Los docentes de la concertada amenazan con una gran protesta

Se acerca el seis de junio y la firma de un nuevo convenio colectivo en la enseñanza privada concertada —sufragada con dinero público— está lejos de un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, pese a los cuatro años de conversaciones. Así que como medida de presión FSIE, FETE-UGT, USO han anunciado la movilización de los 130.000 profesores de la educación concertada, que imparten clase a casi dos millones de niños, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Una llamada a la acción que no se concretará si desbloquea la situación la mediación y el arbitraje que han solicitado a la fundación SIMA.

“No nos tomamos a broma lo que se anuncia, por supuesto, pero no creemos que se lleve a cabo. La gente es muy consciente de la mala situación en todo el país”, argumenta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que agrupa al 60% de los centros concertados.

En la mesa de negociación los profesores no solo se juegan la paga extraordinaria de antigüedad o el complemento de incapacidad temporal. Hay mucho más sobre el tablero. Su convenio caducó en diciembre de 2008 y la reforma laboral establece que este 7 de junio se finiquita. Si no hay acuerdo, los sindicatos bajaran varias opciones, no demasiado esperanzadoras. Sostienen que el futuro de estos profesionales pasa por acogerse al convenio general —lo que supondría un claro retroceso en sus derechos laborales—, un convenio para cada centro o incluso por sectores —por ejemplo, uno para las escuelas católicas y otro para los colegios cooperativa— o por autonomías.

Jesús Gualix, responsable de enseñanza privada de UGT, piensa que de aplicarse las bases del Estatuto de los Trabajadores no solo habrá una “competencia despiadada no entre centros, sino dentro de los centros” pues los nuevos profesores podrían ganar el Salario Mínimo Interprofesional (645 euros mensuales). Los sindicatos temen que este troceo del convenio en pequeños acuerdos suponga el fin del sistema de la “triple red” —enseñanza pública, concertada y privada— que se ha ido cimentando desde 1985.

Los acuerdos entre patronal y sindicatos pueden quedarse en papel mojado si una autonomía decide recortar

El principal escollo en este conflicto sindical es la paga extra por antigüedad que los docentes con más de 25 años de servicio cobran en cinco mensualidades. Los centros no quieren que este cobro se contemple en el convenio —aunque sean las comunidades quienes desembolsen— porque temen que las administraciones dejen de costearlo por no tener fondos. De ser así, cada trabajador particular podría entonces denunciar al colegio por no pagarle, y no a su comunidad porque el convenio es entre ellos dos. “No nos basamos en suposiciones. Sabemos que hay comunidades que no están dispuestas a pagar el curso que viene”, explica Alvira su negativa.

En todo el proceso sobrevuela la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre que rechazó que en 2010 se bajase un 5% el sueldo del personal de las ikastolas (una parte de la concertada vasca), como ocurrió con los funcionarios de la pública. El fallo dice que a la Administración vasca le obligan las leyes (que dicta el Gobierno y desarrollan las comunidades) y no los convenios entre patronales y sindicatos de la concertada; estos, dice el Supremo, si exceden de lo que marca la normativa, solo obligan a las empresas. Este fallo no solo ha abierto la puerta a que los profesionales reclamen a los colegios —como está ocurriendo— el dinero que les han quitado de la nómina, sino que supone que cualquier acuerdo entre sindicatos y patronales se quede en papel mojado frente a los cambios legales que puedan decidir las Administraciones.

FSIE, FETE-UGT, USO proponen un calendario pactado para abonar esas pagas entre la Administración, las patronales y ellos. Así las comunidades sin fondos podrían aplazar incluso un año el pago, pero habría por escrito un compromiso, que hoy no existe, de hacerlo. Con esta medida, explica el trío de sindicatos, quieren frenar las denuncias individuales “para que no se llegue hasta el extremo de tener que cerrar centros”.

En los centros concertados, hay 130.000 profesionales para 1,9 millones de niños

José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza Privada de CC OO, discrepa: “Nosotros no queremos tampoco que cierren centros, pero desde luego estamos de parte de los trabajadores, no del patrón”.

“El problema de la paga de antigüedad que bloquea el convenio no es nuevo. Desde hace más de una década se denuncia que el que su abono no esté contemplado en los presupuestos pone en peligro a muchos centros y genera demandas judiciales”, subraya Rodríguez. Por eso, CC OO considera que no hay que modificar los términos de la paga extraordinaria y el complemento de incapacidad temporal a peor —con pagos aplazados— aprovechando la coyuntura económica, sino negociar que en la ley educativa se clarifique el pago obligatorio por parte de las comunidades

En sentarse hablar con el ministro de Educación José Ignacio Wert todos están de acuerdo. Sin embargo, no hay visos de que el encuentro sea pronto. Fuentes de esta cartera señalan que “se estudiará un posible encuentro con las dos partes, como ocurre con el resto de peticiones”. Desde que comenzó la legislatura, la mesa tripartita, un órgano que seguirá existiendo con la reforma escolar que prepara el ministerio (LOMCE), no ha sido convocada nunca.

Las protestas arrancarán con recogida de firmas y concentraciones a la entrada de los centros de 15 minutos al finalizar la jornada lectiva e irán subiendo de intensidad si no hay un pacto. Las federaciones sindicales no descartan llegar a convocar paros parciales y jornadas de huelga. Conscientes de la dramática situación de las arcas, los sindicatos no se cansan de repetir que no luchan por mejoras en el convenio, sino por mantener las condiciones laborales actuales, que son peores que las de los docentes de la pública, funcionarios del Estado tras haber aprobado la oposición. El sueldo del concierto es alrededor de un 10% menor (ver cuadro por autonomías) e imparten hasta 28 horas lectivas, siete más que en la pública.

Sindicatos y patronal se verán de nuevo las caras el 2 de abril, pero ambos lados dan por seguro que no habrá firma de convenio.