Galicia, la primera comunidad en acabar con la falda obligatoria en los uniformes

Prohibido obligar a las niñas a llevar falda en los colegios que imponen el uniforme. El Parlamento gallego ha aprobado una propuesta del grupo En Marea para la “eliminación de obstáculos” que impiden alcanzar la igualdad, entre ellos “la vestimenta diferenciada en los centros escolares”. Esa práctica está muy extendida en los centros privados y subvencionados con fondos públicos, aunque también se usa en algunos públicos. Con este acuerdo parlamentario, adoptado a través de una proposición no de ley —con lo que la Xunta no queda obligada a legislar sino a regular la situación— , Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma en la que se dará libertad de elección a las niñas respecto al uso de la falda o el pantalón en los colegios.

La supresión de la falda obligatoria, defendida por la diputada Luca Chao, será efectiva a partir del próximo curso escolar. La Xunta queda obligada a implantar "todas las medidas pertinentes" para evitar que los colegios con uniforme obliguen a las niñas a usar una prenda que, según ha defendido Chao, “puede condicionar su libertad de movimiento”, limitando su participación en juegos y actividades; algo que “genera distinción por sexo” en el entorno escolar.

"La eliminación de obstáculos para alcanzar la igualdad también consiste en eliminar la vestimenta diferenciada en los centros escolares", manifestó la diputada de En Marea y destacó que la falda es más que un símbolo: “perpetúa la división tradicional de roles impuestos a niñas y niños desde que son pequeños”. E incluso reconociendo que la mejor opción sería un "uniforme único" sin diferencia de género, pidió a la Xunta que impida que los colegios incluyan un código de vestimenta diferenciado por razón de sexo. "Estamos enseñando a nuestras hijas a ser guapas antes que felices; queremos niñas felices que jueguen en los patios, que sean libres y dueñas de sí mismas", señaló.

En Marea reconoce que se trata de un paso “pequeño pero considerable para fomentar la capacidad de decisión y autonomía” de las alumnas; el fin de una obligación que “perpetúa la división tradicional de roles que se impone a niñas y niños desde que son pequeños”. Chao apeló además a la manifestación del Tribunal Supremo sobre el hecho de que obligar a mujeres y hombres a llevar atuendo diferenciado contradice el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución.

PP, PSOE y BNG respaldaron la propuesta de En Marea por la que las alumnas puedan decidir a partir del próximo curso con libertad si usan falda o pantalón en sus uniformes. No obstante, el apoyo del PP estuvo condicionado: presentó una enmienda que trasladaba al Gobierno central la necesidad de regular en materia de vestimenta en los centros escolares y precisó que son los consejos escolares los que deben aprobar las normas de vestimenta que no discriminen por razón de sexo.

El BNG apoyó la iniciativa considerando, no obstante, que lo primero para promover la igualdad real y efectiva en la educación sería "acabar con la financiación pública de los centros que segregan al alumnado por sexo", según destacó la diputada Olalla Rodil. El socialista Luis Álvarez censuró al Ejecutivo gallego porque, pese a "tener todas las competencias" pretendiese “eludir sus responsabilidades reclamando al Gobierno que legisle sobre esta cuestión.

Una proposición no de ley similar fue aprobada para toda España en septiembre de 2017 en el Congreso de los Diputados, a instancias de Unidos Podemos y con el único voto en contra del PP, en el que se pedía al Gobierno la modificación de la ley de igualdad y la de educación para "garantizar la libertad de vestimenta y la no imposición de uniformes por sexo". Ahora, todos los grupos del Parlamento de Galicia han llegado a un acuerdo para hacerlo realidad en su comunidad. En el ámbito nacional no se avanzó más allá.

La diputada gallega de En Marea citó multitud de acuerdos adoptados en la Eurocámara y el caso de Reino Unido, donde el Gobierno puso en marcha hace unos años una campaña para eliminar cualquier referencia de género en la vestimenta escolar. Más de 80 centros públicos lo llevaron por primera vez a la práctica en 2016. Para Luca Chao, la mejor opción sería un "uniforme único", como el que ya existe en un colegio británico. También recordó que el Tribunal Supremo español ya dictaminó que obligar a mujeres y hombres a llevar atuendo diferenciado va en contra del derecho a la igualdad.

Ahora, está por ver qué medidas acabará adoptando la Xunta, pero los colegios concertados gallegos restan importancia a la decisión y afirman que casi todos aceptan ya la posibilidad de que las niñas lleven pantalón. "Si se desarrolla esta acuerdo, nosotros no tendremos ningún problema en adaptarnos; es algo que estamos haciendo ya de forma natural", dice Escuelas Católicas de Galicia, que aglutina a 117 centros y que recibe con "normalidad" el acuerdo parlamentario.

Lupi Peña, miembro de la ejecutiva gallega de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (Ferega), señala que desde el año pasado, en cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, estos colegios disponen ya un "protocolo orientativo" que les permite dejar libertad a las niñas para usar falda o pantalón. Cada centro decide.

En cualquier caso, Peña asegura que, cuando se deja libertad de elección, una considerable mayoría de las alumnas sigue optando por la falda. "Es muy infrecuente ver a alguna con pantalón", afirma el representante de la federación gallega, que añade que "suelen ser las familias las que deciden". Peña reconoce también que existe un hándicap: la ausencia, de momento, de pantalones de uniforme para niñas en el mercado.

A la Federación Española de Centros Religiosos (FERE) no le parece mal la iniciativa siempre y cuando no se convierta en ley. "Esto algo que forma parte de nuestro ideario", sostiene el secretario general adjunto de esta federación, Luis Centeno, que puntualiza que FERE aplaude cualquier medida que contribuya a la igualdad y a la no discriminación en todos los aspectos.

No obstante, los centros educativos católicos consideran que es fundamental que se mantenga la autonomía de los colegios a la hora de regular este asunto, como están haciendo ya, y se evite legislar; algo que, sostiene Centeno, "restaría libertad".