El viceconsejero de Sanidad vincula al exconsejero Inclán con las irregularidades del 'caso Margüello'
Jesús María Fernández reta al anterior titular de la cartera a denunciar al departamento si observa delitos en la actual gestión
El viceconsejero vasco de Sanidad, Jesús María Fernández, ha declarado a los medios de comunicación, a su entrada en la comisión parlamentaria que investiga el conocido como caso Margüello, que las diversas investigaciones que se han desarrollado en los últimos meses demuestran que "no se pudo hacer sin el conocimiento y posiblemente la autorización de las máximas autoridades del Departamento de Sanidad del anterior Gobierno vasco", en referencia al equipo de Gabriel Inclán. Fernández ha roto así con la cautela que ha caracterizado al Ejecutivo en torno a las investigaciones que se han hecho sobre las presuntas irregularidades en los contratos con empresas privadas vinculadas al amigo de Inclán, el ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello, y ha acusado abiertamente al equipo del exconsejero.
Pero Fernández ha ido más allá y ha llegado a asegurar que "lo que hasta ahora ha sido el caso Margüello posiblemente deberíamos empezar a denominar caso Inclán". El viceconsejero ha reiterado que su departamento "ha cumplido con su obligación de investigar las denuncias" y ha rechazado todas las denuncias realizadas el pasado miércoles por Inclán pidiéndole que de cuenta de su gestión y evite el revanchismo político. Preguntado por la "doble vara" con la que, según Inclán, se mide la gestión sanitaria actual y pasada, Fernández ha pedido al exconsejero "que no se meta" en lo que han hecho los demás."Si tiene alguna sospecha, que lo denuncie".
Las declaraciones en torno al caso Margüello han ido subiendo de tono en la última semana. Inclán compareció ante la comisión de investigación realizando acusaciones contra los distintos órganos de control y contra el departamento. Ayer, la socialista Blanca Roncal y el popular Carmelo Barrio cargaban contra el exconsejero.
Fernández ha recordado que los tribunales trabajan ya sobre presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y ha tachado el caso como un "entramado de irregularidades graves".
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