La propuesta de Rivera sobre ‘vientres altruistas’, a examen

La frase escoció en un sector amplio del movimiento feminista español. “Me pregunto si hay algo más feminista que una mujer ayudando a otra a ser madre”, dijo en enero el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Su partido es el único que plantea permitir los vientres de alquiler en España. En el programa electoral para las generales del 28-A, lo presenta como una ley "para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia“. El PSOE, contrario a esta práctica, que no es legal en España, lleva por primera vez en su programa actuar contra las agencias que ejercen como intermediarias. En septiembre de 2017, Ciudadanos registró una proposición de ley, que se ha quedado sin debatir esta legislatura, en la que hablaban del “derecho” a la gestación por subrogación. Tres especialistas en Derecho analizan el documento.

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¿Un derecho? “Un hijo no es un bien o un servicio que el Estado pueda garantizar o suministrar, sino un ser humano titular de derechos”, señala un informe de marzo de 2018 de la relatora especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños. “De ahí que ofrecer un derecho a tener un hijo suponga una denegación fundamental de los derechos humanos del niño en condiciones de igualdad”, añade la relatora. Vicente Bellver, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética de España, ahonda en la idea: “No conozco ninguna otra normativa sobre gestación subrogada que hable de derechos”. “El recurso más eficaz para justificar cualquier cosa es envolverlo en la bandera de los derechos. Ciudadanos hace un cierto ejercicio de cinismo porque habla del derecho de los comitentes a ser padres por esta vía y el derecho de las mujeres a poder ofrecer sus servicios”, añade Bellver. 

El modelo. El partido de Albert Rivera asegura que su propuesta está inspirada en el modelo altruista canadiense, en el que las mujeres que se embarazan para terceros solo reciben a cambio el reembolso de los gastos que han tenido. En el programa electoral recién presentado habla de una ley “garantista” e incluye también al Reino Unido. Sin embargo, la proposición de ley de Ciudadanos alude a una “compensación económica resarcitoria” que deja margen a la interpretación, según los especialistas consultados, y no aborda qué papel pueden tener las agencias intermediarias o qué podrán cobrar por ello. La relatora de la ONU reclama que los tribunales y “otras autoridades” exijan que todos los reembolsos a las mujeres “sean razonables y estén detallados”. Bellver lo compara con otras prácticas sí permitidas en España. “Aquí ya tenemos experiencia con las compensaciones a donantes de esperma y óvulos [unos 1.000 euros en este último caso]. Son mucho más de lo que estrictamente exigiría resarcir horas de trabajo, gastos de transporte o las incomodidades registradas”. Iván Heredia, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid, echa en falta más detalles: “El texto deja importantes cuestiones en manos de un futuro desarrollo reglamentario. Entre otros, una mayor concreción de los gastos derivados del embarazo, así como una regulación detallada de las funciones de los intermediarios y de los requisitos impuestos a los progenitores subrogantes”.

Escrutinio desigual. La propuesta de Ciudadanos contempla un control desequilibrado entre las partes. Las “mujeres gestantes”, como las llama el documento, no pueden tener antecedentes penales, ni haber sufrido depresiones y están obligadas a someterse “en todo momento” a evaluaciones psicológicas y médicas. Para los “progenitores subrogantes”, también en el argot de la proposición de ley, no concreta ningún tipo de examen: deberán acreditar la “capacidad, aptitud y motivación adecuadas”, sin más especificación. La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona Noelia Igareda reclama en este proceso las mismas garantías que se exigen en el caso de una adopción, con un sistema de “fuerte control legal” por parte de la Administración que garantice que no se produce “una situación de compraventa ni de explotación”. “Una pareja que quiere adoptar tiene que pasar pruebas de idoneidad, psicológicas y económicas. Dada la complejidad de la gestación subrogada, debería ser igual en este caso”, recomienda Igareda, igual que Heredia.

En caso de aborto. La propuesta de Ciudadanos recoge que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres como contempla la ley de salud sexual y reproductiva de 2010. No añade nada más. Heredia echa en falta una regulación “más detallada de los conflictos de interés y de los posibles incumplimientos del contrato de gestación subrogada; por ejemplo, ¿qué ocurre si la mujer gestante quiere abortar o decide no entregar al bebé?”.

Autonomía de las mujeres. Para Noelia Igareda, este modelo respeta el poder de decisión de las mujeres y lo argumenta así: “Nadie se cuestionó si yo estaba siendo explotada cuando me hipotequé. Solo dudamos de la capacidad de las mujeres cuando hablamos derechos de reproducción o sexualidad”. En opinión de Iván Heredia, la proposición de ley acierta al “establecer que no debe haber relación familiar u otros vínculos entre los padres de intención y la gestante para evitar que haya presión sobre ella; es importante evitar la coacción y garantizar que el consentimiento no esté viciado”.