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Los rectores rechazan que las universidades sean ineficientes

Aseguran que decir que las ineficacias del sistema universitario cuestan 2.100 millones de euros "causa una alarma injustificada"

Los rectores están muy molestos con las informaciones aparecidas esta semana en los medios de comunicación que han dicho que las ineficiencias del sistema universitario español cuestan al Estado en torno a 2.100 millones de euros. Esa afirmación, "además de carecer de rigor, causa en la sociedad una alarma injustificada y aleja de la Universidad la posibilidad de atraer inversiones y recursos que potencien una adecuada gestión del conocimiento", dice una nota de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (Crue). El pasado lunes se presentó el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que contiene entre sus colaboraciones una titulada "Problemas de eficiencia del sistema universitario público español". Este texto señala que si se hubiera adaptado realmente la docencia a lo que requiere la reforma europea de las universidades (plan Bolonia) y se hubiera reducido al mínimo la oferta de carreras con muy pocos alumnos (menos de 50 cada año), se podría haber ahorrado (y, por lo tanto, haber usado para otras mejoras) unos 2.100 millones de euros.

El texto dice exactamente: "Si el SUPE [Sistema Universitario Público Español] hubiera abordado una correcta adaptación al EEES [Bolonia], la acción combinada de estos dos factores: reducción de los créditos impartidos que se derive de una menor presencialidad docente de los planes de estudio y una menor oferta de titulaciones con baja demanda, hubiera dado lugar a disponer de un margen de recursos superior al 30% del coste de la función educativa, es decir, más de 2.100 millones de euros para el conjunto de las universidades públicas. El disponer de estos fondos hubiera permitido, sin duda, financiar la esperada reducción de los tamaños medios de grupo de prácticas de laboratorio y la disponibilidad de una considerable cantidad de recursos docentes adicionales de equipamiento y asistencia técnica".

Los rectores aseguran en su nota que "de la inversión realizada en la Universidad se devuelve a la sociedad entre dos y tres veces el valor de la misma", y recuerdan un informe del Ministerio de Política Territorial que dice que el 72% de los ciudadanos están satisfechos con la enseñanza universitaria. Asimismo, insisten en el esfuerzo hecho por las universidades para adaptarse a las exigencias de la reforma europea en un contexto de crisis en el que los campus públicos han visto reducida ya su financiación en 300 millones de euros. Destacan además que la "producción científica española se ha duplicado en los últimos años hasta constituir el 3,4 % de la producción científica mundial", lo que ha convertido a España "en la novena potencia científica mundial, por delante de países como Australia, India, Rusia, Holanda o Brasil".

Los autores del trabajo en cuestión contenido en el informe de CyD, Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, también han salido al paso de la polémica con un artículo. En él, se quejan de que las afirmaciones de su trabajo no se han visto reflejadas ni matizadas adecuadamente y también critican que la forma en que CyD las difundió. Resaltan, al igual que la nota de la Crue, que las universidades españolas tienen unos resultados comparables a los de otros países de la OCDE, pero con menos financiación. Y matizan que las ineficiencias del sistema que señalan en su trabajo tienen "buena parte de su origen en factores externos a las propias universidades", esto es, básicamente, las Administraciones públicas, sobre todo por el exceso o la falta de regulación. "Nada, ningún dato justifica una visión pesimista del rendimiento y de los resultados", insisten.

No obstante, aunque hay muchas coincidencias entre el comunicado de los rectores y el escrito de los autores de "Problemas de eficiencia del sistema universitario público español", la nota de los rectores rechaza y matiza algunos contenidos de ese trabajo. "Tratando de adecuar oferta y demanda, mientras el número de alumnos de nuevo ingreso ha aumentado un 10%, se ha reducido un 12% la oferta de títulos de Grado", dicen sobre el exceso de oferta. Sobre el número de profesores, señalan: "Tomar como referencia 'la media de 6 docentes que registran los países plenamente adaptados al EEES' no es correcto, ya que las universidades europeas que se dedican a la investigación y a la formación, como sucede en el Sistema Universitario Público Español, destinan 10 docentes por 100 alumnos, una cifra mayor que las universidades españolas, que destinan 9". Y sobre la falta de resultados de investigación de una parte del profesorado sostienen que la cifra del 24% de docentes que no produce resultados científicos que puedan ser evaluados "podría considerarse baja, ya que corresponde, mayoritariamente, a una parte del profesorado que no tiene función investigadora".