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Test de coronavirus exprés para los políticos o para quien pueda pagarlos

Mientras algunas personas se hacen las pruebas en la sanidad privada, la pública de Madrid ha dejado de analizar a los enfermos leves

Elena G. Sevillano
Un sanitario cierra el kit con el que se toman las muestras para detectar coronavirus en un centro médico de Israel.
Un sanitario cierra el kit con el que se toman las muestras para detectar coronavirus en un centro médico de Israel.JACK GUEZ (AFP)

Inés se sintió enferma este viernes al mediodía. Fiebre, estornudos, malestar general. Se fue a casa, en Madrid, y llamó al teléfono habilitado para informarse sobre el coronavirus, el 900 102 112 (es importante no llamar al 112 salvo urgencia) para que le indicaran qué debía hacer. “Me han dicho que ya no hacen pruebas porque en Madrid somos todos sospechosos”, contó después. El protocolo en vigor desde el jueves en Madrid indica que los enfermos leves con sospecha de coronavirus deben quedarse en su domicilio y ver cómo evolucionan. Hayan tenido contacto con contagiados o no. Los graves van al hospital, donde sí se les hace la prueba, según la Consejería de Sanidad madrileña.

Antes del jueves, con el protocolo anterior, tener síntomas y haber estado trabajando o conviviendo con casos positivos o viajado recientemente a Italia sí era motivo para someterse al test. Ciudadanos en esas circunstancias esperaban días. Otros, incluidas personas de grupos de riesgo, ni siquiera conseguían que les cogieran el teléfono. El sistema ha estado colapsado. La situación contrasta con los casos de políticos asintomáticos que se han sometido al test de coronavirus y han sabido el resultado en cuestión de horas.

Después de que se contagiara la ministra de Igualdad, Irene Montero, todos los miembros del Gobierno se han hecho el test. En su caso, en la sanidad pública. Les tomaron las muestras en el SOS (Sistema Operativo Sanitario) de Moncloa, formado por personal sanitario de la red pública de la Comunidad de Madrid —en virtud de un convenio entre ambos firmado en 2018—, y las muestras se llevaron a analizar al hospital de referencia, La Paz. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, dio positivo.

Después de que Javier Ortega-Smith, diputado de Vox, diera también positivo, otros miembros de su grupo parlamentario se hicieron la prueba. Al menos en el caso del líder del partido, Santiago Abascal, en la sanidad privada. Así lo contó él mismo en su cuenta de Twitter: “Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19”. Los Reyes también se han sometido a la prueba (con resultado negativo) después de que la Reina coincidiera en un acto con la ministra de Igualdad. También Pablo Casado, líder del PP, se ha hecho el test (negativo), según informó en rueda de prensa.

Ante esa aparente contradicción con lo que indica el protocolo, los sanitarios se encuentran con un problema al tener que explicar a los ciudadanos en los centros de salud que para ellos no hay prueba. “El mismo día que sale este nuevo protocolo se publica la noticia de que Irene Montero y otros políticos han dado positivo y que se les va a hacer la prueba a todos”, dice una médico de familia que trabaja en Madrid. Son personas que quieren saber si están contagiadas y si pueden contagiar a otros. “Se nos hace muy difícil explicar por qué a ellos no y a los políticos sí”, añade.

Ni a ellos, los sanitarios, les han hecho los test cuando se han encontrado mal. “En este momento, dado que la transmisión es generalizada, se considera que alguien con síntomas es un caso de coronavirus y solo se hacen pruebas a los que están graves”, explica Vicente Baos, médico de familia en un centro de salud madrileño. Él mismo está ahora en su casa, con síntomas y ya diagnosticado (positivo) tras varios días.

“Al personal sanitario nos han tratado, en mi opinión, mal. Con síntomas, si no había contacto con caso confirmado o antecedente de viaje, no se hacía la prueba. Esto ha demostrado ser insuficiente y al notarnos síntomas hemos decidido aislarnos sin saber si lo padecíamos o no”, explica.

“En personas asintomáticas, el principal problema es que el negativo de hoy puede ser el positivo de mañana, y así cada día”, añade Baos. Es decir, esos políticos que se han testado, y han dado negativo, pueden sentir una falsa sensación de seguridad.

Personas esenciales

“No tengo la información precisa de las circunstancias que han determinado hacer o no la prueba a diversos cargos políticos ni sé a quiénes se la han hecho”, previene Ildefonso Hernández, portavoz de Sespas y ex director general de Salud Pública, que cree que en determinados casos sí es importante saber si hay contagio: “Hay algunas personas del gabinete de crisis, tanto del sanitario, como del de alto nivel de Gobierno que es recomendable que sigan en su puesto y hay que despejar dudas sobre si pueden seguir con su gente trabajando o no”. Personas esenciales para la gestión de la emergencia.

Habla de cargos muy concretos: “El ministro de Sanidad y sus altos cargos se ven cada día con el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. No hay nadie insustituible —claro que no hay muchos sustitutos— y, aunque guarden distancias en sus encuentros como medida de precaución, es necesario también que no haya bajas”.

No solo los políticos asintomáticos han accedido a las pruebas del coronavirus por la vía rápida. Hay laboratorios privados que las ofrecen por precios que van desde los 165 euros a los 400. “La privada se ha visto desbordada porque nos está llamando todo el mundo”, dice Antonio Rider, presidente de la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA), que sin embargo afirma que la mayoría de las empresas no están haciendo pruebas a demanda, es decir, sin criterio clínico que lo justifique.

Pagar por el test sin indicación médica

Pero algunas sí lo hacen. Además de las clínicas donde se han analizado los diputados de Vox —el partido rehusó hablar con EL PAÍS para indicar dónde—, ciudadanos de a pie también están consiguiendo el test pagando.

Un abogado mallorquín contó en Twitter el jueves que su hija, estudiante de 20 años en Madrid, había vuelto a casa asintomática, pero que le había hecho la prueba por el contacto con sus abuelos. El hombre pagó 200 euros por el test, según dijo en su cuenta, y otro laboratorio se lo ofrecía por 400. El letrado no quiso comentar su decisión con este diario. Decenas de personas le afearon que se hiciera el test por su cuenta.

Una conocida empresa de análisis clínicos está vendiendo en su web un kit que llega a casa del paciente. Este lo abre, se toma la muestra él mismo con un escobillón y lo envía en un sobre especial al laboratorio a través de una empresa de mensajería que lo recoge en el domicilio. El resultado se demora entre tres y cuatro días. Este viernes estas pruebas estaban agotadas en la web de la empresa. Ese día, al teléfono, una empleada informaba de que “es algo muy novedoso y todo el mundo quiere. Estamos saturados, pero en unas horas volverá a estar disponible en la web”, decía. Sigue agotado.

El presidente de AEFA asegura que su laboratorio no lo hace. “No hay un protocolo. No tenemos orden de Sanidad sobre si debemos actuar o dejar de actuar. No hemos recibido información. Por poder, las empresas pueden hacerlo, pero hay que apelar a la responsabilidad de cada laboratorio”, dice, y recuerda que esta técnica es sofisticada y necesita seguridad biológica. “Las normas están claras. Solo se le hace diagnóstico a las personas que tengan una determinada sintomatología. Si se lo hacen a otras, políticos o no, me parece mal, fatal, qué me va a parecer”, concluye.

FE DE ERRORES: En una primera versión de este reportaje se afirmaba que el abogado mallorquín había borrado el tuit.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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