Es cuestión de voluntad política

Durante los años 80, algunos jueces y forenses se mostraron dispuestos a investigar las denuncias por tortura a detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista. Las imputaciones y condenas de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional ocupaban los titulares y los nombres de Intxaurrondo (San Sebastián) e Indautxu (Bilbao) se convirtieron en sinónimos de tortura. Los sucesivos gobiernos del PSOE y PP decidieron evitar esta situación, no combatiendo la tortura sino ordenando la incomparecencia ante los tribunales de los agentes denunciados; recusando a los jueces que investigaban; organizando campañas de acoso y desprestigio contra los mismos...

En septiembre de 1986, el entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alberto Ruiz-Gallardón —hoy ministro de Justicia—, propuso modificar la ley antiterrorista para “que los delitos de tortura y malos tratos cometidos en el País Vasco sean enjuiciados por la Audiencia Nacional (…) por confiar en esos jueces (naturales), estamos donde estamos” (EL PAIS, 18 de septiembre de 1986 ).

El Gobierno, entonces del PSOE, no llegó a tanto: ordenó que los detenidos en virtud de la ley antiterrorista fuesen trasladados a las dependencias policiales de Madrid, evitando que las denuncias por tortura fuesen investigadas con prontitud, e indultando a aquellos agentes que, pese a todo, fueran condenados.

Las denuncias se eternizaron en decidir qué juzgados debía iniciar la investigación: los vascos —catalanes, gallegos, etcétera— o los madrileños… La investigación se retrasaba meses, incluso años (con la consiguiente desaparición de posibles pruebas… ). Al final, los jueces se limitaban a solicitar los informes forenses de la Audiencia Nacional (criticados reiteradamente por instituciones internacionales de Derechos Humanos por no cumplir los requisitos mínimos), para archivar las denuncias. Como consecuencia, las condenas por tortura pasaron a ser cosa del pasado.

Efectivamente, desde entonces únicamente en dos ocasiones, las denuncias por tortura a detenidos incomunicados, han finalizado en condenas (siquiera en primera instancia) y en ambos casos los detenidos no fueron trasladados a Madrid ante la gravedad de las lesiones, que exigieron su hospitalización: Kepa Urra, Bilbao en 1992, e Igor Portu, San Sebastián en 2008, Ambos fueron reconocidos por médicos no pertenecientes a la Audiencia Nacional y las denuncias fueron investigadas, por los jueces naturales, inmediatamente después de producirse los hechos.

Jorge del Cura es portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.