La fiscalía defiende en el Constitucional la posición de las radios frente a la Liga

En un negocio que mueve cientos de miles de euros, el ministerio público se posiciona junto a las radios en el Tribunal Constitucional (TC). La Fiscal General del Estado (FGE), María José Segarra, ha presentado un escrito de alegaciones en el tribunal de garantías donde pide que se desestime la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo contra el artículo 19.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permite a los periodistas de las emisoras entrar en los estadios para retransmitir en directo los partidos sin abonar la tasa que quería imponerles La Liga. La FGE mantiene que dicha norma no contraviene la ley fundamental al prevalecer la libertad de información y de servicio por “la función social inherente a la difusión de los acontecimientos deportivos”.

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“Debemos señalar que, a nivel del derecho de la Unión Europea, la función social y educativa del deporte es reconocida expresamente en el artículo 165.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, se arranca Segarra en su escrito de 26 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un documento en el que rechaza las pretensiones de La Liga de Fútbol Profesional (LFP), que en 2011 impidió a los periodistas de radio entrar en los estadios y abrió un conflicto que dura ya más de un lustro. Tras la negativa de las cadenas a pagar, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto que permite a los reporteros entrar en los campos, aunque deben abonar el precio de la entrada y los gastos ocasionados por el uso de las instalaciones.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fijó entonces ese importe en 85 euros por estadio, partido y operador. Pero la LFP recurrió a los tribunales al considerar que se le impedía la posibilidad de "comercialización" de los derechos de retransmisión radiofónicos. La Audiencia Nacional desestimó primero sus demandas —aunque elevó a 100 euros la cuantía establecida—, pero el Tribunal Supremo aceptó posteriormente el caso y lo elevó al Tribunal Constitucional al considerar que la ley podría contravenir los artículos 33 y 38 de la Constitución, que protegen el derecho a la propiedad y la libertad de empresa y economía de mercado.

Una tesis que la FGE no comparte: "Lo dispuesto en dicho precepto legal no vulnera [esos derechos]". Según la fiscalía, las competiciones deportivas "tienen una clara dimensión social y colectiva, en cuanto contribuyen al desarrollo de los valores humanos y culturales propios de nuestra sociedad". "El acceso de los ciudadanos a esos acontecimientos a través de su retransmisión radiofónica en directo sirve a esa función social", prosigue el escrito, donde expone que esa dimensión se garantiza a través del derecho a la libertad de información. Y, por tanto, la limitación de la mercantilización de la retransmisión "responde al fin legítimo de garantizar la libertad de información de los prestadores de servicios de comunicación y, especialmente, el acceso a la información que corresponde a los ciudadanos".

El ministerio público expone, a su vez, que esta restricción a la Liga "no puede considerarse desproporcionada", ya que la normativa prevé una compensación económica por los gastos que conlleva el uso de los periodistas de las instalaciones. "Además, los titulares de los derechos de retransmisión obtienen unos beneficios indirectos para sus clubs, como consecuencia de las retransmisiones radiofónicas de los eventos deportivos que, sin duda, pueden reportarles otras ventajas y beneficios, que no excluyen actividades económicas paralelas", advierte también la Fiscalía General del Estado sobre el negocio millonario que mueve el fútbol.