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La mole indestructible

Símbolo de las agresiones al litoral, nadie logra tumbar al hotel del Algarrobico

Cuando parecía condenado a la piqueta, una sentencia da alas a la posibilidad de que sobreviva

El hotel del Algarrobico, en Carboneras, cuyas obras se pararon en 2006. Ampliar foto
El hotel del Algarrobico, en Carboneras, cuyas obras se pararon en 2006.

Todos daban por cerrado el destino del hotel aferrado como un empaste blanco a la dentadura montañosa del cabo de Gata: 65.000 metros cúbicos de hormigón para rellenar los cerros vaciados por excavadoras. El derrotero judicial hacía presumir que el Algarrobico saltaría por los aires el día que el último recurso se resolviese, pero un inesperado fallo a favor de la constructora Azata parece que puede guiar el hotel a la salvación. Incluso para los más críticos con esta sentencia, los tribunales han tenido la virtud de recordar que, a pesar de que hacía años que las Administraciones solo hablaban del Algarrobico para fijar la estrategia de derribo, jueces y políticos han ido sucediéndose y la mole resiste en la playa con los ojos entornados frente al sol. Decenas de sentencias, cuatro ministros de Medio Ambiente, tres presidentes de la Junta de Andalucía, dos alcaldes de Carboneras… Todo pasa, menos el Algarrobico.

En un país asomado al abismo del ladrillo, el Algarrobico se erigió para ecologistas y Administraciones en el modelo de lo que había que evitar. Ahora los tribunales han aceptado un recurso de los promotores y del Ayuntamiento y estiman que el hotel se encuentra en terreno urbanizable, en contra de lo que había dictado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería en el proceso que dio pie en 2008 a un caso muy complejo. La última sentencia se sintetiza en la idea de que el edificio responde a un planteamiento de los años ochenta, anterior a que la zona se declarase parque natural, y que los terrenos sobre los que se levantó se consideraban entonces urbanizables. En ese momento ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ni el Estado intentaron detener la construcción, e incluso allanaron su camino con maniobras dudosas (un famoso plano que alguien en la junta modificó a bolígrafo con el argumento de subsanar un error gráfico). Esto viene a significar un cambio espectacular de criterio: antes el juez definió la modificación de la planimetría como “burda maniobra” tras la que quedaban intereses oscuros, determinó que la Ley de Costas y la declaración de parque natural prevalecían sobre los derechos de los terrenos… Ahora eso ha cambiado.

Un comienzo para entender las aristas del caso es visitar a José Rodríguez, subdirector de la inmobiliaria Azata. Recibe en la sede de la misma, un palacete del centro de Madrid coronado con una bandera con el anagrama de la compañía.

Azata se define como una empresa dedicada a la construcción y el arrendamiento de infraestructuras. Con ese modelo creció por el norte de Madrid mediante proyectos a menudo polémicos, como una urbanización en un pinar de Boadilla. La familia Rodríguez no era una de tantas madrileñas de las que veranean en Almería: también tenía intención de ampliar sus negocios al sur. Por eso en 1999 compró a buen precio unos terrenos frente a una playa de piedras que sirvió de escenario en el rodaje de Lawrence de Arabia. El proyecto del Algarrobico se diseñó para touroperadores internacionales: un gran hotel que se compartimentara en siete módulos independientes.

“Se han generado expectativas sobre la demolición que no se refrendan por los hechos jurídicos”, asegura Rodríguez. “Cuando compramos, nos informaron de que el terreno era urbanizable”, asegura. “Nos movió la confianza legítima en la Administración: no nos pueden venir a decir ahora que las reglas han cambiado”.

Decenas de sentencias, cuatro ministros de Medio Ambiente, tres presidentes de la Junta de Andalucía, dos alcaldes de Carboneras… Todo pasa, menos el Algarrobico.

Azata no aclara si aspira a retomar las obras del edificio (según ellos, completo al 90%) o si batalla por una indemnización. Su posición es que, si cambiaron los criterios para querer un hotel, la Administración debe asumir los gastos: “Ahora la idea es que un parque tiene que protegerse más que cuando nos dieron las licencias. Nos parece bien, pero las Administraciones deben asumir los costes”. A la pregunta de si considera que la apariencia mastodóntica del hotel en mitad de un paraje virgen fue la que desató la alarma, Rodríguez explica que todo está en la pintura: “No es tan grande. En blanco choca mucho. Se planeó que fuera ocre, pero nos obligó la normativa municipal. También teníamos previsto un jardín vertical que lo mimetizaría con el paisaje”.

Opuesto a esta argumentación, José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, considera que la última resolución judicial es “un colchón que los jueces han creado para legitimar lo próximo: la legalización del hotel en la sentencia que está a punto de salir sobre su licencia”. Si esa nueva resolución dictaminara que el plan parcial en base al que se concedió la licencia estaba en orden, la estructura principal del hotel (la que se incrusta en la montaña: pisos del 10 al 21) se consideraría en regla. No sería el caso de los 100 metros a pie de tierra (los pisos del 1 al 9 y las piscinas) que violan la Ley de Costas —de 1988, cuando se inició la tramitación del hotel— por estar dentro de la zona de servidumbre de protección marítima: sobre esos 100 metros ya hay una sentencia firme del Supremo en 2012, que ordena la demolición. Así, si se determinara que el grueso del hotel es legal, se abriría un debate endemoniado: ¿la solución es derribar solo una parte, compensar por el resto a los propietarios y derribarlo entero o abrir al público la zona legal?

El del Algarrobico también es un problema de distancias. La foto del hotel escandaliza en Madrid y Sevilla, pero en Carboneras una mayoría de la ciudadanía lo apoya. El pueblo es otro de esos rincones del litoral español en los que las discusiones urbanísticas compiten en los bares con las futbolísticas. Carboneras creció desproporcionadamente en segundas residencias, y ahora los anuncios de venta y alquiler recorren su paseo marítimo. Sin embargo, pequeño y tranquilo, dista mucho de ser una ciudad sin ley urbanística.

Las obras del hotel han sufrido el robo de materiales. ampliar foto
Las obras del hotel han sufrido el robo de materiales.

Dentro de un parque natural al que cedió el 75% de su término municipal, los cultivos están limitados. Con 8.000 habitantes, el paro ronda el 35%. Tiene una central térmica, una cementera, una desaladora y una notable flota de palangre. A pesar de ello, el jueves la lonja estaba cerrada y casi no se veían pescadores.

El alcalde del pueblo es desde hace dos años Salvador Hernández (del partido independiente Gicar). Alineado con la defensa del hotel, expresa en su despacho cierta incredulidad: “Después de tantos varapalos la sentencia nos deja helados. Tampoco quiero ser populista: esto no va a generar mil empleos, pero quizá sí 80, y eso es mejor que nada para una estructura a medias. Sobre si es feo o bonito puedo tener mi opinión, y a lo mejor me habría gustado un hotel más recogidito, pero lo que hay que ver es si se ajusta a derecho”.

Hernández heredó el Algarrobico del socialista Cristóbal Fernández, regidor casi 30 años. Carismático y controvertido, Fernández determinó la incorporación del municipio al parque natural, recibió un indulto del Gobierno tras una condena por apaños electorales y fue sucesivamente amigo y enemigo íntimo de Cristina Narbona, ministra cuando estalló la lucha contra el hotel. En un segundo plano de la actividad desde hace una legislatura, el nuevo portavoz del PSOE local es otro Fernández, su sobrino.

“Gobierno y junta se reúnen para discutir quién pone la dinamita, pero con nosotros no cuentan”, lamenta el actual alcalde en referencia a las conversaciones estos años entre la junta y los ministros de Medio Ambiente (tras Narbona: Elena Espinosa, Rosa Aguilar y Miguel Arias Cañete) sobre cómo se aportarán los millones del coste del derribo. “Somos los indios de la reserva: no podemos opinar”, insiste.

“No es tan grande. En blanco choca mucho. Se planeó que fuera ocre”, defiende la promotora inmobiliaria

El alcalde recuerda que la junta en un principio apoyó el hotel. Una razón política es que Fernández era socialista. Otra, que Andalucía deseaba promocionar el turismo en el parque natural y estaba dispuesta a exhibir manga ancha en las condiciones. Defendió varios proyectos de promoción turística (en 1985 y 2004) que apostaban por las infraestructuras hoteleras. “El problema es que no pareció calcular las dimensiones del proyecto de Azata, y que desde el principio los promotores jugaron al borde de la ley”, considera una fuente municipal: “La junta confió en que harían algo que trajera turismo, pero cuando vio eso y el revuelo que estaba armando, no pudo defenderlo”.

Al acercarse al Algarrobico para conocer al protagonista de la historia resuenan las palabras del subdirector de Azata: “No es tan grande”. Sin embargo, al doblar un recodo entre las rocas emerge lo que parece una pirámide con poco que envidiar al Machu Picchu. Más que en Lawrence de Arabia, la playa hace pensar en la estatua de la Libertad que Charlton Heston halla en la escena final de El planeta de los simios: el cementerio de un vestigio de una civilización extinta. Tras las dimensiones, más descubrimientos. Por ejemplo, que, al contrario de lo que suele argumentarse, el hotel no se derrama directamente sobre el mar, sino que muere en una carretera a menos de 40 metros del agua. Otro mito: el hotel no parece tan terminado como asegura Azata. No es solo el deterioro que ha acumulado en ocho años; también la impresión de que muchos elementos se aceleraron ante la inminente detención de las obras. Pequeñas distorsiones que representan bien lo que fuentes cercanas al proceso tildan como “la demagogia de los dos lados”.

Miguel García era el jefe de obras el 21 de febrero de 2006, cuando se pararon y 234 trabajadores abandonaron el hotel. Ahora trabaja de guarda del edificio. Recorre las habitaciones y se lamenta mientras encadena cigarrillos con soltura de cowboy: “¡Qué lástima!”. García sube por escalones de mármol hasta la cúpula que preside el hotel. En su camino pasa por toneladas de material de construcción y chumberas que crecen en los escombros. La orden judicial no permite tocar nada desde hace ocho años. La cocina ha sido saqueada, los cables y aires acondicionados han desaparecido. Las cuatro grúas alrededor del edificio son devoradas pacientemente por el mar. “Los días de viento es horrible: giran como locas”, dice García. Su sueño es terminar la obra. “Y beberme una cerveza en la terraza”, sonríe. Él horadó la montaña: “12 pisos, a plomo. A ver cómo rellenan eso si tiran el hotel”, mira desafiante evocando la caries. “El error no fue el tamaño, sino pintarlo de blanco”, concluye.

A espaldas del Algarrobico se abren los montes. La última sentencia también deja como urbanizable un segundo sector allí que, para los ecologistas, puede ser la clave del asunto. “Ahí el promotor quería construir unos campos de golf y siete hoteles que a nosotros no nos convencen nada”, reconocen fuentes del equipo municipal: “Nosotros les apoyamos con lo del hotel porque está a medio construir, pero luego ya veremos”.

Todo está por ver. A espera de la última batalla judicial, el del Algarrobico se eleva como un conflicto difícil de resolver. Ni siquiera con una mano de pintura.

Un hotel con demasiadas vistas

MANUEL PLANELLES

a duda era cuándo. Porque la mayoría de actores implicados en la polémica tenía claro que tarde o temprano —quizás, más tarde que temprano— las piquetas limpiarían el paraje de El Algarrobico, donde se levanta un hotel que tiene una veintena de autos y fallos a sus espaldas que parecían condenarlo a la demolición. Pero una nueva sentencia, esta semana, ha descolocado a muchos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que el edificio está en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que se debe considerar urbanizable. Este pronunciamiento no salva al hotel, porque hay una ristra de fallos que lo dejan al borde del abismo desde que su construcción fue paralizada en 2006.

Sin embargo, el TSJA ha reforzado las pretensiones económicas de la promotora Azata, que siempre ha mantenido que empezó a levantar el hotel en 2003 con el permiso de las Administraciones. La constructora reclama —de momento, sin éxito— 70 millones de euros al Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería). La última sentencia también puede retrasar el hipotético derribo al enmarañar más su camino judicial. Aunque, en verdad, los ocho años que lleva abierto este caso no son tantos si se compara con otros precedentes. Por ejemplo, el Gran Hotel se levantó en la década de los setenta del siglo pasado en la zona de Atlanterra de Tarifa (Cádiz). Nunca abrió porque, entre otras cosas, invadía la zona de dominio público. No se logró demoler hasta 2002.

La última sentencia del TSJA ha desatado una tormenta de reproches a los magistrados que firmaron el fallo. Los ecologistas han presentado una querella por prevaricación. La Junta, que recurrirá en el Supremo, critica la “desprotección” que se va a generar. IU, que gobierna con el PSOE en Andalucía, habla de una decisión “aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.

Lo que más ha sorprendido de la última sentencia es que la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA ya se había pronunciado sobre los suelos en los que está el hotel en junio de 2012, pero en sentido contrario al fallo de esta semana. Los jueces de la sección Primera —al igual que los magistrados de la Tercera que firman la última sentencia— decidieron hace casi dos años anular el plan de ordenación del parque de Cabo de Gata en la parte que afectaba al paraje en la que se levanta el hotel. Al fijar la situación en la que quedaban los suelos de El Algarrobico tras esa anulación, la sección Primera concluyó que ahí nunca se podría edificar al ser zona no urbanizable. Pero la sección Tercera, al analizar el mismo caso, ha concluido que el área es urbanizable.

El cambio de criterio se ha producido cuando han cambiado los jueces. Contra el plan de ordenación de este parque se presentaron 28 recursos en el TSJA. “Todos, absolutamente todos los pleitos” fueron “tramitados en la sección Primera”, sostiene José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace y de varios grupos ecologistas. Fuentes de la sala de lo Contencioso-administrativo reconocen también que la “mayoría” de recursos contra el plan se analizaron en esa sección. Pero el de Azata, que cambia el criterio sobre el paraje de El Algarrobico, ha sido resuelto por la Tercera.

Las mismas fuentes del TSJA afirman que la sección Tercera es la capacitada para analizar los asuntos medioambientales. Esgrimen un acuerdo interno del tribunal de 2011 en el que se establecía el reparto de áreas. Ese acuerdo existe. Pero en él se establece que todos los casos que estuvieran turnados antes de 2011 en una sección debían continuar ahí. No ocurrió así con el recurso de Azata, que se turnó y tramitó durante al menos cuatro años en la Primera pero fue sentenciado por la Tercera.

Los ecologistas denuncian en la querella que el cambio se produjo solo unos días antes del fallo. El TSJA, sin embargo, afirma que la sección Tercera se encargaba del caso desde marzo de 2012. “Llevaba más de un año en el armario del ponente [Jorge Muñoz Cortés]”, indican estas fuentes que, sin embargo, reconocen que no existe resolución alguna firmada por los magistrados de esa sección que pueda respaldar esta afirmación. Las partes personadas no supieron hasta un mes antes de la sentencia que era la Tercera la que deliberaría.

Estos movimientos han puesto en alerta a los ecologistas y a la Junta. En la querella que el grupo Salvemos Mojácar ha presentado contra los magistrados se afirma que el “presunto motivo” por el que se produjo el traslado de procedimientos de una sección a otra era “para poder dictar una sentencia contradictoria sin vulnerar el principio de igualdad”. Pero el miedo de los ecologistas va más allá de este último fallo. La sección Tercera es la que se pronunciará sobre otro fleco fundamental: la nulidad de la licencia de obras del hotel. La sentencia se espera para dentro de un par de semanas y, tras la última conocida, se teme otro volantazo en este enredado caso.

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