Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La ley de plazos no incrementa el número de abortos

Los datos de los primeros meses de aplicación de la norma muestran que las intervenciones no aumentaron

La ley de plazos no ha disparado el número de abortos en España. Las intervenciones apenas se incrementaron un 1,3% en 2010, último año del que hay datos disponibles y primero de aplicación de la nueva legislación. Ese ligero repunte no altera la tendencia a la baja registrada en 2009, cuando se practicaron un 3,7% de interrupciones del embarazo menos, el primer descenso desde que se contabilizan los datos.

Que las mujeres tengan un plazo libre para abortar sin tener que justificar su decisión —un sistema que sustituye desde hace casi dos años a la anterior normativa, en la que las mujeres tenían que alegar ciertas razones para interrumpir su embarazo— apenas ha alterado los números, según los datos del Ministerio de Sanidad. De hecho, en el segundo semestre de ese año —el periodo en el que ya estaba en vigor la ley de salud sexual y reproductiva— se registraron incluso menos intervenciones que en el primero (unas 4.000 menos).

Los pronósticos de los más críticos con la nueva legislación, vigente desde julio de 2010, no se han cumplido. Antes de que entrara en vigor la ley de plazos, el Partido Popular —a quien nunca gustó la normativa, muy similar a la de la mayoría de los países de la UE, y que ha recurrido al Tribunal Constitucional— aseguró que las interrupciones del embarazo aumentarían. “Sin duda crecerán”, dijo Sandra Moneo, portavoz de Igualdad del PP en el Congreso en 2010. Ya ese año reclamó “medidas sociales y económicas para evitar que ninguna mujer en España se vea abocada al aborto”. Un argumento similar al que empleó Gallardón ayer cuando explicó sus argumentos para modificar la actual ley para volver a un sistema en el que las mujeres deban justificar su decisión para interrumpir su embarazo. El ministro de Justicia habló de “presiones sociales o familiares” sobre las embarazadas para que aborten; también del “miedo a perder el empleo”.

Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, critica el razonamiento de Gallardón, que hoy ha recibido el respaldo del Gobierno. Ginecóloga y con más de 30 años a sus espaldas atendiendo a las mujeres antes y después de que interrumpan un embarazo, afirma que aquellas que toman su decisión por razones solamente económicas son “una minoría”. “Pensar que se obliga a las mujeres a abortar es un sinsentido. No es cierto. Las mujeres tienen madurez suficiente para tomar esa decisión, no son niñas que se guían por otras personas”, dice. Serrano recuerda que desde que entró en vigor la nueva ley del aborto las mujeres reciben documentación sobre las ayudas a la maternidad. Una información elaborada por el Ministerio de Sanidad que complementa después cada comunidad autónoma. Tras recoger esta documentación, las mujeres deben pasar un periodo de reflexión de tres días antes de abortar. “Nadie quiere quedarse embarazada por accidente, y menos si está en una situación en la que no se puede permitir tener un hijo; así que, en vez de criminalizar el aborto, habría que hacer políticas preventivas”, añade Serrano.

"Si una mujer ha decidido abortar, sea por lo que sea, lo hará", asegura Luisa Torres, trabajadora social de la Clínica Dator de Madrid, una de las más antiguas, que se pregunta también por las medidas del Gobierno para controlar ese "supuesto acoso laboral contra las embarazadas"."Nadie puede juzgar las razones de una mujer para abortar, eso solo pertenece a su intimidad. Las mujeres desean que se proteja y respete su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad. Aquella que se encuentra ante un embarazo no deseado va a abortar por el medio que sea", añade.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en la revista científica The Lancet refuerza el argumento de Torres. El reciente informe revela que la tasa de abortos es menor en los países con leyes más permisivas -como Holanda, donde la ley de plazos permite interrumpir el embarazo hasta la seman 24 de gestación-. El número de intervenciones son mayores, sin embargo, en países con normas más restrictivas. "Las mujeres recurren a lo que sea, incluso a métodos inseguros y clandestinos", apunta Serrano.

 

Estudios con polémica

El Gobierno, sin embargo, se apoya en ciertos estudios para defender su argumento. Así lo ha comentado esta mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, como Ana Mato o Esperanza Aguirre, han compartido las palabras del titular de Justicia. “Estudios universitarios muy solventes avalan por ejemplo que nueve de cada 10 mujeres sufren acoso laboral cuando están embarazadas y que un 25% de las mujeres son despedidas precisamente cuando se quedan embarazadas”, ha afirmado el titular de Interior. Las cifras mencionadas por el ministro aparecen en un estudio elaborado por la Fundación Madrina, una organización contraria al aborto. En ese documento (de 2010) habla de “mobbing maternal” y lo define como la “violencia o acoso” que sufre la mujer “especialmente en su entorno laboral” aunque también “sufre violencia o efectos negativos y colaterales igualmente en el entorno personal y familiar, incluso social y administrativo”, por el hecho de ser madre. También el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares Iñaki Piñuel, que ha elaborado varios estudios sobre el acoso laboral, ha hecho referencia al acoso maternal y asegura que un 18% de las trabajadoras han denunciado a sus empresas por presiones. Informes -como el Cisneros, de 2005-, por otra parte, muy polémicos por sus elevados porcentajes y criticados por los expertos.

Las organizaciones de mujeres y el PSOE han criticado el argumento del Gobierno. Mantienen que parece olvidar que con el anterior sistema de supuestos vigente desde 1985 a julio de 2010 -que definía el aborto como un delito y solo lo permitía en tres casos (violación, hasta la semana 12 de gestación; malformación del feto, hasta la 22; o riesgo para la salud de la madre, sin plazo)- las cifras eran más altas. También lo fueron durante los años de Gobierno del Partido Popular: entre 1996 y 2004 se practicaron más de 500.000 abortos. Sin embargo, el Ejecutivo se ha decantado por reformar la ley de plazos para volver a un sistema similar al de hace 30 años.

La norma es más restrictiva

Todo ello a pesar de que la nueva regulación es en cierta manera más restrictiva que la anterior. El supuesto de riesgo físico o psíquico para la salud, al que recurrían el 90% de las mujeres, no tenía plazo, lo que permitió en ocasiones abortos muy tardíos. Algo con lo que termina la ley de plazos, que marca un periodo libre hasta la semana 14 y un sistema de supuestos similar al anterior hasta la semana 22 de gestación. Tras esto, el aborto solo está permitido en casos de malformaciones del feto “graves o incompatibles con la vida”, un diagnóstico que debe ser determinado, además, por un comité clínico compuesto por varios médicos.

La ley de plazos tampoco incrementa los abortos entre las menores. En 2009, las menores de 16 y 17 años que abortaron representaban el 3,8% del total. En 2010 fueron el 3,9%. Aunque en los datos de Sanidad no se aclaran cuántas de las 4.424 chicas de 16 y 17 años que abortaron en 2010 lo ocultaron a sus familias. Una posibilidad que recoge la normativa si la joven —que además no necesita el consentimiento paterno, solo que los padres estén informados— considera que contarlo en casa le puede acarrear un conflicto. También esta parte será reformada por el Gobierno.