Portugal decreta el estado de emergencia, pero el Gobierno no lo aplica

El Gobierno de Portugal aplaza la aplicación del estado de emergencia implantado desde medianoche del jueves a iniciativa del presidente del país. “La población ha cumplido tan bien las recomendaciones que no es preciso un cuadro sancionador”, ha declarado el primer ministro, António Costa, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

La larguísima reunión del Gobierno debía concretar los amplios poderes que le otorgaba el 'estado de emergencia’, una iniciativa del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, a la que el Gobierno era contrario, pero que, para evitar un conflicto institucional en momentos de pandemia, no se opuso. La iniciativa del presidente fue aprobada por el parlamento con votos de la derecha y de la izquierda. Nadie se opuso, solo se abstuvieron 14 parlamentarios —de un lado y otro del espectro— de 230 diputados.

El ‘estado de emergencia’, jamás aplicado desde la Constitución de 1976, otorga al Gobierno el poder de llamar al Ejército para labores de seguridad, el de intervenir precios de productos básicos o el de reclutar a trabajadores públicos y privados para fabricar productos estratégicos, amén de acabar con el derecho de huelga. Nada de eso se aprobó para enfado, por ejemplo, del presidente de Madeira, que momentos antes exigía una cuarentena del archipiélago y la cancelación de todos los vuelos, internos y externos.

La medida más fuerte aprobada es el aislamiento obligatorio —la Constitución lo prohíbe, excepto a enfermos mentales—, pero solo en casos obvios, el de los contagiados, y por prescripción médica. Ni siquiera el cierre de centros comerciales es total, pues se le añaden excepciones. A los grupos de riesgo (mayores de 70 años, enfermos crónicos, etc) se les impone el “deber de protección”, que consiste en que salgan a la calle “en circunstancias excepcionales”, según Costa, entre ellas pasear al perro o a los nietos; para el resto de la población se recomienda un “recogimiento domiciliario”. En el caso de que los primeros salgan a la calle, “la policía le reconducirá a su domicilio”. Ni se echa mano del Ejército ni a las nuevas medidas se le acompaña un cuadro sancionador, pues “sería un insulto al civismo demostrado por los portugueses”.

Los portugueses podrán seguir desplazándose libremente entre las ciudades, con la excepción de Ovar, declarado estado de calamidad por un desarrollo comunitario del virus. Los funcionarios públicos harán teletrabajo; la atención pública de la Administración será online o por teléfono y la presencial solo con cita previa. Bancos, farmacias, panaderías, tiendas de alimentación seguirán abiertas; a los restaurantes se les recomienda que cierren, pero no a los de aldeas y ciudades pequeñas, pues realizan una función de auxilio a los vecinos. Los restaurantes que cierren podrán realizar entregas a domicilio y take away.

La estrategia del Gobierno, según ha explicado Costa, es la de preservar la salud de los ciudadanos, pero también mantener en marcha la economía con la menor distorsión posible. En cualquier caso, el Gobierno va a seguir adoptando medidas en función del desarrollo de la epidemia, para lo cual ha creado un gabinete de crisis.

Desde que el 2 de marzo fueron detectados los dos primeros casos, en Portugal los infectados son 785 personas, con tres víctimas mortales y tres curados. El 85% de los contagiados se tratan en su domicilio; solo un 5% se encuentra en cuidados intensivos hospitalarios. Según la directora general de salud, los casos seguirán aumentando hasta finales de abril.

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