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Los médicos consideran que la decisión de abortar debe ser de la mujer

La Asamblea de los colegiados censura duramente la reforma de Gallardón.

Quien interrumpe su embarazo “no ha de ser considerada de antemano como una enferma”, dicen

La Organización Médica Colegial aprobó ayer una declaración institucional en la que censura la reforma de la ley del aborto. En ella, los médicos critican que se deje en sus manos la responsabilidad de certificar si existen razones sanitarias tras la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. “No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros”, dicen. El anteproyecto despenaliza esta intervención solo en caso de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer. Un modelo similar, aunque más restrictivo —elimina el aborto por malformación y exige que ese peligro sanitario sea “grave”—, al que estuvo en vigor de 1985 a 2010; periodo en el que el 90% de las mujeres alegaban riesgo psicológico para abortar.

“La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental”, dicen en su declaración. Los médicos destacan además que la nueva ley generará graves desigualdades. Solo las mujeres con más recursos podrán viajar a cualquier otro país europeo a interrumpir su embarazo.

El documento, elaborado por los 52 presidentes de los colegios de España, reclama que se incluya entre los supuestos despenalizados el aborto por malformación fetal grave o enfermedad incompatible con la vida. Un punto que ya había propuesto la comisión deontológica. Con la ley actual, que permite a la mujer abortar sin tener que justificar una razón hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 por razones sanitarias, existe la opción de interrumpir un embarazo por anomalías fetales extremadamente graves sin límite temporal.

Los médicos también proponen al Gobierno que deje en manos de las menores de 16 y 17 años la decisión de abortar —algo que el anteproyecto elimina al exigir consentimiento paterno—, aunque creen que al menos uno de los representantes legales de estas jóvenes debe ser informado. “Se podrá obviar esta información cuando alegue fundadamente que eso le provocará un conflicto grave”, dicen los facultativos.

El espacio que la nueva ley dedica a las políticas de prevención, así como a la educación sexual es insuficiente para los médicos, que reclaman mayor acceso a los anticonceptivos y que la píldora poscoital sea gratuita y se dispense en todos los centros de salud y orientación familiar. Los puntos que la reforma dedica a la objeción de conciencia, que permitirá a todos los sanitarios alegar razones de conciencia para evitar “colaborar” en la prestación, tampoco satisfacen a los médicos. En su declaración institucional estos piden que solo puedan objetar los sanitarios que tengan una participación directa en la intervención, tal y como dicta ahora la ley.