La Audiencia Nacional investiga a Johnson & Johnson por sus prótesis de cadera defectuosas

La Audiencia Nacional está investigando a la multinacional norteamericana Johnson & Johnson, una de las mayores farmacéuticas del mundo, por haber comercializado prótesis de cadera defectuosas que llegaron a implantarse en pacientes en decenas de países, entre ellos España, y que le han costado a la firma, solo en EE UU, 120 millones de dólares en indemnizaciones. Las prótesis, según se ha dado por probado en otras causas, liberan sustancias metálicas dañinas para la salud. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid acaba de hacer públicas sus actuaciones, que se originan en una querella presentada en agosto de 2017. 

Las prótesis, conocidas como ASR y comercializadas a través de la filial DePuy, se distribuyeron en 70 centros repartidos por casi todas las comunidades autónomas españolas y se implantaron al menos a 3.000 personas hasta 2010, cuando la empresa las retiró del mercado nacional. Un año antes, en 2009, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ya había ordenado dejar de comercializar este producto en su país. La empresa ha vendido alrededor de 93.000 prótesis ASR en todo el mundo.

Las actuaciones del juzgado central nacen de una querella criminal que un grupo de 63 afectados (inicialmente 43, a los que se sumaron otros 20) presentó hace dos años. El juez ya ha llamado a declarar a tres expresidentes y a un representante legal de Johnson & Johnson en España. Todos ellos se han acogido al derecho a no declarar. Entre los otros investigados se encuentran, además, ingenieros que diseñaron las prótesis y otros altos cargos de la firma. Los querellantes piden que se les juzgue por delitos de fraude en productos sanitarios y estafa agravada.

Los pacientes, representados por el abogado Emilio Ortiz, defienden que había defectos de fabricación en las prótesis que les provocaron daños irreversibles tras la retirada de las mismas. Basándose en varios documentos que están resultando clave en procesos judiciales contra la multinacional en otros países, aseguran que los problemas ya se conocían antes de 2000. Según la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía sabía desde antes de 2010 que las prótesis del modelo ASR XL podían causar daño a las personas. Un 12% de ellas fallaba y se aconsejaba retirarlas.

Primer caso criminal

Es la primera vez que en España los tribunales investigan a Johnson & Johnson por una querella criminal. Los pacientes afectados han conseguido ya dos sentencias favorables, ratificadas por sendas audiencias provinciales, con las han logrado cerca de medio millón de euros en indemnizaciones.

Uno de los problemas comunes de este tipo de prótesis es la liberación de iones metálicos de cromo y cobalto, dañinos para la salud. Así lo establece una sentencia dictada en Vigo, en 2018, en la que un afectado reclamó a Johnson & Johnson una indemnización por las consecuencias de su operación. El juez establece como hechos probados que “las partículas metálicas presentes eran producto del desgaste abrasivo producido por terceros cuerpos y consecuencia de un defectuoso proceso de fabricación”. Una situación que se produce en parte por el rozamiento entre la parte que sustituye el hueso del fémur (la cabeza femoral) y la pieza que sirve de enganche con la cadera (el cotilo). De ahí que el roce genere dolor e imposibilite los movimientos.

Un problema global

Las causas contra DePuy, propiedad de Johnson & Johnson desde 1998, se han repetido en decenas de países del mundo. En Estados Unidos, la tecnológica sanitaria ha alcanzado acuerdos de compensación con más de 9.800 pacientes, según desveló The Implant Files, una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En enero de este año, la empresa ha sido condenada a pagar 120 millones de dólares de indemnización a 46 Estados de Estados Unidos por comercializar de forma engañosa implantes de cadera con dispositivos metálicos. El proceso judicial lo lideró la fiscal de Nueva York, quien anunció que su oficina y la de otros 45 fiscales generales de todo el país lograron un fallo de consentimiento de 120 millones de dólares con Johnson & Johnson y DePuy para resolver las acusaciones de que la compañía promovió ilegalmente sus implantes de cadera con dispositivos metálicos, concretamente los modelos ASR XL y el Pinnacle Ultamet.