivos de anticoncepción moderna, anticoncepción de emergencia, programas de prevención del embarazo en adolescentes, atención a la salud materna, como atención especializada en el parto y atención obstétrica de emergencia, incluyendo parteras para servicios de maternidad, atención perinatal, aborto seguro siempre que no contradiga la legislación nacional, atención posterior al aborto y prevención y tratamiento de infecciones del tracto reproductivo, infecciones de transmisión sexual, VIH y cánceres reproductivos”.

Sin embargo, la presión de los Gobiernos islámicos y brasileño no ha convencido a los autores del proyecto a retirarlo del borrador. Al tomar la palabra, el Gobierno de México afirmó que sería “difícil” suprimir todo el párrafo y advirtió que eliminar el capítulo sobre salud y acceso a la salud reproductiva socavaría el objetivo de la resolución, que es combatir la discriminación que sufren las mujeres y niñas.

El impasse entre el bloque ultraconservador y el resto de los Gobiernos podría hacer que el proyecto se negociara intensamente entre bambalinas hasta la próxima semana. En un fragmento del proyecto, el Gobierno brasileño también solicitó que se reconociera el papel de las entidades religiosas en la formulación de políticas públicas para la defensa de la mujer y la igualdad de género. En otro, Brasil apoyó a Afganistán y Nigeria cuando cuestionaron una referencia a “otros factores de identidad”. La postura del Ministerio de Relaciones Exteriores de acercarse a Gobiernos más conservadores ha sido objeto de controversia dentro de la ONU, que solía considerar a Brasil como un aliado tradicional en la promoción de los derechos de las mujeres.

La actitud del Gobierno brasileño volvió a sorprender a los activistas por los derechos humanos. “Brasil, una vez más, pasa vergüenza internacionalmente y se consolida en el grupo de países que adoptan las posturas más retrógradas en las discusiones sobre género en las Naciones Unidas”, afirmó Camila Asano, directora del programa de Conectas Derechos Humanos. “La postura del organismo no coincide con las políticas que Brasil ha adoptado durante años y con los compromisos internacionales que ha asumido en términos de género y derechos sexuales y reproductivos”, dijo.

Durante la reunión de la semana pasada para presentar sus vetos, el Gobierno brasileño tomó la palabra y explicó que tales términos “generan controversia”. También insistió en que “rechaza la práctica del aborto como método anticonceptivo”. “La planificación familiar es una cuestión de libertad de la pareja y el Estado tiene que proporcionar recursos a este derecho, pero sin obligar”, añadió.