La televisión busca un traje a medida
La perversión de los objetivos de servicio público ha puesto en tela de juicio los canales autonómicos El cierre de Canal 9 invita a refundar unos entes de menor tamaño y más austeros
Las televisiones autonómicas nacieron por las bravas. Antes de que se aprobara la ley del tercer canal, que venía a romper el ancestral monopolio de RTVE, comenzaron a emitir la catalana TV3 y la vasca ETB. Y lo hicieron pese a la recalcitrante oposición del entonces director general de la televisión estatal, José María Calviño, que intentó por todos los medios abortar la aparición de estas televisiones con un plan alternativo: que los canales regionales fueran una especie de satélites de TVE. Desde aquellos años, mediados de los ochenta, las autonómicas han crecido, han multiplicado sus canales y ocupan un hueco importante (suman casi el 10% de la audiencia) en el complejo ecosistema audiovisual.
Heredaron en parte los vicios de la televisión estatal: el servilismo al poder de turno, la manipulación informativa (en muy diferentes grados), el endeudamiento desmesurado... Pero también vinieron a cubrir una misión de servicio público: promoción de las lenguas cooficiales, vertebración social y cultural, acceso a los contenidos de proximidad... Ese era también el objetivo (al menos sobre el papel) de la televisión valenciana, que apagará la señal después de 24 años de vida tras la decisión adoptada el martes por el presidente regional, Alberto Fabra, de cerrar Canal 9 (ahora Nou) tras el fallo judicial que declaraba nulo el despido de un millar de trabajadores.
La vieja idea de Calviño no cayó en saco roto. Fue repescada tres décadas más tarde. El dirigente popular Esteban González Pons propuso en vísperas de las elecciones legislativas de 2011 la creación de una federación de canales autonómicos. Su proyecto consistía en lanzar un único canal con desconexiones territoriales para así hacer más económica su gestión. Un modelo similar al de la ARD alemana, una cadena pública que actúa como si fuera un único operador aunque en realidad es la suma de los canales de todos los länder (Estados federados). O France 3, especializada en regiones pero centralizada. O la italiana RAI 3.
Las autonómicas son importantes
¿Sería posible una ARD a la española? ¿Cumplen las televisiones autonómicas el papel para el que fueron creadas? ¿Es sostenible el modelo? La investigadora de la Universidad de Sevilla María Lamuedra recuerda que en España existe un modelo territorial con Parlamentos propios y por ello es necesario que los poderes públicos aseguren mediante un sistema de radiotelevisión público “que los ciudadanos tienen toda la información que necesitan para elegir y vigilar a sus representantes políticos”. Para que cumplan esa misión, la editora de IC. Revista Científica de Información y Comunicación mantiene que estos entes deben tener los suficientes recursos y sistemas de control parlamentarios y profesionales para “promover y articular la participación social y política” de los ciudadanos.
Para muchos expertos, la televisión de proximidad es una necesidad innegable. Pero la Administración debe velar por su existencia, como apunta el catedrático de Estructura de la Información Ramón Reig. España ofrece un ejemplo prácticamente único en Europa porque en ningún país existe una “complejidad de identidades nacionales” como aquí.
Por dejadez de las Administraciones Públicas, en muchos casos las televisiones regionales han pervertido sus objetivos. Se han saltado la misión de servicio público a la torera, han abrazado la telebasura, aniquilado al adversario político en los telediarios o despilfarrado el dinero de los contribuyentes. “Eso es responsabilidad directa de sus gestores, de sus gobernantes y sus parlamentarios”, apunta Lamuedra, que califica de “desfachatez” prácticas llevadas a cabo por los entes autonómicos, como duplicar las redacciones con periodistas afines para manipular mejor, desarrollar una gestión clientelista y despilfarradora o provocar caídas de audiencia “para luego intentar justificar que el servicio público autonómico es inviable y no merece la pena”.
En la misma línea se manifiesta Hugo Aznar, director del departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. “No es de recibo”, apunta, “que la pésima gestión en el caso de RTVV del PP valenciano la pague el presente y el futuro de un medio de comunicación público, con su posible aporte de valor para la sociedad. La disyuntiva no es colegios o televisión, sino grandes eventos y asesores a dedo o televisión. Pero quizás hayamos reaccionado tarde”. La experta de la Universidad de Sevilla abunda en esta idea: “Hay que pensar en la televisión de servicio público como apoyo de la sanidad, de la educación y del interés general”.
“La disyuntiva no es colegios o TV, sino asesores a dedo o TV”, dice un experto
Los tambores que alertaban de la deriva que estaban tomando algunos entes se venían escuchando desde hacía años. Pero nadie parecía querer oírlos. Hugo Aznar, que hace más de una década participó junto a otros expertos en la Comisión de las Cortes Valencianas sobre financiación de la RTVV, denunció entonces su mala programación y su uso partidista, así como su riesgo previsible de hundimiento. “Ya se veía venir, pero no pareció importarle a la sociedad civil valenciana, que ha reaccionado 10 años después, solo cuando el cántaro ya está roto”.
Políticos (salvo los del PP), entes autonómicos (a excepción de Telemadrid), asociaciones profesionales, creadores y empresarios han censurado el cierre de RTVV. Ven que los ciudadanos pierden un instrumento fundamental de vertebración entre sus provincias, comarcas y pueblos.
Antes de poner en marcha sus propios canales, algunas autonomías valoraron la posibilidad de volcar todos sus esfuerzos (también económicos) en reformar el centro territorial de RTVE. El Gobierno andaluz se planteó esta opción (intentando quizá subirse al carro de la vieja idea de Calviño), pero la falta de acuerdo entre los dirigentes regionales y estatales abocó en el nacimiento, el 28 de febrero de 1989, de Canal Sur. Ese mismo año salieron al aire Canal 9 y Telemadrid. Luego vendrían los entes de Canarias, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia y Extremadura. Cada uno con un modelo propio.
El despilfarro y la politización han sido los mayores lastres del modelo
En general, las televisiones cumplen la misión de servicio público. Pero hay que tener cuidado en cómo lo hacen, alerta el catedrático Reig, de la Universidad de Sevilla: “Se debe apostar por el entretenimiento, pero riguroso, y por que existan instituciones independientes de los partidos, con profesionales y expertos también independientes que garanticen ese rigor. La planificación y gestión de los entes autonómicos debe ser racional y no sometida a caprichos, enchufismo o tráfico de influencias. Cuando se actúa así se le colocan los argumentos en bandeja a quienes desean privatizarlo todo”, dice Reig tras recordar que la televisión en España sigue siendo un servicio público.
Aunque son las menos (apenas tres: Navarra, Cantabria y La Rioja) hay comunidades que viven sin canal propio. Navarra apostó por una licencia privada, aunque suscribió convenios para que a su territorio llegara la señal de ETB. El expresidente de Cantabria Miguel Revilla nunca sintió la llamada de la televisión si bien sus ciudadanos se desplazaban a las localidades fronterizas próximas de Asturias o del País Vasco para ver los partidos de fútbol. Y La Rioja, con una población de 320.000 habitantes, tampoco se planteó dar el salto al tercer canal. Demasiado costoso para tan poca audiencia potencial.
El profesor Reig, que dirige el Laboratorio de Estudios en Comunicación, defiende la televisión de proximidad, pero no a cualquier precio. “Por ejemplo”, comenta, “el rigor histórico ha disminuido mucho porque la búsqueda de identidades propias ha llevado a veces al absurdo. La influencia política ha sido y es escandalosa. El PSOE ha denunciado en Cataluña la mano de Pujol en su momento. El PP denunció la influencia del tripartito. En Valencia, PP y PSOE hacían lo propio cuando uno u otro ocupaban el Gobierno o la oposición. Se daba el caso de que mientras en Valencia el PSOE denunciaba los manejos que de Canal 9 hacía el PP, en Andalucía el PP actuaba de forma similar contra el PSOE que monopolizaba la Junta y Canal Sur”. Roig ha conocido de cerca estos episodios. El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, su colega el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, dimitió de su puesto, harto de tanta politización.
El analista de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, defiende la existencia de las televisiones públicas, pero enfatiza que deben cumplir una función muy definida dando una información imparcial y apoyando la cultura, la sociedad civil y, en su caso, la lengua cooficial de la comunidad en la que operen. “Lamentablemente, un cuarto de siglo después de su nacimiento siguen en gran medida sin cumplir esa función, pero de ello es responsable la clase política, que las ha convertido en un instrumento de propaganda y de manipulación y en algunos casos incluso una fuente de enchufismo, sobresueldo y negocios turbios”, explica. Pero cree que no hay que tirar al niño con el agua sucia. “Como en otros casos, la crisis actual supone un momento triste al alcanzar el máximo de deterioro de las televisiones, con deudas prácticamente inasumibles e índices de audiencia por los suelos como en RTVV; pero también puede ser la ocasión de su regeneración democrática”. Aznar expone que este puede ser un buen momento para la refundación de los entes regionales y para crear televisiones más pequeñas, más austeras, más humildes, con una programación con sentido público y periodistas independientes. “Y muy importante”, matiza, “un Consejo de Administración formado por la sociedad civil y no por políticos”. “Esto era pura ficción hasta ayer pero la situación actual ofrece una mínima oportunidad para plantearlo y no habría que desaprovecharla”, concluye.
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