La batalla del ‘burkini’ se libra ahora en las piscinas francesas

Su lucha no comenzó en un autobús en el sur segregacionista de Estados Unidos en los años cincuenta, sino en las piscinas públicas de la ciudad francesa de Grenoble en 2019. Pero se hacen llamar las “Rosa Parks musulmanas” y han organizado varios actos de “desobediencia civil”, lanzándose al agua en burkini, para reclamar poder portar este bañador integral en las piscinas públicas. Una acción que ha vuelto a reabrir el debate sobre esta controvertida prenda y sobre las mujeres que reclaman el derecho de poder cubrirse si quieren por motivos religiosos. Cuestión esta jamás solventada en Francia, un país que defiende la laicidad por encima de todo, y de todos a veces. Pero donde, a veces también, se usa este pilar consagrado en ley desde 1905 para defender posiciones meramente islamófobas.

Fue a finales de mayo cuando un grupo de Alliance Citoyenne, una asociación de Grenoble que se define como un “sindicato ciudadano” que lucha contra las “injusticias sociales”, decidió desafiar las estrictas normas de vestimenta que rigen en las piscinas públicas de Francia que, bajo argumentos de seguridad e higiene, prohíben cualquier bañador, de hombre o mujer, que tenga más tela de la estrictamente necesaria. Hasta las bermudas están vetadas.

“Hay mujeres que desean acceder a un servicio público y no pueden y los motivos para ello son totalmente injustos e infundados”, dice Lea Galloy, portavoz de Alliance Citoyenne, que también protestó cuando Decathlon dio marcha atrás ante las críticas en su proyecto de vender un hiyab para corredoras en Francia. Recuerda Galloy que el Defensor de los Derechos —el equivalente al defensor del pueblo español— instó el año pasado a una piscina privada que le había prohibido a una mujer bañarse en burkini a que “modifique su reglamento interno para que no sea discriminatorio”. Y que el Ayuntamiento de Rennes levantó el veto al burkini el año pasado —por ahora es la única ciudad que lo ha hecho—, sin que se hayan registrado problemas ni de seguridad, ni de higiene ni altercados sociales.

En Grenoble sí ha habido incidentes. Tras la última “acción burkini” el fin de semana pasado —este domingo se limitaron a hablar con la gente a la salida de la piscina—, algunos hombres reclamaron poder bañarse en bermudas y hubo enfrentamientos a la puerta de los establecimientos. Un grupo creado en las redes sociales proponía desnudarse “frente a los comandos en burkini” para defender el “laicismo sin complejos frente al islamismo” que dicen ver tras esta iniciativa. Al final, el alcalde, el ecologista Eric Piolle, cerró las instalaciones dos días, en plena ola de calor. Reabrieron el viernes, pero bajo reforzadas medidas de seguridad. Para entonces, el debate ya había llegado a escala nacional.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, declaró que las reglas de los lugares públicos deben ser respetadas y que “ninguna convicción religiosa” debe servir para provocar un cambio. La ley de 1905 es “un imperativo republicano sobre el cual no se debe vacilar” porque si no se respeta, las cosas pueden “derrapar fácilmente”, advirtió.

La secretaria de Estado para la Igualdad, Marlène Schiappa, recordó que el reglamento de las piscinas se basa en principios de higiene y seguridad “que se aplican a todo el mundo” y que “la religión no puede servir de exención”. Además, lamentó ver en la acción de las activistas “un mensaje político” que invita a las mujeres a cubrirse el cuerpo y que busca “crear una nueva norma que no es deseable que se cree”.

Galloy reconoce que no se esperaban tamaña reacción. Lo único que buscaban, asegura por teléfono, era que el alcalde, que “es el que puede cambiar las reglas”, los recibiera, porque llevan 10 meses intentando discutir el asunto con él. Esa vía parece por ahora cerrada. Piolle ha condenado la “estrategia de choque” de las activistas, que “agita inútilmente los miedos y polariza las divisiones”, y dice que no tiene intención de cambiar las reglas este verano. A la par, ha reclamado al Gobierno central que acabe con “toda forma de ambigüedad” sobre este tipo de prendas de baño porque “la igualdad de acceso a un servicio público es un desafío de cohesión nacional” cuya interpretación no debería estar en manos de los territorios. “Si la piscina es como las escuelas, un oasis sin símbolos religiosos, entonces que se haga una ley como para las escuelas”, declaró.

El Ministerio de Deportes acaba de publicar, junto con el Observatorio de la Laicidad, una guía sobre “laicismo y religión en el deporte”. Sobre el burkini, subraya que la prohibición directa o indirecta de esta prenda “solo puede ser legal sobre bases objetivas como la higiene y o la seguridad”, y que estas además deben ser “demostrables, para no provocar una discriminación indirecta por motivos religiosos”. El problema, una vez más, es que deja en manos de los responsables locales discernir esta cuestión —“hipocresía de Estado”, clama el alcalde de Grenoble— y se limita a proponer “un diálogo individual con la persona para explicarle los motivos objetivos de las restricciones basadas en la higiene”. Tampoco responde a la cuestión de si, realmente, la higiene es hoy en día un argumento válido ante burkinis hechos con el mismo material que los demás bañadores o, también, las camisetas de licra que se recomienda cada vez más para protegerse del sol. ¿Se puede prohibir el burkini y no esta prenda?