Sanidad incluye en su ahorro 1.550 millones de medidas que aprobó el PSOE

El Ministerio de Sanidad va sobrado. Según las cuentas que figuran en la memoria económica del real decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud (el de los recortes), prevé ahorrar 7.267 millones de euros, 267 millones más que los 7.000 millones que le correspondían dentro del último anuncio de ajustes que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El documento, que tiene fecha de entrada en el registro del Congreso de los Diputados del 24 de abril a las 19.59 horas, aclara algunas de las elucubraciones que se han venido haciendo en los últimos días sobre el impacto esperado de las medidas.

El grueso del ahorro (1.550 millones, el 22% del total) corresponde a las medidas de ahorro en medicamentos. Pero lo curioso es que estas, según recoge la memoria económica, no son nuevas. Son, simplemente, el efecto para este año de las medidas aprobadas por el anterior Gobierno. En concreto, se refiere la memoria al real decreto-ley 9/2011 (prescripción por principio activo, modificar el sistema de precios de referencia para que sea el del medicamento equivalente más barato) y la resolución de diciembre del año pasado que fija los nuevos precios de referencia. Estas medidas fueron directamente aprobadas por el PSOE, o se basan en lo que este decidió.

El resto de las cuentas se resume como sigue: 917 millones por quitar la tarjeta sanitaria a extranjeros (y la atención correspondiente), entre ellos 676.000 europeos. En la memoria no se menciona ninguna cifra de extranjeros de otro origen, de los que este periódico calculó que podían estar en situación irregular pero empadronados, y por tanto con derecho a tarjeta sanitaria hasta ahora, un total de 150.000.

La reevaluación de la actual cartera de servicios común y lo que el texto llama su ordenación, es decir, definir qué servicios están sujetos a copago, aportará otros 700 millones. Eliminar fármacos de la cartera de prestaciones, bien por antiguos o porque se considere que deben facilitarse sin receta, supondrá 500 millones de ahorro.

El aumento del copago farmacéutico, en el que por primera vez los pensionistas que no eran funcionarios, pagarán parte del precio de su medicación, supondrá 500 millones. El régimen de los trabajadores públicos (Muface) no cambia, y seguirán aportando el 30% del precio de su medicación, sean activos o jubilados.

El buen uso del medicamento supondrá 1.000 millones. En esta partida se incluye el efecto de dar valor al producto y el ajuste de dosis de los envases, para evitar que se envíen a destruir 3.800 millones de toneladas.

La central de compra ahorrará entre el 15% y el 50% del precio de los suministros, tanto de fármacos como de otros productos. Sanidad estima su ahorro en 1.000 millones. El pacto sociosanitario, ejemplificado en “la diferencia de coste por cama en relación con el hospital”, supondrá, con los “ahorros generados en un 10% de pernoctaciones”, 600 millones.

La política de recursos humanos tiene dos ejes. Por un lado, la homologación de los distintos niveles profesionales entre las comunidades, lo que facilitará la movilidad. Por otro lado, la desaparición de las categorías de funcionarios APD (atención pública domiciliaria) y personal de cuota y de zona. El presidente de CSIF, Fernando Molina, explica que la medida puede afectar a unos 25.000 trabajadores del primer grupo, y entre 8.000 y 10.000 del segundo. Con el real decreto, quedarán asimilados al resto del personal, que tiene la consideración de estatutarios (un tipo de contrato que rige en la sanidad). Molina no cree, sin embargo, que la medida vaya a suponer un gran ahorro, sino una pérdida de los beneficios que tenían por ser funcionarios (poder elegir entre Muface y sanidad pública, cobrar de trienio el 10% del sueldo base en vez de unos 36 euros). El propio ministerio admite que “no es posible determinar con precisión una valoración económica específica, dado que no existe actualmente un registro para conocer el número de efectivos de cupo y zona existentes”. Pero calcula que estas medidas facilitarán la movilidad del personal, y que ello supondrá 500 millones de euros.

En cambio, la memoria admite que el nuevo fondo de garantía para tratar a los pacientes desplazados a comunidades limítrofes requerirá un aumento presupuestario, pero no dice de cuánto.

En su exposición, el ministerio afirma que “no hay alternativa” a este real decreto, afirma que las medidas no suponen carga administrativa y carga contra el descontrol autonómico. “La ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema han conducido al sistema nacional de salud a una situación de grave dificultad económica sin precedentes”, indica.

“El impacto de género del presente real decreto ley es nulo, pues no existiendo desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se prevé modificación alguna de esta situación”, concluye.