Una ONG acusa a España de recluir en los CIE a víctimas de trata

Las condiciones sanitarias, alimentarias e higiénicas de las mujeres recluidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son extremadamente deficientes. Así lo denuncia un informe de la organización de protección de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que ha analizado a través de entrevistas con las internas, otras organizaciones que las apoyan y la administración pública las condiciones de estos centros en que inmigrantes en situación irregular pueden ser recluidos solo por no tener papeles durante 60 días, hasta que se proceda a su expulsión del país. En estos centros en los que se les priva de libertad están internadas también, según denuncia Women’s Link Worldwide, mujeres víctimas de trata que no han sido identificadas como tal y que no reciben ningún tipo de ayuda.

La organización ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso de una de esas mujeres, Leticia (nombre supuesto), una presunta víctima de trata que estuvo internada en uno de estos CIE sin recibir asistencia y a quien las autoridades intentaron deportar en dos ocasiones, según las abogadas de Women’s Link, que aseguran que no se ha investigado el testimonio de la mujer sobre la red de trata a la que pertenecía. Tras lograr frenar su expulsión, Leticia fue puesta en libertad por haber agotado el plazo de internamiento de 60 días y vive ahora en España en situación irregular.

La organización asegura en su informe que ha detectado 21 mujeres en situación similar a la de Leticia, víctimas de trata que viven recluidas en Centros de Internamiento de Extranjeros, lo que dificulta o incluso impide su identificación. “Aunque una víctima de trata es alguien a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales y no debería permanecer en uno de estos centros, la realidad es que allí están”, ha afirmado Paloma Soria, abogada de la organización y coordinadora del informe. “Esto provoca, además, carencias enormes en la identificación y protección de estas víctimas. Identificarlas cuando se encuentran privadas de libertad es complicado, y más cuando sienten la amenaza de ser deportadas a su país, donde pueden sufrir peligro y persecución por parte de las mafias”, ha explicado. Y es que en un centro y en las condiciones en las que viven, aseguran, entablar la relación de confianza para que estas mujeres cuenten sus historias es muy difícil.

El Gobierno aprobó en 2008 un plan integral de lucha contra la trata para identificar y ayudar a las víctimas. Sin embargo, según las organizaciones, no todas las que han llegado a España víctimas de redes de esclavización sexual son identificadas como víctimas potenciales y, por lo tanto, no se les ofrecen los medios ni el periodo de reflexión de 30 días para que decidan si quieren testificar contra sus verdugos.

Vulneración del derecho a la salud

El informe de Women’s Link también da cuenta de las deficientes condiciones sanitarias en las que están las mujeres internadas en los CIE. “Se están produciendo vulneraciones gravísimas de los derechos humanos. Algunas no reciben la atención médica que necesitan, otras ven interrumpido el tratamiento que estaban recibiendo en la calle por ingresar en el centro”, ha asegurado Soria. La organización, que ha entregado su informe a la Defensora del Pueblo, narra en el documento varios casos de mujeres que han sufrido esas vulneraciones.

Pero no es la primera vez que las organizaciones de derechos humanos denuncian las condiciones de vida en estos centros de internamiento. Tampoco es la primera ocasión en la que se conocen casos de problemas sanitarios con las personas que están recluidas en ellos. A principios de este año, por ejemplo, se conoció el caso de Samba Martine, una congoleña de 41 años internada en uno de estos centros, que falleció a finales del año pasado después de que los médicos del CIE de Aluche (Madrid) descartaran varias veces que se encontrara enferma.

El Ministerio del Interior prepara ahora un nuevo reglamento para estos centros en el que, sin embargo, no incluye ninguna referencia a estos problemas ni a las posibles víctimas de trata. Tampoco, según las organizaciones, ha tenido en cuenta la perspectiva de género.

El Defensor del Pueblo y varios jueces ya han advertido también de las pésimas condiciones de estos centros en los que los inmigrantes en situación irregular viven hacinados.