No quiero pagar

Una de las campaña de insumisión más sonadas fue la vivida en Cataluña contra el pago de peajes. La plataforma #novullpagar (no quiero pagar) inició la campaña. Inicialmente iba sin la red de ningún partido político, si bien acabaron uniéndose Esquerra Republicana y Solidaritat per la Independència (que en las últimas elecciones ha perdido su representación en el parlamento catalán). Poco a poco la iniciativa ganó peso y cogió a contrapie al Gobierno catalán, que lanzaba mensajes titubeantes: acogía la llamada sociológica de la protesta, pero asumía la legitimidad también del Código de Circulación, que llamaba a sancionar. La concesionaria Abertis, que mantiene casi un monopolio en Cataluña, se ha convertido en el blanco de las iras de los insumisos de los peajes, pese a que sus cuentas se han resentido solo ligeramente por la protesta. Si no llegara a cobrar las 15.000 infracciones recogidas hasta noviembre perdería menos de medio millón de euros.

Nunca al Servicio Catalán de Tráfico (SCT) le fue tan fácil imponer multas. Una tras otra, sin cesar, hasta contabilizar cerca de 15.000 a finales del pasado mes de octubre. El proceso sancionador sigue vivo en miles de casos, como también lo está el movimiento que lo originó y que tuvo su germen en la denuncia del agravio existente en materia de peajes entre Cataluña y el resto de España. Según datos del INE, la comunidad soporta uno de cada cinco kilómetros de autopistas de pago españolas. Representan casi la mitad de todas sus carreteras de gran capacidad. En el resto de regiones, el promedio se sitúa por debajo del 20%.

El año en términos de imagen ha sido grande. Especialmente cuando el movimiento se sirvió de días señalados, como una operación retorno, para abrir convocatorias al “no quiero pagar”.