La televisión de todos es mía

Cinco periodistas, un cineasta, un licenciado en Derecho, un profesor mercantil, un catedrático de Economía Aplicada y una experta en Derecho Eclesiástico gestionan la televisión pública en España. Todos ellos fueron declarados "idóneos" para despeñar en cargo de consejeros de RTVE por los parlamentarios que les examinaron a finales de 2006. Ningún partido puso pegas. Al fin y al cabo habían sido designados por ellos. El Congreso y el Senado se limitaron a firmarles el aprobado.

Los partidos aparecen detrás de RTVE como de otras instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial) o de organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), que en la práctica se han convertido en una especie de miniparlamento. Su configuración nace de un sistema de cuotas en la que, en la mayoría de los casos, se requiere el acuerdo previo del PSOE y del PP.

Mediante esta fórmula, organismos teóricamente independientes se ven sometidos a dictados partidistas. "El problema es que no sabemos salir del sistema de cuotas, que es como un cáncer que se extiende cada vez a más ámbitos", sostiene Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Gestión Pública de ESADE. A menudo, añade, los partidos colocan en estos organismos "a gente que no tiene acomodo en otro sitio". Exministros y exdiputados han ocupado sillones en los Consejos de Administración de los entes públicos.

Consecuencia de la tan denostada política de cuotas es la crisis abierta en RTVE tras el intento de sus consejeros de controlar los contenidos de los telediarios mediante el acceso a su sistema editor (conocido como iNews). Esta pretensión, aprobada por el Consejo el miércoles y revocada 48 horas después, "es la manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad", dice el profesor titular de Información Audiovisual de las Universidad Complutense de Madrid Rafael Díaz Arias, según el cual el sistema de reparto de cargos institucionales "ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Constitucional o RTVE". Por eso considera que urge "una regeneración democrática" y "un cambio de cultura".

En el caso de la televisión, la distribución de consejeros no fue una foto fiel del Parlamento. Se hizo conforme a los resultados de las elecciones generales de 2004, pero pesaron los compromisos adquiridos por el presidente Zapatero con determinadas formaciones. Los socialistas cedieron dos plazas de las cinco que le correspondían a IU y a ERC. El PP obtuvo cuatro y CiU una. Además, CC OO nombró a uno y UGT a otro.

A todos ellos, la ley les exigía experiencia profesional, un concepto vagamente concretado (formación superior o reconocida experiencia, desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años), apunta el profesor Díaz Arias. "Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en los actuales consejeros o en si la trayectoria de algunos de ellos tiene una clara vinculación partidista, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularles ni una sola pregunta, lo que demuestra la falta de cultura de independencia institucional", lamenta.

En esta línea, el experto de la escuela de negocios ESADE apunta que el problema, a veces, no es de diseño sino de composición. "En organismos donde se pretende actuar con criterios profesionales se puede dar la circunstancia de que el comportamiento de los vocales no se rija por pautas de independencia". Es decir, que los candidatos a ocupar los cargos cumplan con el perfil adecuado pero que a la hora de la verdad sean "la voz de su amo".

Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, pone el ejemplo de la televisión catalana. "El tripartito buscó una fórmula de profesionalización. No nombraron directamente a militantes, sino a personas afines y se repartieron los consejeros por cuotas". En contraposición a lo que se ha convertido en una práctica habitual en España, Subirats pone el ejemplo de la británica BBC, un modelo envidiado en el mundo entero. Pero alerta: "El problema no se resuelve copiando una fórmula jurídica. En Reino Unido, por tradición, historia y trayectoria, se considera sagrada la autonomía. Importar un modelo no es una fórmula mágica. No hay atajos. Solo si la sociedad es exigente se avanzará hacia la independencia de los medios públicos".

Los profesionales salen en defensa de la independencia tras la intentona de los consejeros de supervisar su labor periodística. "La tentación de utilizar los medios públicos con fines partidistas seguirá existiendo, pero hoy los profesionales de RTVE somos más fuertes y estamos más unidos para decir 'no' frente a futuras presiones, vengan de donde vengan", asegura José Ramón Lorenzo Patterson, vicepresidente del Consejo de Informativos. Añade que el rechazo generalizado y la rectificación a la que se han visto obligados los consejeros demuestra "que la sociedad no está dispuesta a tolerar ningún tipo de utilización política y que valora la misión de servicio público que debe preservar RTVE".

Históricamente, TVE ha sido un campo de batalla política minado. Con el actual consejo se intentó configurar un equilibrio de poderes. Muchas votaciones han puesto de manifiesto una división en dos bloques: por un lado el conservador, en el que se alineaban PP y CiU, y por otro el progresista (el autodenominado G-6) que sumaba los dos votos socialistas y los de IU, ERC, CC OO y UGT. Ha habido otras votaciones, no obstante, en las que ha predominado la unanimidad: los derechos del Mundial de motociclismo, el fin de España directo. Tampoco hubo discrepancias a la hora de fijar su sueldo (120.000 euros al año), el uso del coche oficial o el nombramiento de asesores.

Primero la dimisión de Alberto Oliart (hace dos meses) y ahora la del representante de CC OO, Héctor Maravall, han alterado el sistema de fuerzas. Los empates a cinco pueden empezar a ser la tónica general mientras no haya un acuerdo político para recomponer el Consejo. Algo que llevará su tiempo porque los sustitutos tienen que ser nombrados por el Parlamento y las Cortes están a punto de disolverse.

La situación por la que atraviesa RTVE, con consejeros que rotan cada mes en la presidencia pero no tienen poder ejecutivo, refleja "la incapacidad de los políticos para definir modelos de gobernanza en entidades que deben funcionar autónomamente", apunta Francisco Longo. Ahora la dimisión de Maravall ahonda la crisis. Desde que se aprobó la reforma del viejo ente público es la tercera salida (antes lo hicieron Luis Fernández y Alberto Oliart).

En ausencia de un presidente ejecutivo, el Consejo en pleno ha tomado las riendas. Celebran sesiones plenarias los miércoles y los lunes se reunen con el comité de dirección. Santos Ruesga, el consejero de UGT, se ha negado a asistir a esas reuniones: "Es una aberración. Algunos consejeros se han empeñado en controlarlo todo". Este descabezamiento aboca a una situación de parálisis, según Francisco Longo. "Un Consejo de Administración es un organismo que está para marcar las estrategias y adoptar las grandes decisiones. Lo normal es que haya una estructura ejecutiva ágil", añade consciente de que la falta de un presidente está añadiendo dificultades a la gestión.

No faltan quienes han aprovechado esta crisis para cuestionar la propia existencia de la televisión pública. El profesor de ESADE es uno de ellos. "Tendríamos que clarificar para qué queremos una televisión pública y qué tipo de televisión pública necesitamos. ¿Por qué tenemos que pagar la Champions? El dinero se puede destinar a otras cosas, como la educación o la sanidad".

En el polo opuesto está Díaz Arias. Este antiguo periodista de TVE dice que es "necesaria" en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. A la vista de los contenidos de los canales de TDT la considera también "imprescindible". El exdirector de programas de TVE Juan Manuel Martín de Blas sostiene que la crisis de la escaleta es "una vuelta de tuerca más para la destrucción sistemática de la televisión pública". "Está claro", añade, "que los defensores de lo público, sea en cualquier campo, estamos siendo derrotados con la connivencia de algunos de nuestros amigos de la izquierda. Este episodio no nos sorprende a los viejos rockeros. Los informativos de TVE, que es de lo poco salvable de la política audiovisual de Zapatero, están bajo sospecha y casi ningún partido, como se demuestra, defiende el statu quo de la neutralidad".

Quienes hacen los informativos aseguran que en más de una ocasión han alertado de lo que supone que RTVE se utilice "como arma arrojadiza de los políticos". Y recuerdan que son precisamente los partidos quienes a través de los diversos órganos de control que existen (el Consejo de Administración, la comisión de control parlamentario), deben procurar que cumpla con su función de servicio público.