El TSJM desestima la recusación del juez Tristán en el caso de la privatización

El hecho de que Gerardo Martínez Tristán, haya sido nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular no significa que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) vaya a "inclinar su ánimo" a favor de la privatización de la sanidad madrileña que defiende ese partido. Tampoco el hecho de que esté casado con una consejera castellanomanchega del gobierno castellanomanchego, dirigido por la número dos de ese partido, María Dolores de Cospedal. Así lo estima la Sala de Recusaciones del TSJM que ha desestimado por mayoría la petición de los socialistas madrileños de apartarlo del caso. En contra ha votado el presidente de la Sala Social del órgano, Juan Miguel Torres Andrés, que en un voto particular ha recordado, además, que la esposa de Tristán también tuvo un cargo en la Comunidad de Madrid, que es parte en el proceso.

Tristán recabó para el pleno de su Sala (formado por 50 magistrados) los dos recursos contra la privatización presentados por el PSOE y la asociación médica AFEM, y Comisiones Obreras turnados respectivamente a las secciones tercera y octava de lo contencioso. La primera paralizó el pasado 11 de septiembre el proceso privatizador de seis hospitales madrileños puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio González (PP), mientras que la segunda desestimó un mes después la demanda del sindicato. Martínez Tristán decidió entonces avocar a pleno ambos casos considerando que podrían dar lugar a resoluciones contradictorias. Los socialistas lo recusaron alegando que con esa decisión el presidente parecía "haber buscado cualquier excusa para atraer la competencia hacia el Pleno y de esta forma atribuirse a sí mismo su intervención personal", la intervención de un magistrado muy ligado al PP, el partido que gobierna en Madrid.

La Sala de Recusaciones, sin embargo, lo niega. Asegura, en primer lugar, que recabar al Pleno de la Sala ambos asuntos es una facultad que la ley atribuye a Tristán como presidente. Los magistrados también afirman que con quien está casado el magistrado, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, no pertenece al órgano que ha dictado el acto recurrido, es decir, no forma parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de donde parte la medida de la privatización sanitaria. Además, ese vínculo familiar con un alto cargo del PP, "no convierte al recusado", es decir, a Tristán, "en persona interesada en la resolución del procedimiento", ya que, a su juicio, la parcialidad que permitiría apartarlo del caso solo podría derivarse de sus propios actos, y no de los de su esposa.

El auto, que califica de "conjeturas, presunciones y cábalas" los argumentos de los socialistas, rechaza igualmente que la reciente designación de Tristán como vocal del Poder Judicial por el PP afecte a su imparcialidad. Ese nombramiento no implica que "su ánimo se incline" hacia los postulados de esa formación "o que resuelva con posturas preconcebidas y dirigidas a obtener algún tipo de beneficio o ventaja".

El presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés, ha redactado un voto particular discrepante en el que muestra su desacuerdo con el resto de los magistrados de la Sala y que se basa en dos argumentos. En primer lugar, que la esposa de Tristán, no solo forma parte de un Gobierno autonómico del Partido Popular, sino que, anteriormente, también tuvo un cargo designado por el Ejecutivo madrileño, que sí es parte en el caso de la privatización sanitaria. La titular de Fomento de María Dolores de Cospedal fue previamente miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid.

"Tampoco es desdeñable el hecho notorio de que el partido que gobierna en ambas comunidades [Madrid y Castilla-La Mancha] haya preconizado en reiteradas ocasiones un modelo de gestión del servicio público de la sanidad diferente del que, cuando menos, ha venido rigiendo hasta la fecha con carácter general", asegura Torres Andrés. "Por todo ello creo que existen indicios serios y fundados objetivamente de la existencia de un interés indirecto del magistrado recusado", concluye el magistrado discrepante.

“Respeto, pero no puedo compartir la decisión de la Sala de no aceptar nuestra petición de recusación para el Juez Martinez Tristán", dice José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid. "No es racionalmente defendible que la imparcialidad –o la apariencia de imparcialidad- de este Juez no se vea afectada por su gran vinculación social, familiar y profesional con el Partido Popular, en un tema de tanta trascendencia para e importancia política para el gobierno del PP de Madrid como es la privatización de la atención especializada de 1,8 millones de personas, incluyendo sus seis hospitales", añade. 

Para Freire, "están en juego muchos intereses económicos, políticos y de modelo de sociedad" y "es tan obvio que hay un conflicto de interés potencial y real que lo insólito es que no haya salido del Juez la decisión de apartarse él mismo del caso".