Ilimitada responsabilidad de los hogares

El deterioro del ciclo económico y su traslación a los agentes económicos, vía menores ingresos en las empresas y menores rentas en las familias, tiene una consecuencia directa en el incremento de la morosidad tanto comercial como bancaria. Sin embargo, el análisis en detalle de su evolución pone de manifiesto el desigual comportamiento, fundamentalmente en términos de su descomposición por tipología de crédito.

Salvo en países que han atravesado situaciones de enorme estrés —Hungría, Grecia—, la tasa de morosidad total se ha comportado de forma similar, pero no así su composición, siendo España uno de los países donde mayor heterogeneidad existe. Actualmente conviven tasas de morosidad cercanas al 20% en el sector promotor con tasas inferiores al 3% en hipotecas de familias. De hecho, si a la morosidad promotora añadiéramos los activos procedentes del sector inmobiliario que se han adjudicado las entidades financieras, la tasa se situaría claramente por encima del 30%.

Las cifras son aplastantes. Si consideramos también los activos adjudicados, el 73% de la morosidad de nuestro país procede del sector promotor y constructor, mientras que estos sectores representan un 23% del crédito total. Estas cifras contrastan con la morosidad hipotecaria de los hogares, que tan solo representa un 8% de los activos dañados, siendo los créditos hipotecarios un 35% del total. Entre los factores que permiten explicar este desigual comportamiento conviene analizar aspectos tanto jurídicos como socioeconómicos o financieros.

De hecho, uno de los elementos más relevantes que justifica la reducida morosidad hipotecaria es la existencia de responsabilidad ilimitada del prestatario. Como consecuencia de ello, además de la garantía real, todos sus bienes personales respaldan el crédito, lo que sin duda condiciona el comportamiento de los hogares. Junto a ello, las características financieras de estos préstamos —tipo variable, plazos de amortización largos, reducido préstamo sobre valor de tasación— han permitido a las entidades llevar a cabo reestructuraciones en aquellos casos en los que ha sido necesario, y así facilitar el pago al prestatario.

Resulta además llamativa la distribución de la deuda hipotecaria entre las familias españolas. Es de todos conocido el enorme peso que representa la vivienda como activo de ahorro, hasta suponer el 89% del total de la riqueza de los hogares, frente al 65% en Estados Unidos. Sin embargo, solo un 35% de los hogares tiene préstamo hipotecario frente a más del 50% en EE UU.

Partiendo de esta situación, es necesario analizar el impacto que puede tener en la morosidad la evolución del precio de los inmuebles y el comportamiento de las rentas familiares. Y es en este punto donde emergen importantes diferencias con otros países. En el caso español, el deterioro en el valor de los activos no es previsible que se traduzca en un incremento de la morosidad, básicamente porque la extracción de renta del préstamo hipotecario no es una práctica habitual, como pueda ocurrir en EE UU. Lo que sí resulta relevante sin embargo es la evolución de la renta. Así, el pago de la deuda hipotecaria de los hogares absorbe de media un 19% de las rentas obtenidas; pero existe una enorme dispersión, ya que en los hogares de menor renta y más endeudados ese porcentaje llega a superar el 66%.

En definitiva, la situación actual de la morosidad en España muestra un elevado sesgo hacia activos del sector inmobiliario. El favorable comportamiento relativo que ha mostrado en los últimos años la morosidad de los hogares responde a múltiples factores, pero su evolución futura va a estar enormemente condicionada por la recuperación del ciclo económico.

Alfonso García Mora es socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI)