“El levantamiento del secreto pontificio no resolverá todos los problemas, pero ya no habrá traba institucional”
El secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, evalúa la nueva norma del Vaticano
El arzobispo Charles Scicluna (Toronto, 60 años) es el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y una de las personas en el Vaticano que más tiempo ha dedicado a combatir la plaga de los abusos a menores con mejores resultados. Autor de la investigación contra el padre Maciel en México y miembro del comité organizador de la cumbre celebrada en febrero en Roma, ha pilotado también parte del proceso que ha desembocado en la histórica eliminación del secreto pontificio. Un hito que, da a entender, no debería ser el último de la reforma en marcha.
Pregunta. ¿Qué cambia de forma práctica con esta ley?
Respuesta. Elimina cualquier obstáculo en la vía de comunicación entre la autoridad eclesiástica y las víctimas, y entre la autoridad eclesiástica y la del Estado. La autoridad del país que pida a una diócesis información sobre un caso de abusos no volverá a recibir la respuesta de “lo lamentamos, esta información esta protegida por el secreto pontificio”.
P. ¿Eso quiere decir que están obligados a dar esa información?
R. Dependerá de la legislación civil, pero seguro que no podrán invocar el secreto pontificio.
P. ¿Es una contribución importante a la transparencia?
R. Sí. Usted se acordará que el tercer día de la cumbre del pasado febrero, uno de los elementos más fuertes que se pidió fue este. En algunas jurisdicciones se concebía como un obstáculo para la colaboración con las autoridades del Estado.
P. Las víctimas podrán solicitar información y la sentencia de sus casos. ¿Cómo funcionará?
R. Eso debe desarrollarse más. Hasta ahora la víctima no tenía derecho a recibir copia de la sentencia. El obispo ya no podrá invocar el secreto pontificio para negarlo. Esto no es un truco de magia que resolverá todos los problemas. Muchas cosas dependen de los personajes implicados, pero ya no habrá el obstáculo institucional.
P. ¿Alguien que vivió un proceso hace 15 años podrá solicitar la copia de su sentencia?
R. Esto es una ley procesal, no penal. Es decir, hoy pido información y no existe ya más el obstáculo del secreto pontificio. Y eso afecta a todos los casos.
P. Eso les obligará a trabajar mucho recopilando toda esa documentación. Hay decenas de miles de casos de abusos.
R. Bueno, estas respuestas no se dan a nivel de la Santa Sede. Más bien son las diócesis las que deberán hacerlo. Quien necesita una documentación de la Santa Sede, aunque no esté protegida por el secreto pontificio, deberá seguir el derecho internacional con la rogatoria correspondiente. Eso no cambia.
P. La Doctrina de la Fe también está sujeta a la nueva ley.
R. Las sentencias de la CDF que se comunican a las diócesis ya no estarán sujetas al secreto.
P. Eso no significa, como pedían algunas víctimas, que las diócesis estén obligadas a comunicar las denuncias de oficio.
R. Existe la obligación de colaborar, pero siempre según la ley civil del Estado. Si esa ley les obliga a hacerlo, deberán hacerlo.
P. Ha sido difícil sacar adelante la abolición del secreto. Es evidente que era una medida que tenía mucha oposición.
R. Sí, pero todas las decisiones tienen su itinerario. Queremos ver los resultados y el itinerario aún no está completo. Debemos esperar otras reformas en los próximos meses, como la presentación de la primera versión del vademécum de la CDF para ayudar a los obispos a proceder con las denuncias. ¿Habrá más cosas? Una etapa detrás de la otra.
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