El asesino de Santamalia quedó libre contra el criterio de Prisiones y el fiscal

Este viernes tendría que haber ido a una fiesta sorpresa que ella misma estaba preparando con otras amigas. Pero está muerta. El cadáver de Rebeca Santamalia Cancer, de 47 años, fue hallado en Zaragoza en la vivienda de José Javier Salvador Calvo, que estaba en libertad condicional desde enero de 2017 tras haber cumplido 14 de los 18 años de cárcel a los que fue condenado por haber matado en 2003 a su esposa.

Santamalia había sido su abogada defensora en aquel juicio y también quien había conseguido que fuera excarcelado antes del final de la pena. Su recurso convenció entonces al juez de Vigilancia Penitenciaria, quien concedió a Salvador Calvo la libertad condicional pese al criterio en contra del fiscal y de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera, en Zaragoza, donde estaba recluido. Los expertos penitenciarios habían destacado en sus informes que “el pronóstico de integración social” del recluso era “desfavorable” porque aún debía abonar más de 300.000 de los 332.670 euros que le impusieron como responsabilidad civil a los familiares de su primera víctima, según se recoge en el documento judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

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El cuerpo de Santamalia —que era madre de un chico de 14 años— fue localizado en la madrugada del viernes en el número 21 de la calle de Francisco de Pradilla de Zaragoza. Presentaba heridas de arma blanca. El hallazgo se produjo después de que su marido denunciase a la policía su desaparición, según detallan fuentes de la investigación. Los agentes se pusieron en contacto en primer lugar con la hermana de la víctima, con la que compartía un despacho situado a apenas tres minutos del piso donde finalmente fue hallado su cadáver. La mujer alertó de la posible relación sentimental de su hermana con su defendido y facilitó la dirección en la que este vivía. Al no responder nadie al teléfono de la vivienda ni a la puerta, la policía contactó con Ana Salvador, la única hermana del presunto asesino, que fue la que facilitó las llaves para que entraran en la vivienda. Eran las 04.20.

Esa misma madrugada, los agentes de un coche patrulla de la Policía Nacional observaron caminar por el viaducto de Teruel a un hombre. Este echó a correr cuando los policías se dirigieron hacia él. Le perdieron de vista. Poco después descubrieron que se había arrojado al vacío. Se trataba de Salvador Calvo. En los bolsillos llevaba las llaves de una furgoneta y 1.200 euros, pero no documentación. Tuvo que ser identificado por las huellas dactilares. En ese momento, la policía cruzó ambas historias. Salvador Calvo aparecía como el presunto asesino de la mujer que le había defendido 15 años antes en el juicio por la muerte de su esposa.

El 22 de mayo de 2003, este hombre que trabajaba como albañil mató a su esposa, Patricia Maurel Conte, de 29 años, de una decena de tiros con una carabina y abandonó el cadáver en un campo de cultivo cercano a la localidad en la que residían, Puebla de Híjar (Teruel). La joven era candidata del PP a la alcaldía de ese municipio y fue asesinada unos días antes de las elecciones municipales. Salvador Calvo, tras apretar el gatillo, se desplazó hasta Alcañiz y después con un amigo a Teruel, donde confesó el crimen. La madre de la víctima le había denunciado esa misma noche por amenazar de muerte a su hija. El asesino también contó a su hermana que había matado a Patricia Maurel. Fue condenado a 18 años de cárcel.

Salvador Calvo ingresó en la prisión de Teruel en mayo de 2003. La fecha prevista para que extinguiera la pena era el 10 de junio de 2021. En diciembre de 2011, un juez de Vigilancia Penitenciaria le concedió el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad, lo que le permitió empezar a disfrutar de permisos de manera frecuente y conseguir un trabajo fuera. Aquella decisión fue tomada pese al informe desfavorable de la Junta de Tratamiento del penal turolense, un órgano formado por el director de la prisión, el subdirector de tratamiento, el jefe médico, un trabajador social, un educador y un jefe de servicios encargado de estudiar la situación de cada recluso y decidir sobre sus permisos y en qué grado penitenciario cumplen condena.

En 2013, Salvador Calvo fue trasladado a la prisión de Zuera, en Zaragoza, donde tuvo un buen comportamiento, según detallan fuentes penitenciarias. Dos años después, al cumplir dos terceras partes de la condena, solicitó por primera vez la libertad condicional, según informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin embargo, su petición fue rechazada tanto por la prisión como, posteriormente, por el juez de Vigilancia Penitenciaria 2 de Aragón, Luis Pablo Mata Lostes, que consideró que no cumplía los requisitos para ello.

En el auto por el que ordenaba la excarcelación de Salvador Calvo, el magistrado justificaba su decisión en que llevaba ya cinco años en régimen de semilibertad y que en todo este tiempo había mantenido “buena conducta”, además de que solo le quedaba por cumplir una cuarta parte de la pena que se le impuso por el crimen de 2003.

El juez también recalcaba que Salvador Calvo había asistido en prisión a “un programa específico” de los que se imparten a los presos de violencia de género para su reinserción y que tenía “hábitos laborales consolidados” que le permitían obtener cerca de 900 euros al mes con los que ir abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado. El auto también destacaba que, en los seis años que llevaba en tercer grado penitenciario, había “disfrutado de numerosos permisos ordinarios y extraordinarios de salida sin que conste incidencia negativa”. Además, consideraba que su única hermana era un “apoyo familiar suficiente para su control en el exterior”.

300 euros al mes

Sobre el principal argumento esgrimido por Prisiones para negarle la libertad condicional —la elevada cantidad de la responsabilidad civil que aún le quedaba por abonar, ya que únicamente había cubierto algo más de 27.000 euros—, el juez consideraba que la excarcelación podía ayudarle a pagarla con más rapidez. De hecho, entre las condiciones que le impuso a Salvador Castro se encontraba el pago todos los meses de al menos 300 euros para satisfacerla y que presentara los justificantes de dichos ingresos en el juzgado. También le prohibió abandonar España sin autorización judicial y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. La fiscalía, que se había opuesto a la excarcelación, no recurrió el auto y el 5 de enero el juez ordenó su puesta en libertad. Poco más de un año después, se ha convertido en el presunto asesino de la abogada que le había ayudado a salir de la cárcel. El nombre de Rebeca Santamalia aparecía en el documento que recogía aquella decisión judicial.

Santamalia empezó su carrera de abogada en el despacho del penalista de Zaragoza José Antonio Ruiz Galve, ya fallecido, llevando casos penales y de familia. La letrada, muy conocida en el gremio, “intentaba siempre llegar a acuerdos”, recordaba este viernes un colega. Una amiga la describía como una mujer brillante, progresista, muy profesional, que coordinó los servicios de orientación penitenciaria del Colegio de Abogados, un servicio que los letrados prestaban a los reclusos de modo gratuito por el que el colegio de Zaragoza fue premiado el pasado septiembre.

Un total de 978 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Este año, que apenas comienza, ya suma tres muertes con esta, y otros tres casos se están investigando. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas del machismo. No deja rastro en las facturas, pero debe borrarse del móvil.