Testigos oculares bajo sospecha

Lo reconocieron en las fotografías que les enseñó la policía, pero no en la rueda de reconocimiento, cuando lo vieron en persona junto a otros chicos similares. Dos años largos después, sin embargo, durante el juicio, lo señalaron como uno de los ladrones que habían embestido su vehículo para desvalijarlas en cuanto bajaron del coche para rellenar el parte del seguro. A pesar de los titubeos de esas víctimas, su declaración fue la prueba esencial que sirvió al Juzgado de lo Penal 8 de Alicante para condenar a Fernando Enrique Muñoz a mas de 10 años de prisión. El joven, que siempre ha negado cualquier relación con los hechos, alcanzó la semilibertad el viernes tras 25 meses en la cárcel gracias a que el director de la prisión declaró ante un juez que lo considera inocente.

Las sospechas de la policía se dirigieron a Fernando después de que esas tres testigos encontraran su teléfono móvil junto a la cuneta de la A-31, donde habían sido atracadas esa misma noche. El joven asegura, sin embargo que lo perdió el 19 de febrero de 2009, la víspera de los robos. Que se le cayó del bolsillo mientras conducía su moto por esa misma carretera para acudir a su fiesta de cumpleaños con unos amigos. Lo prueba el hecho de que, tras darse cuenta de su desaparición, llamó a su madre para que lo bloqueara y que nadie pudiera hacer llamadas con él y ella así lo hizo. Dos días después acudió a la comisaría de Elda para recogerlo. En el atestado consta que la mujer confirmó a los agentes que su hijo lo había extraviado y que habían llamado a la compañía para denunciarlo.

Sin embargo, la policía decidió introducir la foto de Fernando entre las de los posibles sospechosos para comprobar si las víctimas lo reconocían. Pusieron la del DNI porque el joven, que entonces trabajaba en un taller mecánico, no estaba fichado ni tenía antecedentes. Y varias testigos lo señalaron. Fue entonces cuando comenzó su pesadilla.

Los agentes lo detuvieron el 20 de marzo de 2010, pero tras tres días de interrogatorios en la comisaría del distrito norte de Alicante, el juez instructor lo puso en libertad. “Existen dudas sobre la intervención del imputado en los hechos”, escribió el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante en su resolución. “Únicamente constan unos reconocimientos fotográficos que no se aprecian de forma precisa”, continuaba el magistrado. El auto de libertad recordaba, además, que Fernando no tenía antecedentes ni había sido nunca detenido, “habiendo denunciado la pérdida de un teléfono móvil que apareció entre los objetos procedentes del robo”. Por todo ello consideraba que su relación con los delitos tenía “poca entidad material”.

La seguridad que las víctimas habían mostrado al señalar los retratos de los supuestos autores que les mostró la policía, desapareció en la rueda de reconocimiento, donde pudieron observar detenidamente la complexión y altura Fernando. Dos de las tres víctimas no lo reconocen como su agresor cuando lo ven delante de ellas y señalan a otros. La tercera apunta con seguridad a otro de los acusados —que posteriormente fue condenado junto a Fernando— y se debate entre Fernando y un tercero. Al final se decanta por el tercero, según las actas recogidas en el sumario. La rueda de reconocimiento se celebró 14 meses después de los robos.

Dos años años después de los hechos, durante el juicio celebrado ante la juez María Teresa Orquín, entonces titular del Juzgado de lo Penal 8, dos de esas tres mujeres vuelven a cambiar de versión y señalan de nuevo a Fernando de manera indubitada. La juez no tiene en cuenta las contradicciones mostradas por las testigos y condena en base a sus testimonios y los de las dos víctimas de otro de los robos que se perpetraron aquella noche. De las cinco víctimas que reconocieron al joven en las fotografías mostradas por la policía, solo una lo señaló también en la rueda de reconocimiento posterior, pero luego se desdijo en el juicio al afirmar que Fernando era más bajo que la persona que le había atacado. Sin embargo la juez no duda y condena.

Solo tres meses después, en octubre de 2011, la sección segunda de la Audiencia de Alicante, formada por los magistrados Francisco Javier Guirau, Julio José Úbeda y José María Merlos, confirma la sentencia anterior de la juez de lo Penal. La policía vuelve a buscar al joven para llevarlo a la cárcel. Fernando ingresa en la prisión de Villena.

Allí permanecería todavía si su director, Feliciano Crelgo, un funcionario con más de 30 años de experiencia, no hubiera iniciado por su cuenta una investigación que le ha convencido de su inocencia. Crelgo se entrevistó con uno de los supuestos cómplices del joven en los robos por los que fue condenado y este le confirmó que ni Fernando ni una tercera persona condenada junto a él habían cometido esos delitos.

Tanto el director como dos de los presos que sí confiesan haber participado en esos robos confirmaron su versión ante el juez. Pero es el testimonio de Crelgo el que ahora ha servido a la Audiencia de Alicante para dar a Fernando el tercer grado y otorgarle la semilibertad. “En 33 años que llevo trabajando, es la primera vez que pienso que un penado no ha participado en los hechos por los que ha sido condenado”, dijo el director. Un testimonio excepcional que no ha exculpado al joven, pero le ha devuelto la esperanza al permitirle recuperar la libertad.