Ser mujer trans en un país donde su esperanza de vida es de 33 años

Bianka Gabriela Rodríguez, mujer transexual y activista salvadoreña de 25 años, mantiene durante la entrevista un tono amable que acompaña regularmente con una sonrisa. El gesto solo se le ensombrece al final, ante la pregunta de cómo es que parece optimista después de haber recordado una infancia que hubiera doblegado a muchos, los asesinatos atroces de dos compañeras de lucha por los derechos del colectivo LGTBi, un amplio catálogo de violencias y discriminaciones cotidianas y el escalofriante dato de que la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador es de 33 años, 40 menos que para la población general del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Siempre digo que aunque haya marea alta al final tiene que bajar, pero es triste que muchas mujeres trans hayan tenido que morir para conseguir los derechos que tenemos ahora, los pocos”, contesta.

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La conversación tiene lugar el primer miércoles de febrero en la antigua estación de trenes del barrio de Benalúa, en Alicante, sede de Casa Mediterráneo, una institución promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que Rodríguez ha sido invitada a participar junto a otras 18 mujeres latinoamericanas, del África Subsahariana y el Magreb, además de españolas, en un debate sobre la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto y los liderazgos femeninos en la construcción de la paz. Una jornada organizada por la Generalitat valenciana con la colaboración de la Fundación Mujeres por África y la entidad anfitriona.

El Salvador forma, con Guatemala y Honduras, el triángulo norte centroamericano, la región más peligrosa de Latinoamérica para las personas LGTBi, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal amenaza, afirma Rodríguez, presidenta de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), son las maras –las pandillas juveniles altamente organizadas que controlan amplias zonas del territorio– y lo que describe como “grupos de exterminio” vinculados a la extrema derecha. “Muchas mujeres trans se ven empujadas al trabajo sexual al no haber podido estudiar ni tener acceso a empleos formales. En la calle, las maras las asedian, las golpean, abusan de ellas y tienen que pagarles una cuota para que les dejen trabajar en las cuadras”. La policía, añade, constituye normalmente otra fuente de extorsión y el nivel de esclarecimiento de los crímenes de que son objeto es ínfimo: “Desde 2015 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans que siguen en la impunidad”.

Entre los homicidios sin resolver figura también el de la activista Tania Vásquez, que desapareció tras salir de una reunión de la asociación que dirige Bianka Rodríguez hace seis años. Vásquez fue hallada al día siguiente en un parque de San Salvador envuelta en un plástico negro y atada de pies y manos. Había sido torturada y violada, le habían cortado los genitales y se los habían colocado a la altura de los pechos. En mayo de 2015, otra activista LGTBi, Francela Méndez, integrante de la Red Salvadoreña de los Derechos Humanos fue asesinada a golpes en el municipio salvadoreño de Sonsonate. El autor o los autores del crimen le cortaron el cabello con un machete.

La discriminación persigue con frecuencia a estas mujeres después de la muerte. Rodríguez explica que la familia de Tania Vásquez no quiso reconocer el cuerpo ni hacerse cargo del entierro, y fueron sus compañeras de Comcavis Trans las que compraron el féretro. “Hay muchos casos de asesinadas en los que la familia no quiere hacerse responsable. Y si lo hacen, suelen enterrarlas con el género masculino; les cortan el pelo, no las maquillan, las visten con ropa de hombre”.

Huérfana de padre, la madre de Rodríguez reprimió desde niña su identidad encerrándola días enteros en una habitación. “La escuela era la única vía de libertad que yo tenía. Cuando cumplí 15 años, como todas las niñas, empecé a usar brillo en los labios y un poco de polvo. Una maestra la mandó llamar y mi madre me dijo enfrente de toda mi escuela que no me podía aceptar porque ella había tenido un niño, no una niña, y que para ella yo era una aberración”. Poco después, Rodríguez se fugó de casa. Encontró trabajo en una panadería, donde la explotaban y dormía sobre los sacos de harina y azúcar. A los 18, su abuela materna la acogió, la animó a retomar los estudios y le permitió desarrollarse como mujer.

Para explicar la discriminación institucional que padecen las mujeres trans en El Salvador, Rodríguez abre el bolso y saca el pasaporte, en el que al lado de su foto figura un nombre masculino. “Cada vez que voy a la dirección de migración para salir del país, al verlo los agentes se codean, se burlan. Y eso, además de incomodar, es una forma de violencia. Lo mismo pasa con el Documento Único de identidad. Tenemos muchos problemas para acceder a trabajos porque no se nos reconoce el derecho a que aparezca en él nuestro nombre y nuestra identidad”.

El prejuicio que da por sentado que todas las mujeres trans tienen el VIH y la discriminación adicional que sufren las personas portadoras del virus también les cierra el paso a las consultas médicas y a la atención sanitaria, afirma Rodríguez. “Nuestra organización ha tenido que intervenir ante las instituciones de salud porque hay mujeres trans que llegan a los centros apedreadas, acuchilladas o con heridas de bala y no son atendidas porque el personal se niega a tocarlas”.