El Gobierno francés anuncia medidas contra los crímenes machistas que no convencen a las feministas
Organizaciones de mujeres se declaran decepcionadas por las iniciativas y denuncian una falta de financiación efectiva
Al menos 49.000 personas salieron a la calle en París el fin de semana para reclamar medidas más eficaces contra la violencia machista que, en Francia, cuesta la vida cada año a más de un centenar de personas. El Gobierno de Emmanuel Macron respondió este lunes a ese llamamiento con una batería de medidas que, en palabras del primer ministro, Édouard Philippe, buscan crear un “electrochoque” necesario en la sociedad para acabar “de raíz” con los feminicidios y otras formas de violencia de género. Sin embargo, según las organizaciones feministas detrás de la histórica manifestación del sábado, ni los anuncios ni, sobre todo, su financiación, con un presupuesto para 2020 similar al de 2019, están a la altura de la magnitud y urgencia del problema.
Poco antes de anunciar la cuarentena de medidas decididas después de tres meses de reuniones, análisis y negociaciones con distintos colectivos para buscar cómo atajar la violencia machista, Philippe recordó a Sylvia Walter. Esta mujer de 40 años fue asesinada el 10 de noviembre a cuchilladas en su domicilio por su marido, al que le había pedido el divorcio, y a la vista de su hija, que acusa a los gendarmes de no haber actuado con presteza pese a conocer los antecedentes de violencia doméstica de la pareja. El caso es en cierto modo representativo de muchos de los males que aquejan a la lucha contra los feminicidios en Francia: víctimas con pocos recursos para denunciar a su agresor y alejarse de él, así como una falta de receptividad y sensibilización por parte de los profesionales —policías, médicos, jueces— que hacen que muchas mujeres decidan no denunciar siquiera los abusos que sufren antes de que sea demasiado tarde.
Según Philippe, la sociedad necesita un “electrochoque” para romper con el círculo vicioso de la violencia machista y eso se logra solo, subrayó en una alocución acompañada de varios ministros del Gobierno, con medidas tanto de sensibilización de la escuela como de garantías para las víctimas y de esfuerzos de reeducación de los agresores.
Varias de las medidas presentadas este lunes en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ya habían sido anunciadas al comienzo de los tres meses de concertación o en los últimos días, como la creación de mil nuevas plazas de albergues para enero de 2020, la ampliación —ya aprobada por la Asamblea Nacional— del brazalete electrónico, la supresión de derechos parentales de los agresores o la posibilidad de presentar una denuncia por violencia en los hospitales donde son atendidas las víctimas.
Philippe también confirmó que se modificarán las normas que rigen la confidencialidad médica en algunos casos de violencia machista o que se incluirá como agravante en el Código Penal la figura del “suicidio forzado” en casos en que los abusos de los agresores conduzcan al suicidio o intento de suicidio de sus víctimas. Se creará asimismo un “protocolo de análisis del peligro” aplicable en todas las comisarías y se abrirán centros especiales para agresores condenados a penas menores por violencia machista que, según el Gobierno, han demostrado ser eficaces para reducir la reincidencia de los violentos. En materia educativa, se hará hincapié en la prevención de la violencia machista desde las escuelas imponiendo a los enseñantes una “formación obligatoria” sobre igualdad mujer-hombre, tema que también será materia durante la formación de los adolescentes en el recién creado Servicio Nacional Universal (SNU). Parte de estas medidas, agregó el jefe de Gobierno, serán incluidas en una propuesta de ley que se pretende aprobar a comienzos de 2020.
El presupuesto dedicado a la violencia machista en 2020, agregó, será de 360 millones de euros.
Decepción e indignación de los colectivos de mujeres
En la Ciudad de la Igualdad, la antigua escuela de primaria en la rive gauche parisina reconvertida en centro social gestionado por organizaciones feministas, la decepción dio paso a la indignación conforme Philippe desvelaba las medidas, muchas de las cuales, denunciaron, ya existen —la ley ya prevé excepciones al secreto médico— o deberían estar cumpliéndose desde hace tiempo, como la anunciada eliminación de la mediación familiar en casos de violencia de género, prohibida por el Convenio de Estambul que Francia ratificó en 2014.
“El primer ministro usa palabras fuertes, habla de grandes disfunciones, de fallos colectivos, pero no saca ninguna conclusión en materia de cambios de políticas públicas”, denunció la militante feminista Caroline De Haas.
Organizaciones como Nous Toutes, el colectivo que organizó la manifestación del sábado, reclamaban ante todo medidas preventivas —educación sobre violencia machista obligatoria en las escuelas— y de sensibilización de policías, médicos y hasta jueces y fiscales, así como una dotación sustancial, de mil millones de euros, a este capítulo. Los 360 millones anunciados quedan muy lejos de esta demanda que Philippe rechazó explícitamente como “fetichismo de cifras”, algo que indignó a las feministas. “El anuncio principal de esta mañana es que el primer ministro confirma que el año que viene no pondrá ni un euro suplementario. Y si las políticas públicas no cambian, las cifras de violencia no recularán”, advirtió De Haas.
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