Torelló pide al juez que obligue a la ACA a actuar

El Ayuntamiento de Torelló (Osona) ha solicitado al juez que obligue a la Agencia Catalana del Agua (ACA) a descontaminar el pozo que abastece de agua potable el municipio. Es la medida cautelar con la que el Consistorio pretende desencallar el litigio que mantiene desde que en 2000 detectó que varias empresas habían contaminado el río Ges por el vertido continuado de disolventes. La ACA, que depuraba desde 2003 el pozo afectado por toxicidad,abandonó esas tareas en el verano de 2010 sin notificar de ello al Consistorio.

La petición municipal responde al temor de quedarse sin suministro de agua potable en verano, cuando las segundas residencias del municipio se llenen de inquilinos. "Entendemos que procede dar la orden a la agencia para que vuelva a poner el pozo en funcionamiento y con las condiciones sanitarias exigibles", señala la instancia remitida por el Ayuntamiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vic, que lleva la causa.

"No podemos seguir así: la ACA actúa de forma absolutamente irresponsable", lamenta el alcalde de Torelló, Miquel Franch, que firma la instancia municipal. Esta detalla que Franch recibió una llamada de un directivo de la ACA el pasado marzo en la que descartaba que la agencia volviera a asumir las labores de descontaminación del pozo. "Dijeron que no se harán hasta que se aprueben los presupuestos y que es probable que esos trabajos no vuelvan a adjudicarse", señala el documento, que alerta al juez del riesgo de desabastecimiento que sufre el municipio. "En estas condiciones, cualquier avería impediría al Ayuntamiento mantener el servicio de agua potable", señala.

La toxicidad del río Ges, y por extensión del pozo que abastece Torelló, se detectó cuando unos 50 peces aparecieron muertos en el río. Los análisis del agua revelaron que esta acumulaba siete veces más disolventes del máximo permitido, por lo que el Departamento de Salud requirió al Ayuntamiento que clausurara el pozo afectado.

El Consistorio llevó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha solicitado penas de tres años de cárcel para tres empresarios —también implicó a un cuarto, ya fallecido—. Las compañías vertieron disolventes al río para ahorrarse los costes de recogida y tratamiento, lo que generó un grave riesgo para la salud pública, según resume el escrito de acusación del fiscal.