El Gobierno aprueba el proyecto de la nueva ley de educación que quita peso a la Religión

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley de educación (Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la LOE), que revertirá la norma en vigor, la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en 2013. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición, con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y así acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado.

“La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás”, ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ha señalado que el alumnado, “sea cual sea el talento con el que entra en el aula”, tendrá que salir con “el mismo valor diferencial” del centro educativo. “No puede haber segregación en el acceso [a los centros] ni en la salida, no se puede discriminar a los alumnos en diferentes itinerarios segregadores, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza”, ha manifestado.

Con la nueva ley desaparecerán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), unos itinerarios incluidos en la regulación actual que conducen a los estudiantes con un menor rendimiento a cursar algunas asignaturas en una modalidad más sencilla (llamada aplicada). Esta vía les excluye de poder cursar más adelante el bachillerato, y solo les permite acceder a formación profesional. “Ningún país europeo pone barreras a la enseñanza básica tras 12 años de escolarización. Eso es segregar; hay que garantizar que todo el mundo progrese con la debida calidad del sistema educativo”, ha aclarado la ministra.

Celaá ha recordado que una de las prioridades de la nueva ley será la incorporación de una red de enseñanza de cero a tres años, que se desarrollará “de forma gradual” y “empezando por los colectivos más desfavorecidos”. Además, como ya anunció hace unas semanas, ha señalado que en el plazo de un año se presentará un nuevo modelo para la reforma de la carrera docente. Para ello, Celaá ha adelantado que ya están trabajando con las facultades de Educación para modernizar los programas y que los aspirantes a profesor realizarán prácticas en escuelas durante un periodo de un año como paso previo a su titulación.

La nueva normativa (que recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por el PSOE en 2006) llega con el objetivo de tumbar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), norma que llevó en 2013 al resto de grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito su compromiso de derogarla en la siguiente legislatura.

Estos son los principales cambios que contempla la nueva ley:

La Religión pierde peso en el currículum. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Además, los alumnos que no escojan Religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es Ética. Con la Lomloe, Educación en Valores Cívicos y Éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.

Eliminación de los itinerarios. Uno de los aspectos más “lesivos” de la Lomce que la nueva ley corregirá es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. Con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada formación profesional básica y, en función del criterio de la junta de evaluación del centro, hay alumnos que al aprobar ese curso obtienen el título de la ESO y otros que no. Sin este certificado, los estudiantes no pueden continuar sus estudios. “No podemos discriminar a los alumnos a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar”, explicaba Celaá en una entrevista con EL PAÍS. Para evitar esa discrecionalidad, la nueva ley eliminará esa vía y recuperará los programas de diversificación curricular de la ley educativa de 2006, que permiten modificar y adaptar el currículo desde tercero de la ESO para los alumnos que no estén en condiciones de promocionar, de forma que todos obtengan la misma titulación. Se eliminarán así estos itinerarios, conocidos como programas PMAR.

Se elimina el concepto de “demanda social” para la planificación de las plazas escolares. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada y “equilibrar” la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados. Para ello, se eliminará la referencia que aparece en la Lomce a la llamada “demanda social”, que establece que para la planificación de las plazas escolares las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias. Celaá ha afirmado en diferentes foros que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”. Además, el texto contempla que las autonomías “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, lo que quiere decir que se pondrán en marcha medidas para evitar que determinados colegios, sobre todo públicos, concentren a los alumnos con menos recursos. Además, para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros “que se organicen bajo el principio de la coeducación”.

Medidas para frenar la alta tasa de repetición. Otro de los grandes escollos del sistema educativo que pretende solucionar la nueva ley es la alta tasa de repetidores. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para reducirla, la nueva ley incluye varias medidas. Por una parte, en primaria eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Además, contemplará que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente considera que “la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente”. En bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional”. Ahora mismo es obligatorio superar todas las asignaturas de los dos cursos para hacerse con la titulación.

Más poder del Gobierno central para determinar el currículum. Otra de las novedades es que las autonomías perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum. Se volverá a lo estipulado en la LOE y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado) y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.

Más poder para los consejos escolares. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento. Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos. Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros —la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias — dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.

Supresión definitiva de las reválidas y sustitución por pruebas de diagnóstico. Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO de la Lomce (suspendidas por los tribunales) se eliminarán del texto. Se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que se publicarán de forma interna y permitirán conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así “mejorar las políticas públicas”. De esta forma, se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.