Un tribunal obliga a adaptar la enseñanza a la necesidad de un niño disléxico

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la Consejería de Educación de la comunidad autónoma a tomar medidas para que la enseñanza que recibe un niño con dislexia se adapte a sus necesidades de aprendizaje. La sentencia reconoce a unos padres que la consejería vulneró el derecho constitucional a la igualdad de su hijo, al no atender sus reiterados requerimientos para que el niño fuera sometido a una evaluación pedagógica y para que la enseñanza se adaptara a su problema.

Al cumplir los seis años, los padres se dieron cuenta de que el niño era muy inteligente, pero a la hora de pasar sus conocimientos al papel, se frustraba. Esto hizo que empezara a tener problemas en el colegio concertado Juan Ramón Jiménez, al que acudía en Las Palmas de Gran Canaria, y provocó que se negara a ir a las clases, llorara y se comportara mal.

Tras un primer examen externo, descubrieron que el pequeño sufría dislexia y solicitaron sin éxito al centro que se le hiciera una evaluación psicopedagógica para adecuar su metodología de estudio. Por ejemplo, mediante la modificación de la forma en que se le hacían los exámenes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC relata que la familia recibió en los años siguientes respuestas evasivas por parte del colegio: primero, que no disponían de gabinete psicopedagógico; después, que el niño no padecía dislexia, sino una falta de estimulación del lenguaje; más tarde, que avanzaba bien; y por último, que su coeficiente intelectual estaba en la media.

El centro lo incluyó en un grupo con necesidades especiales durante dos horas por semana. La respuesta “fue peor, porque lo que necesitaba era una adaptación metodológica y no eso. Me preguntaba si era tonto”, señala la madre del menor, que prefiere quedar en el anonimato.

La situación no mejoró con el tiempo y al no adoptar el centro las medidas requeridas, “se cansaba y empezaba a molestar al de al lado”. Los progenitores decidieron contratar apoyo fuera de las aulas para que el niño evolucionara. Sin embargo, según su versión, cuando llegaba a las clases le  regañaban diciendo que no tenía dislexia. “Tú lo que tienes es que eres un gandul, te portas mal", asegura la familia que le decían. "Tiraban a la basura todo el trabajo que teníamos hecho de fuera”, apostilla.  La familia presentó una demanda judicial contra la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, que terminó con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dando la razón a los padres.

Admisión de informes privados

Los progenitores solicitaron al centro la evaluación en 2013, según la sentencia. Al no obtener respuesta, elevaron la petición a la Consejería de Educación en 2016 y un año después se expidió un preinforme psicopedagógico que concluyó que el estudiante tenía un coeficiente intelectual de 116, una evolución positiva, un nivel adecuado en lectura y progreso en escritura. “Sin embargo, se dice que la orientadora no se reunió con el menor en ningún momento”, apostilla el texto.

Unas conclusiones que la Sala no considera “concluyentes”, puesto que “el hecho de que el menor tenga un coeficiente intelectual de 116, no implica que no existan las dificultades de aprendizaje, las cuales han sido puestas de manifiesto a través del estudio realizado por el gabinete privado al que tuvieron que acudir los padres por la nula respuesta dada por el centro y las autoridades educativas”.

La Asociación Casa del Funcionario, que ha difundido este jueves la sentencia, recuerda que los departamentos de orientación de los colegios no realizan diagnósticos de dislexia y hasta la fecha tampoco admitían los provenientes de centros privados.

En la actualidad, el menor cursa sexto de Primaria en un centro escolar público y hasta la fecha no ha repetido curso. Los padres aseguran que han gastado 18.000 euros en apoyo privado. La madre señala que luchará para que Educación haga la correspondiente evaluación psicopedagógica a su hijo y adapte sus estudios en Secundaria.  Una evaluación que, según denuncia la asociación, todavía no se ha hecho pese a la sentencia judicial, fechada en diciembre de 2018, por lo que el colectivo solicitará la ejecución de la misma. Preguntado al respecto, el Gobierno de Canarias guarda silencio.