La caótica gestión lastra la batalla contra el virus en Brasil

Cuando el viernes pasado dimitió el segundo ministro de Salud en un mes, uno de brasileños que más de cerca sigue la evolución de la pandemia dio por inaugurada la fase del sálvese quien pueda. “Nunca quise tanto estar equivocado. Que cada Estado y cada ciudad se cuide. Nuestro problema va para largo”, tuiteó Atila Lamarino, un científico y divulgador que triunfa en YouTube con sus explicaciones sobre la covid-19. Con casi 17.000 muertos y 254.000 contagios, el de Brasil es uno de los brotes más activos en el mundo. El balance oficial lo coloca como el tercer país en casos, tras superar este lunes al Reino Unido y el fin de semana a Italia y España, y el sexto en fallecidos.

Pero la realidad en el país más poblado de América Latina puede ser mucho peor por varios factores: es uno de los países que menos test ha hecho, las hospitalizaciones por síndrome respiratorio agudo y los fallecimientos sospechosos se han disparado desde el primer contagio. La gestión de la crisis sanitaria y de las cuarentenas es cada vez más caótica en un país que hace solo unos años tuvo éxitos notables en el combate al sida o el zika.

El impacto de la covid-19 es muy desigual en este territorio de dimensiones continentales y 210 millones de habitantes que además afronta la crisis lastrado por un presidente negacionista, Jair Bolsonaro, que directamente boicotea los esfuerzos de los gobernadores para que las recomendaciones de aislamiento sean respetadas y contener la pandemia.

Walter Cintra, un especialista en administración hospitalaria de la Fundación Getulio Vargas, recuerda que la velocidad de contagio y la letalidad han sorprendido a toda la comunidad científica, pero subraya que Brasil “vive una tragedia” por un problema añadido: su Gobierno federal. “El presidente ha comprado una guerra contra la ciencia, la ha convertido en un proyecto político e incluso amenaza con un golpe de Estado. Es muy difícil gestionar una pandemia así. Ha superado todos los límites”, recalca por teléfono. Cintra, médico y profesor, precisa que hay que calibrar muy bien las medidas de aislamiento social porque “la gente no puede morirse de hambre en su casa” si necesita buscarse la vida. Y reclama ayudas sociales porque no todos los brasileños pueden permitirse quedar confinados.

Más allá de la bronca política, las alarmas saltan incluso en São Paulo, la capital económica. Aunque es el epicentro de la epidemia, su red hospitalaria es mucho más robusta que la del puñado de Estados del nordeste, más pobres, donde el sistema ya ha colapsado. El alcalde, Bruno Covas, advirtió este domingo de que el 90% de las UCI de esta ciudad de 12 millones de habitantes están ocupadas, lo que requiere un cierre total similar al implantado a principios de mes por otras capitales menores como São Luis (Maranhão), Belén (Pará) o Fortaleza (Ceará). Manaos no lo ha hecho pese a que su sistema sanitario y funerario llevan semanas saturados.

El alcalde paulistano, que desde hace semanas intenta convencer a sus conciudadanos de la gravedad de la crisis mientras batalla con un cáncer, quisiera prohibir todas las actividades no esenciales, pero, recalcó, confinar la ciudad sin incluir la zona metropolitana tendría poco sentido y pasó la pelota al gobernador, que no se decide a dar el paso. São Paulo fue uno de los primeros lugares en cerrar las escuelas e implantar una cuarentena hace 55 días pero, tras un par de semanas de cumplimiento relativamente estricto, la ciudadanía se ha relajado por necesidad o desidia y solo la mitad de la población se queda en casa.

Imposible saber ni aproximadamente la magnitud de la pandemia porque Brasil solo ha logrado hacer unos 350.000 test. De ellos, 150.000 están pendientes de procesar. España, con cinco veces menos población, ha hecho 1,3 millones.

Y luego está el desgobierno en el Ministerio de Salud. Las presiones de Bolsonaro han sido constantes desde que comenzó esta crisis. Quiere lograr como sea que las autoridades sanitarias relajen las recomendaciones de aislamiento —para retomar la actividad económica— y que la cloroquina —un medicamento antimalaria— sea incluida en los tratamientos de la sanidad pública aunque carece de aval científico. El Ejército, que la fabrica para la malaria, ha acelerado su producción ante el eventual aumento de la demanda. Fue demasiado para los dos últimos ministros. Ambos son médicos y antes de violar el juramento hipocrático se fueron a casa. Las riendas del ministerio las lleva interinamente el general Eduardo Pazuello, un experto en logística que ha admitido no saber de gestión sanitaria. Llegó al ministerio en abril como número dos con la misión de organizar la compra y traslado de los equipamientos necesarios para afrontar la epidemia. Con él, 10 de los 22 ministros proceden de las Fuerzas Armadas. También el Estado de Río de Janeiro, al borde de la saturación, se acaba de quedar sin secretario de Salud. Fue destituido el domingo acusado de fraude en las licitaciones para respiradores.

Las carencias para afrontar una avalancha de enfermos de coronavirus necesitados de cuidados intensivos quedaron primero en evidencia en la ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonia. Poco tardaron el sistema hospitalario y el funerario en quedar desbordados. La covid-19 también se propaga veloz en las comunidades indígenas, mucho más vulnerables a los virus, lo que preocupa sobremanera a los defensores de sus derechos, incluidos los obispos católicos de Brasil.

Otro de los brasileños que mejor conoce la pandemia, Luiz Henrique Mandetta, al que Bolsonaro destituyó en abril por sus discrepancias pese a su popularidad y sus intentos de consensuar con los gobernadores una política contra la pandemia, apeló a la fe cuando el viernes su sucesor dimitió. “Oremos. Fuerza al SUS (la sanidad pública). Ciencia. Paciencia. ¡Fe!”, tuiteó.

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