VIOLENCIA MACHISTA

La espera para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género en Las Palmas llega hasta 2020

Ruth Romero, la psicóloga de la Unidad de Valoración, denuncia más de un año de retrasos en los procedimientos

Un operario coloca un lazo contra la violencia de género en el Ministerio de Sanidad.
Un operario coloca un lazo contra la violencia de género en el Ministerio de Sanidad.Álvaro García

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“Con lo delicado que es esto, con lo que vemos cada día en las noticias… Esto no es un trabajito que hagamos en media hora. Y con lo que tengo ahora mismo, ya tengo la agenda llena hasta 2020”. Lo cuenta Ruth Romero, la única psicóloga de la única Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de la provincia de Las Palmas, y se refiere a la pila de peticiones para hacer informes psicológicos y psicosociales a víctimas de violencia de género que llenan su mesa. Asegura que lleva años quejándose de forma oficial a la Consejería de Justicia, de quien depende la Unidad, pidiendo más recursos y que se dé la importancia que tiene a ese equipo, creado en 2006, pero con una dotación de personal paupérrima.

Las UVFI empezaron a implantarse en 2004, cuando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recomendó su creación para analizar mejor el riesgo de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de un médico forense, un psicólogo y un trabajador social. Sin embargo, 14 años después siguen sin terminar de establecerse en todas las provincias (la recomendación oficial es que haya un equipo por cada juzgado especializado en violencia machista) y en las que funcionan sufren una falta de medios que los profesionales y expertos denuncian desde hace tiempo.

En Las Palmas, donde deberían haberse creado al menos dos (una por juzgado especializado), la única que hay es en la que trabaja Romero, ubicada en Gran Canaria, y tiene que dar servicio al resto de islas de la provincia (Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa). En total, 1,1 millones de habitantes. "Tengo tantas solicitudes que es imposible abarcarlas todas”, dice. Porque, además de los informes de víctimas de violencia de género, la psicóloga tiene que ocuparse de las causas que se derivan de los juzgados tanto en el ámbito penal como en el civil.

La médica forense responsable de la unidad canaria María José Meilán hace una estimación: “Recibimos un 60% más de trabajo del que podemos asumir. Como mucho, al mes, lo recomendable para hacerlo bien es que el equipo atienda 12 casos". Y añade a la falta de recursos una absoluta falta de equidad: “No es lo mismo que ocurra algo en Arrecife o Lanzarote que si pasa en Las Palmas. Aquí está la unidad, la comunicación es más fluida, siempre hay un médico dedicado a esto y podemos discriminar los casos más urgentes”.

Sin embargo, según la forense, en otros partidos judiciales no ocurre lo mismo y cuenta que los jueces, que son quienes tienen que solicitar los informes psicosociales y las valoraciones del riesgo para las víctimas, piden estos últimos casi exclusivamente cuando los culpables van a salir de cumplir pena privativa de libertad para ver si es suficiente con el alejamiento o es necesario imponer otras medidas. “No hacemos valoraciones urgentes porque no se nos piden, y tengo claro que no se piden porque los jueces saben que no podemos asumir todo eso. Están usando la valoración de riesgo policial (el VioGén, que actualmente cuenta con 3.570 datos activos, según datos oficiales) y recurren a nosotras para la programada [que es para la que acumulan más de un año de retraso]. La UVFI no sirve para lo que se hizo, no presta el servicio para el que fue creada”, aclara.

La protesta por los retrasos y las deficiencias viene de lejos. Romero asegura que desde que entró, hace más de 12 años, hay lista de espera de más de un año. Hasta 2017, un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos solventaba, aunque mínimamente, el problema de la saturación. Pero aquel acuerdo acabó y la externalización pasó a manos de una empresa privada, el Grupo Godoy. “Con el Colegio contábamos con alrededor de 25 psicólogos. Godoy tiene uno o dos. Además, teniendo en cuenta que esto es algo muy sensible, hemos dejado de externalizar estos casos. Aunque sí se derivan otros relacionados con los juzgados de familia y otros temas”, explica Meilán. Romero se pregunta si la excusa que la Administración lleva años poniéndoles no sirve para Godoy: “¿Qué no hay dinero para ampliar la plantilla? ¿Y para Godoy sí? La gente no es tonta. Hace falta personal, sí o sí. Que saquen el dinero de donde sea”.

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