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La Fiscalía investiga la amputación “por un error” de la pierna a un bebé prematuro en Castellón

Los padres quieren que se determine si el daño cerebral y motor del pequeño, que nació en 2013 con 25 semanas, pudo deberse a una negligencia

Entrada del Hospital General de Castellón. rn
Entrada del Hospital General de Castellón.

Nació prematuro, a las 25 semanas de gestación y por cesárea en el Hospital General de Castellón. Fue en agosto de 2013. Pesó 880 gramos. A los 28 días el bebé se puso “muy malito”, dicen sus padres, Ana y Vicente. Estuvieron dos días pinchándole en las femorales buscando una vía central. Su pierna derecha se puso morada por los hematomas que le habrían provocado los intentos de canalización de la vía. En un pasillo cercano a la UCI de neonatos, afirman los padres, la pediatra jefe les confesó en alusión al pinchazo que, según su relato, provocó que se cortara el riego sanguíneo: “Nos hemos equivocado”. Lo que vino después fue la amputación “por error” de la pierna y una supuesta secuela cerebral al haberle, “también por error”, desintubado “a destiempo”, indican los padres en la denuncia interpuesta a principios de mayo. La Consejería de Sanidad, de la que depende el citado centro hospitalario, defiende que no existieron tales negligencias.

Ana y Vicente, los padres del bebé, denunciaron el caso a la Asociación del Defensor del Paciente, que a su vez llevó la causa ante la Fiscalía de Valencia. Esta la trasladó al ministerio público de Castellón, que acaba de abrir diligencias para investigar lo ocurrido a petición del colectivo. “Ojalá se haga justicia, la que no ha sabido hacer la Administración, porque la familia lo merece”, explica a EL PAÍS Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente.

“Fue un niño muy buscado, llegó mediante una fecundación in vitro”, relatan Ana y Vicente, para quienes la decisión de la Fiscalía es una buena noticia. “Queremos justicia”, dicen. El pequeño tiene hoy cinco años y medio y un 80% de discapacidad. No anda ni se vale por sí mismo. Tiene “leucomalacia periventricular, displasia bronquiopulmonar, retraso madurativo, estrabismo y el 26 de este mes tenemos que hacerle unas pruebas de digestivo en La Fe”, enumera la madre, Ana. Los padres, que piden como responsabilidad patrimonial la que se ajuste a las necesidades que le hagan falta a su hijo, insisten en que la amputación de la pierna se debió a un error. Ahora quieren que se investigue si las secuelas cerebrales y motoras del pequeño están relacionadas con una “desintubación accidental” al serle retirado “el tubo del oxígeno”.

A las 23 semanas de embarazo, Ana empezó a perder líquido amniótico e ingresó en el Hospital General de Castellón. Pocos días después nació su hijo. “Era un gran prematuro, pero nació bien, 880 gramos, sin complicaciones…”, recuerda el padre, Vicente.

Los problemas llegaron al mes. El niño enfermó y estuvieron “dos días pinchándole en las femorales buscando una vía central”. Tenía la pierna llena de hematomas. El equipo médico reconoció a los padres que habían errado en el pinchazo, según recoge la denuncia presentada ante la Asociación Defensor del Paciente.

“La pierna empezó a ponerse de un tono morado. Pasaron entre siete y nueve días hasta que vino el cirujano vascular a visitar a mi hijo. La pierna pasó del tono morado al negro. Primero nos dijeron que quizás solo le amputarían la punta de los dedos. Después ya nos confirmaron que la amputación sería diez centímetros por debajo de la rodilla. Como bien nos dijeron, se equivocaron. Buscando una arteria perforaron una vena y esta se cerró, cortando el riego sanguíneo a la pierna derecha”, indica Vicente.

Los padres aseguran que nadie desde el centro hospitalario ha contactado con ellos para darles algún tipo de explicación. Tras la denuncia, la Consejería de Sanidad emitió un comunicado alegando haber actuado “de manera totalmente rigurosa”.

“En su momento se designó órgano instructor que concluyó desestimar la reclamación patrimonial planteada en relación al caso al entender que no existió negligencia médica alguna”, indicaba el escrito. A las alegaciones presentadas por la familia, el Consell Jurídic Consultiu ratificó que no procedía responsabilidad patrimonial de la Generalitat Valenciana.

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