Un imputado por maltrato mantiene la custodia de sus dos hijos menores

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir una investigación penal contra un vecino de esa comunidad por supuestos malos tratos cometidos contra su excompañera, de la que se encuentra separado, y sus dos hijos. Sin embargo, los dos menores, de 11 y 13 años, siguen conviviendo con el presunto agresor, que conserva la guarda y custodia que le concedió la titular del juzgado de violencia sobre la mujer encargado del caso, la juez que, en primera instancia, archivó la causa penal contra el padre argumentando que la mujer los había puesto en su contra generándoles el Síndrome de Alienación Familiar (SAF), que la comunidad médica no reconoce. La Audiencia, sin embargo, mantiene que los menores han podido sufrir un delito de malos tratos por parte de su padre.

La titular de ese juzgado madrileño archivó el 26 de marzo del año pasado la denuncia por maltrato presentada por la madre de los niños. La magistrada de violencia argumentaba que esa denuncia solo se debía al resentimiento o al ánimo de venganza que tendría esta contra su compañero, el presunto agresor, por lo que la perpetración del delito no quedaba probada.

Esa decisión de la juez se basaba únicamente en el informe del equipo psicosocial del juzgado en el que, tras explorar someramente a todos los miembros de la familia, se aseguraba que los menores sufrían el “Síndrome de Alienación Familiar (SAF)”. “La madre y los hijos forman una coalición en contra del padre situándose como víctimas de una situación de malos tratos que no se ha objetivado por ninguna vía imparcial”, mantenía ese documento. Fue la propia juez a petición del fiscal la que solicitó que ese equipo dictaminara también sobre la existencia de ese síndrome que ni la OMS ni la biblia de los trastornos mentales, el DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría, reconocen. El Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial considera que el SAP no es más que una estrategia procesal para resistirse a la aplicación de la ley integral contra este fenómeno.

La magistrada obvió otros informes que sí apreciaban la violencia de género

El archivo de la investigación penal por maltrato —que ahora ordena reabrir la Audiencia— se produjo solo un día antes de la vista en ese mismo Juzgado de Violencia en la que se debía decidir cuál de los dos progenitores se quedaba con la guarda y custodia de los menores. Un mes después de esta última comparecencia, el 27 de abril, la magistrada, en contra del criterio del fiscal que pidió la custodia para la madre, dictó su sentencia en la que la otorgaba al padre y suspendía las visitas de la madre a los niños durante tres meses atendiendo también a la existencia de ese síndrome. En cumplimiento de esa resolución, la mujer entregó a sus hijos al padre el 3 de julio. Desde entonces han pasado más de siete meses en los que la progenitora no ha podido volver a verlos.

Todavía hoy, los hijos siguen bajo la custodia del padre que, sin embargo, está imputado judicialmente por maltrato hacia ellos y hacia la madre. Es decir, dos de las supuestas víctimas conviven con el presunto agresor. Y es así porque, a pesar de que el Juzgado de Violencia conoce desde finales de noviembre que la Audiencia de Madrid le obligaba a seguir la investigación contra el progenitor, hasta el momento, su titular no ha decidido que los niños vuelvan con su madre. El objetivo de la creación de los juzgados de violencia en 2005 —que llevan conjuntamente la investigación del delito (penal) y los divorcios y las relaciones con los hijos (civil)— era que la posible marcha dispar de esos procesos no dejara desprotegidas a las víctimas.

El artículo 158 del Código Civil permite al juez “de oficio” es decir, por su propia iniciativa, dictar las “disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios”. Pero es que, además, la madre, a través de su abogada, así lo solicitó expresamente a la magistrada de violencia el pasado 3 de enero. En su escrito, la letrada recordaba la resolución de la Audiencia de Madrid que reconocía “que los menores han podido sufrir un delito continuado de malos tratos por parte de su padre”. Por ello pedía a la magistrada que acordara “a la mayor brevedad posible, la entrega de los menores a la madre”. La juez respondió que el escrito de la mujer tenía un defecto formal y que en él no se especificaba la medida concreta que se solicitaba.

El Código Civil permite al juez actuar de oficio para evitar peligros

Al contrario que la juez de violencia, la sección 26 de la Audiencia de Madrid considera que el testimonio de la madre sobre los supuestos malos tratos “resulta creíble”. “No podemos llegar a la conclusión de que concurre un móvil de resentimiento o venganza (...) u otro de similar naturaleza que haya sido el detonante o causa de la denuncia”, mantienen los magistrados, que reprochan a la juez que obviara otros informes médicos y psicológicos aportados al caso que ratificaban el discurso de la supuesta víctima.

Entre ellos estaba el de la psicóloga que atendió a la madre desde su ingreso en un centro de acogida en febrero de 2010 y que, en su diagnóstico, encontró signos de malos tratos físicos, psíquicos y sexuales. También la que la examinó en el Observatorio Regional de Violencia de Género, dependiente de la Comunidad de Madrid, encontró esos indicios. De todos ellos, recuerda la Audiencia, se desprende “que la denunciante [es decir, la madre] sufre un trastorno adaptativo o de estrés postraumático derivado de la situación de maltrato sufrido”. A esos documentos se suma el de la psiquiatra que la atendió el 14 de marzo de 2011 en un centro del Servicio de Salud Mental madrileño, que le diagnosticó un “trastorno adaptativo con síntomas mixtos en relación con maltrato de pareja”. Todos esos informes fueron elaborados por organismos públicos.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la abogada del padre, que el pasado martes, declinó ponerse al teléfono. Ahora, la madre y presunta víctima tiene la esperanza puesta en otro recurso que también ha presentado ante la Audiencia de Madrid, aunque de carácter civil. En él solicita que, teniendo en cuenta que su excompañero sigue imputado por maltrato, se le devuelva la custodia de los niños. Así intentará conseguir de ese órgano superior lo que hasta el momento no ha logrado del que, mantiene, tiene el deber de protegerla. A ella y a sus hijos.