La Ley de la Ciencia consolida la inestabilidad de los científicos, denuncia la Plataforma Investigación Digna

La nueva figura de contrato de acceso a la carrera científica contemplado en el la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que ha aprobado el Senado "queda reducido a un simple contrato temporal de cinco años, haciéndole perder toda competitividad y credibilidad a nivel nacional e internacional", afirma la Plataforma Investigación Digna, una asociación lanzada por jóvenes científicos precisamente para expresar sus postura en el debate de la nueva ley y que despegó con una importante recogida de firmas en apoyo de sus reivindicaciones. La plataforma recuerda que varias organizaciones científicas "han pedido insistentemente que el nuevo contrato de acceso sea similar al tenure track, un tipo de contrato existente en los países científicos punteros con el que el investigador que demuestra su valía a través de evaluaciones objetivas e independientes tiene oportunidades reales de estabilizarse". Este modelo de probada eficacia ha sido rechazado por el Gobierno.

"Esta Ley, que pretende incentivar entre otras cosas la innovación, muy lejos de innovar, no solo mantiene el status quo sino que si siquiera cumple un acuerdo de mínimos: que los centros que contraten investigadores con los nuevos contratos de acceso velen porque quienes superen las evaluaciones establecidas tengan una oportunidad real de estabilizarse laboralmente, es decir, que exista una concordancia entre el número de investigadores en contratos de acceso que hayan superado las evaluaciones y el número de puestos laborales fijos que se oferten", explica el comunicado de la Plataforma Investigación Digna. Esa concordancia, sin embargo, sí se contempla en los investigadores del actual programa Ramón y Cajal. Una enmienda del PP recogía esta idea de concordancia, pero fue retirada

El nuevo contrato de acceso, según los científicos de esta plataforma, "queda desnuco de puertas de acceso y lo único que se estabiliza en esta ley es la inestabilidad del personal investigador", insiste el comunicado.

La plataforma, sin embargo, considera positivo que el Senado haya aprobado la enmienda que dice que toda la labor de investigación tenga un régimen laboral y no se haga por becas como hasta ahora, que en muchos casos encubren empleo sumergido. El sector de I+D+i, hasta la aprobación del Estatuto del Personal de Investigación en Formación, "ha sufrido un amplio fraude laboral asociado a las becas que encubren puestos de trabajo", recuerda la plataforma. "La gran mayoría de investigadores en España con edades por encima de los 40 años tuvieron su primer contrato de trabajo hacia los 35 años, tras encadenar, durante períodos superiores a los 10 años, remuneración en régimen de beca".