El Parlamento Europeo impulsa una revolución en la pesca

Lo que los grandes representantes del sector pesquero consideran un suicidio es, según los movimientos ecologistas, un avance histórico. En lo único en lo que coinciden los dos colectivos es en la importancia del voto emitido hoy por Parlamento Europeo. La Cámara de Estrasburgo ha dado el visto bueno por una abrumadora mayoría —502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones— al informe presentado por la eurodiputada alemana socialdemócrata Ulrike Rodust que, de facto, supone la pena de muerte para los descartes (práctica que consiste en arrojar al mar las capturas no deseadas, la mayor parte de ellas peces muertos). El texto también trata de limitar la sobrepesca, muy extendida en los caladeros europeos.

Los contrarios a esta iniciativa, que debería entrar en vigor el próximo año, confían en que la normativa acabe siendo descafeinada. Tras pasar por Estrasburgo aún le quedan largas negociaciones con los 27 Gobiernos de la UE y la Comisión Europea antes de ser efectiva.

El PP español ha sido de los más críticos. “La propuesta es enormemente dañina para nuestro sector pesquero. Estamos de acuerdo en acabar con los descartes, pero queríamos hacerlo de una forma flexible y no de manera inmediata”, asegura el eurodiputado Gabriel Mato. “Si finalmente este va a ser el resultado de la política pesquera común, los pescadores van a estar en peligro de extinción”, añade Javier Garat, secretario general de la patronal Cepesca y presidente de la europea Europêche.

En el otro lado de la balanza, los defensores de la iniciativa consideran que, lejos de dar la puntilla al sector, están haciendo lo necesario para asegurarse de que las poblaciones pesqueras se recuperen en 2020. “[Esta política] nos permitirá aumentar en 15 millones de toneladas las capturas y crear 37.000 nuevos puestos de trabajo”, asegura la impulsora del informe, Rodust.

Ecologistas y científicos aplauden una decisión que apuesta por la recuperación de las especies y por la concesión del acceso prioritario a los bancos a aquellos pescadores que desarrollen su trabajo de una forma sostenible.

Comisión y Parlamento quieren acabar con los descartes, práctica que en la actualidad representa un 25% de todas las capturas, por ser antieconómica y un grave perjuicio para el medio ambiente. La idea es irlo eliminando gradualmente fijando unos plazos que todavía no se conocen, pero que en el sector causan alarma. En principio, los pescadores estarían obligados a descargar en puerto todas las capturas a partir de 2014, de acuerdo con un calendario específico para cada especie, para cumplir con la obligación en todas las pesquerías en 2020.

La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, convertida en la bestia negra de buena parte del sector por sus veleidades ecologistas, dio ayer su más calurosa bienvenida a la votación de Estrasburgo. Ella misma había presentado una propuesta en la misma línea el pasado año. Damanaki destacó su apoyo al objetivo de conseguir un “rendimiento máximo sostenible” de existencias pesqueras en el mar y de establecer “fechas claras” para eliminar los descartes. Entre otras ideas, el texto también propone regionalizar la toma de decisiones para que no se adopte toda la política pesquera en Bruselas, apoyar las pesquerías tradicionales, desarrollar una acuicultura sostenible y aumentar la rentabilidad del sector.

La Comisión Europea lleva tiempo convencida de la necesidad de una reforma profunda de la política pesquera común, ya que esta no ha conseguido garantizar la explotación sostenible de los recursos acuáticos.

El problema es que las actividades pesqueras sobrepasan de largo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Los científicos de Bruselas estiman que la sobreexplotación afecta al 80% de las poblaciones del Mediterráneo y al 47% de las del Atlántico. Estas prácticas se deben principalmente al exceso de capacidad de la flota, a las posibilidades excesivas de captura y a un escaso cumplimiento de la normativa. Los críticos con el texto aprobado ayer replican que, tal y como se ha planteado, su cumplimiento es poco menos que imposible, además de muy difícilmente verificable.

A partir de ahora, el Parlamento Europeo empezará a negociar con el Consejo en presencia de la Comisión los detalles de la propuesta de reforma. Cuando tengan un resultado, se enviará de nuevo a Estrasburgo y a los Gobiernos en una segunda lectura. El ministro irlandés, país que en este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la UE, ha dicho que quiere tener un acuerdo en junio, pero no está claro que lo pueda conseguir. Quedan aún muchos meses para unas negociaciones en las que aun puede haber muchas sorpresas.