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Bilbao realojará en pisos municipales a afectados por casos graves de ‘bullying’

El Ayuntamiento cambia la normativa tras el acoso extremo sufrido por una joven durante dos años

Una adolescente en su habitación con una tablet con el texto: Déjame en paz.
Una adolescente en su habitación con una tablet con el texto: Déjame en paz.

La vida de una joven ha dado un giro completo desde que el Ayuntamiento de Bilbao accedió a concederle una vivienda municipal que le ha permitido escapar del acoso "bestial" que venía sufriendo en el instituto y en su barrio. "Fueron dos años muy duros. Su salud física y mental estaba en grave riesgo a causa del bullying", afirma su abogada, Beatriz Ilardia. Solo un cambio de entorno social, su realojo en otra zona de Bilbao, podía liberarle de los insultos, desprecios, burlas... que estaba padeciendo y le causaron un trastorno depresivo galopante. Ahora vive lejos de aquel entorno "tóxico", ha recuperado la sonrisa y la ilusión por centrarse en la carrera de Farmacia. A raíz de este caso, el Consistorio de la capital vizcaína modifica hoy lunes la normativa municipal para permitir que personas afectadas por acoso físico o psicológico también puedan acceder a viviendas públicas.

La joven, ahora mayor de edad, se instaló cuando tenía 16 años en Bilbao junto a sus padres de origen marroquí y sus tres hermanos, todos menores que ella. Vino en 2016 de Madrid, su ciudad natal, donde era aplicada en los estudios. Pero su expediente académico comenzó a empañarse en su nuevo destino. "Un bullying sangrante, primero en la escuela y después en el barrio, estuvo a punto incluso de tener un desenlace fatal". Ella no quiere hablar del calvario que ha sufrido. Lo hace en su nombre la letrada que le ha asistido. Asumió este caso a comienzos de 2017 estando en el turno de oficio: "Me pareció gravísimo lo que estaba sucediendo. Llevaba un curso entero sufriendo acoso. Necesitaba ayuda urgente", explica Ilardia.

Los compañeros de clase se ensañaron con la joven madrileña. Le insultaban, le decían que era fea y gorda, le humillaban con comentarios xenófobos: "No queremos gente como tú" o "vete a tu puto país". Dos profesoras dieron la voz de alarma y se activó el protocolo de asistencia social. Los informes psicosociales, comenta la abogada, advertían de un caso "extremo" de bullying que ya se había extendido al barrio y estaba afectando a otros miembros de su familia. La situación llegó a provocar problemas en la salud de la joven, que de niña tuvo que ser operada del corazón por una afección congénita. "Era una menor muy vulnerable, sin arraigo en el barrio. Había que buscar una solución. Todos los especialistas consultados coincidían en que había que trasladar a la familia a otro lugar, fuera de ese círculo de incomprensión", afirma Ilardia, concejal de EH Bildu en Galdakao (Bizkaia) y cabeza de lista a las Juntas Generales de esta provincia en las próximas elecciones de mayo.

La familia comenzó a buscar un piso en otro punto de Bilbao y llegó a marcharse temporalmente a Marruecos para ver si la situación mejoraba. "Alquilar un piso en el mercado libre les resultó imposible. Les llegaron a exigir una nómina mensual de 1.800 euros", cuenta la letrada. Los padres estaban en el paro, pero no habían dejado de pagar la renta mensual del piso en el que vivían. El Departamento de Acción Social del Consistorio prestó su ayuda para encontrarles otro alojamiento. Ante esta barrera, solo quedaba libre la opción de un realojo en alguna de las viviendas municipales reservadas para casos de exclusión social. Pero esta vía también presentaba dificultades, puesto que la normativa municipal no contempla la concesión de una vivienda pública para un supuesto de acoso escolar. Ilardia decidió poner el caso en conocimiento del grupo de la oposición EH Bildu y amenazó a los servicios sociales y de vivienda del Ayuntamiento de Bilbao con "salir a los medios con la denuncia". "No es la solución que debe aplicarse a un caso de bullying como este", sostiene la abogada, "pero había que dar con una solución de urgencia. Es triste que tenga que abandonar su entorno, pero no cabía otra que marcharse de allí".

Finalmente, la dirección de los servicios sociales de Bilbao "movió ficha" y dio con una fórmula para realojar a toda la familia en una nueva residencia. El área de Viviendas Municipales decidió poner un piso público a disposición de una ONG dedicada a la lucha contra la exclusión social para que esta familia pudiese escapar del infierno que estaban viviendo. "Fue un parche, pero al menos se logró acabar con el sufrimiento", dice Ilardia. Eso ocurrió en junio de 2018, tras dos años de hostigamiento. "Ella está ahora fenomenal y el resto de la familia también. Es una persona nueva", añade.

El Ayuntamiento de Bilbao ha tomado cartas en el asunto con una reforma legal que en adelante permitirá conceder un piso social a personas afectadas por violencia física y psicológica que necesiten un cambio de domicilio. "Debería ser suficiente un informe de los servicios sociales para dar una respuesta a estos supuestos", opina la letrada. El consejo de dirección de Viviendas Municipales va a aprobar hoy, con el respaldo de todos los grupos políticos, el cambio en el reglamento municipal: "Se trata de ser más diligentes y eficaces ante casos de bullying, maltrato a mujeres...", apunta un portavoz del área de Vivienda.

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