Ingresan en una prisión de Sevilla los cinco integrantes de La Manada detenidos

Los cinco miembros de La Manada han sido detenidos. Algunos de ellos planeaban salir de Sevilla, según ha podido saber este diario. El arresto de cuatro de ellos ha tenido lugar apenas una hora después de que concluyera la vista pública en el Tribunal Supremo, casi simultáneamente a que se hubiera emitido el fallo. La detención se ha producido a petición de la Audiencia de Navarra que ha emitido una orden de busca y captura inmediata contra los cinco integrantes del grupo para su ingreso en prisión. Ángel Boza, el más joven del grupo, que fue condenado este verano por el robo de unas gafas de sol, se ha entregado poco después de las cuatro y media de la tarde en la comisaría de la calle Blas Infante, en la capital andaluza. A última hora de esta tarde los cinco han sido ingresados en el centro penitenciario Sevilla, en Mairena del Alcor.

La policía había extremado la vigilancia sobre los cinco condenados. La última vez que se les vio en libertad ha sido esta mañana a su salida de los juzgados de Sevilla, donde todos los lunes, miércoles y viernes han de presentarse a firmar, como parte de las medidas estipuladas para su libertad condicional. A los cinco, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero se les retiró el pasaporte.

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“No esperábamos que la orden de busca y captura fuera tan rápida ni que el fallo fuera a dictarse de manera tan inmediata”, ha explicado a este diario su abogado, Agustín Martínez Becerra, al poco de conocerse el fallo del Supremo. Los magistrados han calificado lo ocurrido en los sanfermines de 2016 como agresión sexual y no como abuso, elevando las penas a los condenados a 15 años de cárcel. Tras regresar de Madrid, donde ha acudido a la vista del Tribunal Supremo, Martínez Becerra ha cuestionado la rápida detención de sus defendidos. "¿Cómo pueden irte a detener sin tener todavía la comunicación del fallo?", se ha preguntado y ha lamentado que ni siquiera se les haya permitido darles tiempo para despedirse de su familia.

El abogado tampoco entiende la rapidez con la que el Tribunal Supremo ha dictamino que los hechos cometidos por sus defendidos sean constitutivos de agresión sexual. "Cinco magistrados de Pamplona, con todas las pruebas, han fallado después de varios meses que era abuso sexual y el Supremo en una hora ha fallado que es agresión", ha explicado. Martínez Becerra considera que se ha llevado a la cárcel "a cinco inocentes" y ha cuestionado las declaraciones que a lo largo de todo este proceso han realizado los políticos, asegurando que con ellas se ha presionado a los jueces.

No se baraja la hipótesis de que los miembros de La Manada tuvieran planeado fugarse, ya que no disponen de pasaporte, sino que podría tratarse de una vía para huir de la presión mediática que estaba generando la vista en el Supremo y su posterior resolución y pasar juntos su último fin de semana en libertad, informan fuentes cercanas al caso. "Ellos pueden salir de Sevilla, no tienen ninguna limitación", ha señalado su abogado. En el momento de ser detenidos, ninguno ha puesto trabas y todos han colaborado, confirman fuentes policiales.

Durante prácticamente el año que han permanecido en libertad condicional casi ninguno de los integrantes de La Manada ha pasado inadvertido. Al poco de llegar a Sevilla, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, trataba de renovar su pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido de acuerdo con las medidas cautelares impuestas. Aunque la Audiencia Provincial de Navarra solicitó su reingreso en prisión por riesgo de fuga, finalmente se desestimó la petición. A lo largo de estos meses, el instituto armado decidió suspenderlo de sus funciones y perderá su condición como agente de forma definitiva una vez que se le notifique la sentencia del Tribunal Supremo.

Ángel Boza es el único integrante de La Manada que no está imputado por otro caso de abuso sexual. El resto de sus componentes perpetraron en la localidad cordobesa de Pozoblanco el 1 de mayo de 2016 un acto similar. La Fiscalía pide para ellos siete años de prisión.