La juez investiga el caso de la mujer fallecida por aneurisma tras recorrer cuatro hospitales

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha abierto diligencias previas para investigar el caso de la mujer que falleció de aneurisma después de pasar por cuatro hospitales públicos y esperar 65 horas a ser operada por falta de quirófanos y de medios técnicos. La magistrada Silvia López Mejía adoptó esta decisión el pasado lunes, el mismo día que llegó a su juzgado la querella presentada por los familiares de la víctima contra Jaume Raventós Monjo, gerente del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y contra el jefe del servicio de neurocirugía de ese centro.

María del Carmen Mesa Nozal, de 65 años, ingresó en ese hospital pasadas las 17 horas del 7 de septiembre procedente del hospital Josep Trueta de Girona, al que a su vez llegó derivada del hospital de Blanes, donde entró a las 5.10 horas.

En el Vall d'Hebron, uno de los dos centros de referencia de Cataluña para tratar esta dolencia, la mujer fue trasladada a la UCI con el diagnóstico de aneurisma que ya se le había realizado en el Josep Trueta. Los médicos anunciaron que sería operada el día 8, pero nada eso ocurrió. Ni el día 9. La razón no fue otra que la falta de quirófanos en Vall d'Hebron y la avería de la máquina que debía realizar una embolización para tratar el aneurisma, según consta en los documentos médicos que se adjuntan con la querella y según dijeron los responsables médicos a los familiares. Tras esos aplazamientos en Vall d'Hebron, la mujer fue derivada al hospital Clínic, donde fue operada a medianoche del día 9. Al cabo de 12 horas, la mañana del día 10, regresó a Vall d'Hebron.

Ese hospital considera que actuó correctamente y que cumplió el protocolo previsto para estos casos. Achaca la avería de la maquinaria a "fallos técnicos". La querella, por el contrario, sostiene que la demora en la operación se explica por los recortes en la sanidad que la Generalitat ha aprobado.

La querella considera que ante la larga espera de la mujer en Vall d'Hebron sin ser intervenida, se cometió un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos que prevén la Constitución y las leyes; así como otro delito por denegación de asistencia sanitaria. El primero está previsto en el artículo 542 del Código Penal y castiga con penas de uno a cuatro años de inhabilitación a quien impida el ejercicio de estos derechos. El segundo de los delitos que imputa la querella está recogido en el artículo 196 y sanciona con penas de multa al "profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios".

La juez razona en su breve auto que, tras tener conocimiento de un hecho que pudiera ser delictivo, abre las diligencias previas para investigar "la naturaleza y circunstancias del hecho, así como a las personas que en el mismo hayan podido participar". También acuerda comunicar los hechos al fiscal y pide a la familia que se ratifique en la querella, algo que ya hicieron ayer el esposo y las hijas de la víctima.

"Estamos esperanzados porque creemos que es el primer paso de un largo camino", declaró ayer Natalia Fuertes, hija de la fallecida. "Pusimos la demanda porque confiamos en la justicia, a pesar de que recibí muchas sugerencias de que fuera por la vía civil para lograr una indemnización ante el tradicional corporativismo profesional con el que nos podemos topar", añadió la hija.

Fuentes judiciales explicaron que la apertura de diligencias es el paso previo a que se empiecen a practicar las pruebas que propone la querella, redactada por el abogado Rafael Núñez, especializado desde hace más de 20 años en la defensa de pacientes afectados por el deficiente funcionamiento de la sanidad. De manera previa, la querella solicita que los cuatro hospitales por los que pasó la mujer -el hospital de Blanes, el Josep Trueta de Girona, el Vall d'Hebron y el Clínic- envíen al juzgado las historias clínicas completas de la paciente, así como del servicio médico que la atendió, las razones por la que fue derivada y que se identifique a las personas y servicios que intervinieron en cada caso. También se pide que se tome declaración a los querellados y a otros tres médicos del Vall d'Hebron en su condición de testigos.

El abogado de la familia calificó ayer de "trascendente" la apertura de diligencias previas. "La juez ya se ha pronunciado respecto a que los hechos pueden ser constitutivos de delito y, además, da traslado al fiscal de la causa para que actúe como garante de la legalidad". El letrado considera que el auto responde a "la más absoluta normalidad del procedimiento".