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La justicia avala que las ‘telecos’ financien la televisión pública francesa

El fallo del Tribunal de la UE, que también afecta a España, valida el impuesto creado en 2009 para compensar la ausencia de publicidad en las cadenas públicas

En plena tormenta europea por la excepción cultural, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado hoy la tasa francesa a los operadores de telecomunicaciones que fue aprobada en 2009 por el Gobierno de Nicolas Sarkozy para compensar la supresión de la publicidad en las televisiones públicas en los horarios de máxima audiencia. Irónicamente, el fallo de la Corte europea con sede en Luxemburgo es una agradable sorpresa para el Ejecutivo socialista, que ahora podrá emprender con menos agobios la reforma de la financiación de France Télévisions, ya que la tasa denunciada por los operadores en 2011 genera 250 millones de euros anuales, y el Estado no tendrá que devolver los más de 1.000 millones que había ingresado hasta ahora.

 La sentencia, que desestima de forma definitiva la denuncia interpuesta por los operadores en 2011, afirma que la tasa del 0,9% sobre la facturación que se cobra a las empresas telefónicas se atiene a derecho porque “no está ligada al procedimiento de autorización general que permite acceder al servicio de comunicaciones electrónicas, ni a la concesión del derecho de utilización de las radiofrecuencias o las (señales) digitales”. Según la Corte, “la tasa está relacionada con la actividad de los operadores, que consiste en ofrecer servicios electrónicos a los usuarios finales en Francia”.

 El fallo afectará también a España, cuyo modelo de financiación de la televisión pública se inspira en el francés.

 Desde la promulgación, el 5 de marzo de 2009, de la ley llamada Copé -por ser su ponente el diputado Jean-François Copé, actual líder del partido conservador UMP-, los operadores franceses protestaron contra la norma aduciendo que se trataba de un impuesto “simulado”, pues servía para que un sector financiara a otro.

 Hoy, la Fédération Française des Télécoms (FFT) se ha declarado “muy decepcionada” por el fallo, aunque ha recordado que durante la audiencia celebrada en Luxemburgo en enero de 2013 las operadoras tuvieron la sensación de que la Comisión Europea defendía de manera “débil” sus posiciones.

 Las ‘telecos’ se quejan de que la decisión complicará aun más la situación de un sector digital sometido a una fiscalidad “excesiva” en un momento en que la competencia es cada vez más “ruda”. Pero algunos operadores, como SFR y Bouygues, no sufrirán graves daños por la sentencia porque habían traspasado el riesgo jurídico a algunos bancos que apostaban por la anulación de la tasa y aseguraron las cantidades desembolsadas.

 El Gobierno, que esperaba un fallo contrario a sus intereses, había provisionado 1.300 millones de euros de los Presupuestos de 2013, equivalentes al montante generado por el impuesto más los intereses generados desde que fue creado. El Ministerio de Cultura, dirigido por Aurélie Filippetti, se ha felicitado por la sentencia, que a su juicio valida la posición francesa de imponer una tasa a los operadores para financiar el sector audiovisual público. También las sociedades de autores han recibido de buen grado la noticia. “La decisión de la Corte de Luxemburgo sobre la tasa Copé creará jurisprudencia”, ha declarado Guillaume Prieur, director de asuntos internacionales de la SACD.

 

Por su parte, la televisión pública ha subrayado que el impuesto en cuestión no beneficia directamente a France Télévisions (FT), sino que va a las arcas del Estado, que luego determina la cantidad de la ayuda pública que inyecta a las cadenas públicas. Según FT, las ayudas estatales han bajado desde que se creó el impuesto, y esto ha provocado “medidas de ahorro y tensiones presupuestarias”.

 

Para encontrar otros tipos de financiación, el Gobierno socialista de François Hollande ha creado un grupo parlamentario de trabajo que estudia diversas pistas. Una es extender el impuesto que se cobra a los televisores a las pantallas de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Otra, ampliar la tasa televisiva por vivienda a las segundas residencias. Y la tercera es el regreso parcial de la publicidad a las cadenas públicas.