La atención a los desplazados

A veces resulta difícil entender algunas cuestiones y debates que se producen en nuestro país y también saber si se trata de algún defecto consustancial a nuestro sistema político y mediático o es tan solo el resultado de la crispación existente. Un buen ejemplo de ello es el tema de los problemas de asistencia sanitaria de los desplazados, considerando como tales a aquellas personas que teniendo su domicilio en una comunidad autónoma precisa de atención sanitaria en otra distinta.

El asunto viene de antiguo y presumiblemente se irá ampliando con el tiempo. Es bien conocido que hay algunas personas que suelen pasar sus vacaciones en comunidades autónomas distintas a aquellas en las que residen, y que este movimiento de población es importante sobre todo en verano y hacia las comunidades autónomas costeras, pero también que se produce en los fines de semana, puentes, etcétera, y lógicamente estos movimientos de población tienden a ampliarse (muchas personas tienen una segunda residencia en el campo o en la costa), a más de los desplazamientos de los ancianos (todavía es habitual que muchos de ellos alternen el domicilio mensual o trimestralmente, viviendo con sus hijos) y del hecho de que las facilidades de las comunicaciones favorece cada vez más que haya personas que viven en una comunidad autónoma y trabajen en otra. Lógicamente, en estos movimientos de población se producen demandas de atención sanitaria que deben ser atendidas.

La legislación española obliga a todas las comunidades autónomas a atender a todas las personas que tienen derecho a la atención sanitaria, independientemente de dónde estén domiciliados y de cómo el modelo de financiación sanitaria asigna fondos a las comunidades autónomas en razón de su población. Parece obvio que se debe articular algún sistema que tenga en cuenta estas demandas de atención sanitaria que se producen en otras autonomías.

La Ley de Cohesión de 2003 creó un Fondo de Cohesión que, aunque tenía una concepción mas amplia, se circunscribió a los desplazados, y, dentro de ellos, a la atención hospitalaria, estableciendo un mecanismo por el que un fondo económico se repartía entre las comunidades autónomas que habían atendido en sus hospitales a pacientes de otras comunidades autónomas. El que se limitara a la atención hospitalaria seguramente respondió a las presiones de Madrid y Cataluña, las más beneficiadas por este modelo y a que las demás consideraron poco relevante los gastos derivados de atención primaria y la prestación farmacéutica. En ese momento, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ya señalamos que se trataba de una incongruencia y que perjudicaba a algunas autonomías.

Desde entonces han existido numerosos casos de problemas de personas que han visto limitado su acceso a las prestaciones por no encontrarse en la comunidad autónoma en la que residen habitualmente, pero estos se han recrudecido en este último año en el que con la crisis se han producido importantes recortes presupuestarios y los Gobiernos de algunas autonomías han visto en la denegación/limitación de la asistencia y/o de la prestación farmacéutica una manera de disminuir el gasto. Como las quejas se producen en los servicios de atención al paciente de cada centro, o no se producen (como la estancia es transitoria muchas personas optan por solucionar el problema a la vuelta a sus domicilios) no conocemos realmente el alcance de estos hechos (si bien Valencia y Cataluña son aquellas donde se han registrado más casos conocidos).

Estos hechos, conviene recordarlo, son totalmente ilegales porque el derecho a la atención sanitaria esta garantizado en todo el territorio independientemente del lugar de residencia, y no caben restricciones al mismo, por lo que las comunidades autónomas que lo impidan incurren en responsabilidades legales. Y una vez conocidos los hechos es el Ministerio de Sanidad quien debe de intervenir a través de la Alta Inspección.

De todas maneras, conviene tener en cuenta que el problema es, en teoría, de fácil solución porque la mayoría de los centros de salud y de la red sanitaria está informatizada y resulta bastante fácil tener un registro exacto de las prestaciones que se realizan a personas de otras comunidades autónomas, e igualmente es sencillo realizar semestral o anualmente un sistema de compensación por el que se conozca qué autonomías han realizado más prestaciones a personas de otras comunidades autónomas y qué gasto se ha producido por las mismas. Obviamente, por el sistema actual de financiación las comunidades autónomas reciben dinero para las prestaciones de todos sus ciudadanos y son ellas las que deberían hacerse cargo de los pagos resultantes, pero también se sabe que la Sanidad no está bien financiada y podría ser esta la ocasión para mejorar la cuantía del fondo de cohesión y, con él, atender a estos gastos, que presumiblemente, si realizamos la compensación previa, no van a ser demasiado elevados.

Sería lo deseable que el Ministerio de Sanidad y/o las comunidades autónomas hicieran una propuesta en estos o parecidos términos teniendo en cuenta los detalles técnicos necesarios, y que esta se aprobase en el Consejo Interterritorial, si es posible antes de las próximas elecciones, pero en todo caso antes del verano de 2012, que es el momento álgido de movimientos de población.

O sea, que todo relativamente sencillo si no fuera porque la experiencia indica que en nuestro país, y ya lo señalé al principio, las cuestiones más sencillas se convierten en un complejísimo juego de intereses, no solo partidistas, que las acaban haciendo casi imposibles. Ojalá en este caso no suceda así y todos saldremos ganando: las autonomías mejorarán su financiación, los profesionales no se verán enfrentados a situaciones incómodas y, sobre todo, la población verá efectivamente garantizado el acceso a las prestaciones de salud en cualquier punto del territorio.

Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica.