Hacia un Poder Judicial no politizado

La Constitución creó el CGPJ con el fin de sustraer a la política de partidos ciertos aspectos del gobierno del Poder Judicial, especialmente los nombramientos, ascensos, inspección y sanciones de jueces y magistrados. Se trataba de quitar al Poder Ejecutivo esas competencias y confiarlas a un órgano no subordinado a los demás poderes públicos que —como dijo el Tribunal Constitucional en 1986— pudiera actuar al margen de la “lógica del Estado de partidos”. Se pretendía así asegurar mejor la independencia judicial, privando al Gobierno de competencias que, utilizadas de modo desviado, podrían servirle para intentar influir sobre los jueces.

Quienes defienden que el CGPJ no tiene por qué ser un órgano aislado de la política plantean, por tanto, un modelo de gobierno del Poder Judicial distinto del querido por la Constitución y, seguramente, innecesariamente complicado. Si se renuncia a que las decisiones sobre nombramientos, ascensos, inspección y sanciones de jueces y magistrados se alejen de la política partidista sería mejor opción eliminar el CGPJ y devolver esas funciones al Gobierno. El CGPJ solamente tiene sentido si es un órgano no politizado. Ahora bien, ¿es posible un CGPJ no politizado? Hay quien sostiene que no ya que, se dice, si la designación parlamentaria de sus miembros conduce a un Consejo impregnado de la política de partidos, la designación de la mayoría de los vocales por jueces y magistrados convertiría al Consejo en el campo de batalla de la política de las asociaciones judiciales.

Yo creo que sí es posible un CGPJ no politizado, que responda al modelo querido por la Constitución. Para conseguirlo, me parece imprescindible el cambio en el sistema de designación de los 12 vocales de procedencia judicial. Han de ser los jueces y magistrados quienes elijan a esos vocales y no las fuerzas políticas parlamentarias. Pero hay que ser consciente de que no basta con este cambio para poner fin a la politización del CGPJ. Será necesario también, entre otros cambios, un sistema electoral que asegure la presencia en el CGPJ de los distintos sectores de la carrera judicial, incluyendo a los jueces no asociados y, sobre todo, que el Consejo evite actuar como un órgano condicionado por divisiones ideológicas, especialmente en los nombramientos, y evite también implicarse en cuestiones de política general en materia de justicia. Si la mayoría de vocales designados por los jueces y magistrados no se toma en serio lograr que el CGPJ funcione así, tal vez habrá que dar la razón a quienes piensan que es imposible un CGPJ no politizado. Lo que conducirá, antes o después, a la desaparición del CGPJ y a la devolución de sus competencias al Poder Ejecutivo puesto que un CGPJ politizado, sencillamente, no tiene sentido.

Jaime Vegas Torres es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Rey Juan Carlos.